El Ayuntamiento de Barcelona y Gas Natural (ahora Naturgy) mantienen abierto el litigio por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) por la construcción de la Central Térmica de Ciclo Combinado en el Puerto de Barcelona, por el que el consistorio ha reclamado este domingo que la compañía abone la cantidad de 13.783.250 euros y esta anuncia que lo recurrirá al Tribunal Supremo (TS).

En un comunicado, el consistorio ha informado la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por Gas Natural contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que también desestimó el recurso de la compañía contra la liquidación del Icio para las obras de la Central, que finalizaron a finales de 2011.

Además, en su providencia del 7 de marzo de 2019, el Tribunal Supremo condenó a Gas Natural a hacerse cargo de los costes procesales, así como los correspondientes intereses de demora, según el consistorio que encabeza Ada Colau.

Por su parte, la compañía energética ha explicado que, ante la inadmisión a trámite de su recurso de casación por el TS, "no se pone fin al procedimiento" y que presentará el pertinente recurso ante el Supremo, han informado fuentes de Naturgy.

La compañía ha asegurado que existen argumentos para continuar con los recursos, ha alegado que "se aportó toda la documentación que permitía liquidar el Icio según la base imponible correcta", y ha concretado que esto es el coste de la obra civil y no otros costes subsiguientes del desarrollo industrial, como los gastos generales.

"El potencial impacto económico está provisionado. En caso de tener que hacer frente al mismo, se trata de un pago único que no se extendería a importes futuros", han defendido las mismas fuentes.

Además, han apuntado que no se trata de una multa, sino una potencial regularización de unos impuestos que reclama el Ayuntamiento de Barcelona, pero que consideran "que no procede".

Desde agosto de 2011

Los hechos se remontan a finales del mes de agosto del año 2011, cuando el Ayuntamiento explica que inició actuaciones inspectoras para la regularización tributaria del Icio, y de la documentación aportada resultó un coste inicial de la obra de 444.828.212 euros.

La constructora alegó entonces que el coste de ejecución total había sido muy inferior, y que como el contrato se había firmado bajo la modalidad de "llave en mano" no disponían de facturas, ni de certificaciones de obras para acreditar el coste exacto, ya que esta documentación obraría en poder de los contratistas (algunos de ellos con sede social en el extranjero) y subcontratistas.

Una vez resueltas las alegaciones de la empresa, a finales de noviembre de 2012, y deducidas las partidas que no debían formar parte del coste de ejecución y que habían sido debidamente acreditadas, así como las cantidades ingresadas a cuenta junto con la solicitud de la licencia, se practicó una liquidación por importe de 13.783.250 euros, que finalmente ha sido confirmada, según el ayuntamiento.

El Icio es un impuesto de carácter local que forma parte de los impuestos potestativos previsto en la Ley de Haciendas Locales, y este carácter facultativo en cuanto a su establecimiento, supone que los entes municipales lo regulan mediante Ordenanzas Fiscales.