La multinacional estadounidense Johnson & Johnson (J&J) ha sido condenada en Oklahoma a pagar 572,1 millones de dólares (515 millones de euros) por su papel en la crisis sanitaria por la adicción al consumo de opiáceos, mediante la comercialización engañosa de analgésicos adictivos, aunque el fabricante estadounidense de productos farmacéuticos y de higiene personal ha anunciado que apelará la sentencia.

Por su parte, las farmacéuticas Purdue Pharma y Teva habían llegado anteriormente a sendos acuerdos extrajudiciales por importe de 270 millones de dólares (243 millones de euros) y 85 millones de dólares (76,5 millones de euros), respectivamente, para evitar el juicio.

La sanción impuesta por el juez de Oklahoma es sustancialmente menor de lo que se esperaba (una multa de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares). El fiscal general del Estado había presentado la demanda, solicitando 17.000 millones de dólares para abordar el impacto de la crisis de los fármacos en Oklahoma. El proceso ha sido considerado un barómetro para otros litigios a nivel nacional sobre la epidemia de opioides.

En su sentencia, el juez de distrito del condado de Cleveland, Thad Balkmam, considera que los acusados "tomaron parte en la comercialización engañosa de sus drogas y opiáceos en general", añadiendo que la crisis generada por la adicción a estas sustancias representa "un peligro inminente y una amenaza".

Los opiáceos fueron responsables de casi 400.000 muertes por sobredosis entre 1999 y 2017, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU. Desde el año 2000, unos 6.000 habitantes de Oklahoma han muerto por sobredosis de opioides, según los abogados del estado.

Estados, condados y municipios de todo el país han interpuesto unas 2.500 demandas para enjuiciar a los fabricantes de drogas por el abuso de opioides en todo el país. El caso de Oklahoma fue el primero en ir a juicio. Algunos fabricantes de fármacos han optado por llegar a un acuerdo extrajudicial.

"La decisión en este caso es errónea", ha señalado J&J en un comunicado, ya que el Estado no presentó evidencias de que los productos o acciones de la empresa provocaran las molestias, además de considerar que las reclamaciones del Estado violan los principios fundamentales del proceso al tratar de responsabilizar a una empresa por conductas permitidas por las leyes y regulaciones federales.

"Janssen (J&J) no causó la crisis de los opiáceos en Oklahoma, y ni los hechos ni la ley respaldan este resultado", declaró Michael Ullmann, vicepresidente ejecutivo y asesor general de Johnson & Johnson. "Reconocemos que la crisis de opiáceos es un problema de salud pública tremendamente complejo y tenemos una profunda solidaridad por todos los afectados", añadió.