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Las inmobiliarias del Ibex dicen que se replantean su presencia en España por el fin del régimen fiscal de las socimi

Colonial avisa que revaluará su estrategia de inversiones, la ubicación de sus actividades y su estructura jurídica mientras Merlin Properties estudia distintos escenarios y planes de contingencia "sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance".

Panel informativo de la Bolsa de Madrid que muestra la evolución de los valores del Ibex 35, entre ellos, los de las inmobiliarias Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial. EFE/ Altea Tejido
Panel informativo de la Bolsa de Madrid que muestra la evolución de los valores del Ibex 35, entre ellos, los de las inmobiliarias Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial. Altea Tejido / EFE

Las grandes inmobiliarias que cotizan en el Ibex 35, Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, han asegurado que están comenzando a replantearse sus inversiones y su presencia en España, tras el acuerdo fiscal de PSOE y Sumar, que, entre otros puntos, elimina el régimen de las socimis (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario).

El paquete fiscal pactado por los dos socios de Gobierno plantea que 
este tipo de inmobiliarias pierdan la exención fiscal actual y pasarían a tributar en el Impuesto de Sociedades un 25%.

Las inmobiliarias sostienen que este cambio reduciría su generación de caja y capacidad de pago de dividendos, y, además, perderían atractivo para el inversor extranjero, principal accionista de todas ellas y que tiene la opción de invertir en otros países europeos que sí cuentan con este régimen fiscal.

La patronal del sector Asocimi reclama seguridad jurídica y advierte de que esta medida provocará que las nuevas compañías opten por otros países para establecer su domicilio fiscal, como Portugal o Francia, y que las actuales contemplen el cambio de su sede.

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, por su parte, ha asegurado que el acuerdo de PSOE y Sumar para eliminar el régimen de las socimis "es muy grave" que convertirá a España en "territorio prohibido" para la inversión internacional, y ha añadido que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades.

Pese a que cree que todavía no hay certidumbre respecto al cambio (el Gobierno tendrá que recabar el suficiente consenso político para poder aprobarlo en el Parlamento), Bruguera avisa que la inmobiliaria (que tiene a CriteriaCaixa como principal accionista) se replanteará su estrategia para que estas medidas no tengan un impacto negativo, incluida la reevaluación de la ubicación de sus actividades " y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad".

Fuentes de Merlin, por su parte, señalaron que la empresa está estudiando distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, "sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance". La inmobiliaria (cuyo principal accionista es el Banco Santander) defiende que el régimen de las socimi, la versión española de los fondos de inversión inmobiliarios (REITs) a nivel internacional, "es un gran activo para el crecimiento de la economía española", al tiempo que critica que se esté utilizando reiteradamente como argumento una vinculación entre las socimi y la vivienda, ya sea por las subidas de precios o la restricción actual de oferta en España.

Dudas de los expertos sobre los apoyos parlamentarios

Desde Bankinter, el analista Juan Moreno ve poco probable que la medida alcance los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso y agrega que existe la posibilidad de que esta medida se matice, aplicando el Impuesto de Sociedades sólo a la parte del beneficio no repartido vía dividendos, como se intentó en 2020.

Adrián Hostaled, analista de mercados, añade que estos cambios podrían provocar una reestructuración profunda del sector inmobiliario y que muchas socimis, las más pequeñas, aunque la mayoría cotizadas del BME Growth, podrían verse obligadas a modificar su modelo de negocio o incluso a desaparecer.

Así son las socimi en España

Las socimis, una adaptación de las REIT o Real Estate Investment Trust tal y como son conocidas internacionalmente, tienen su regulación en la Ley 11/2009 y en sus posteriores modificaciones (la Ley 16/2012, también conocida como Ley Socimi, que flexibilizó los requisitos para su constitución y la Ley 11/2021, que empeoró ligeramente su fiscalidad).

Desde entonces se han convertido en uno de los principales vehículos de inversión inmobiliaria en España. Y es que presentan un tratamiento fiscal muy favorable, sobre todo por las exenciones en el Impuesto de Sociedades, razón por la cual los inversores extranjeros y nacionales confían cada vez más en este tipo de vehículos. Además, las plusvalías generadas no tributan.

Obligadas a cotizar en el mercado, algunas lo hacen en el Ibex 35, en el Continuo, en el BME Growth o en el BME Scaleup, al menos el 80% de las rentas deben provenir de la actividad del alquiler o dividendos de otras socimis, mientras que el otro 20% es de libre disposición y por ley tienen que repartir al menos un 80% de esas rentas en forma de dividendos.

Su fuerte crecimiento ha convertido a España en el país con mayor número de socimis. Desde el registro del primer vehículo en 2011, el número ha ascendido a 123, según un estudio reciente de la patronal Asocimi y de Grant Thornton. A cierre de 2023 sumaban una capitalización bursátil conjunta de 22.894 millones y en lo que va de año se han producido 14 salidas a bolsa.

El objeto de sus inversiones deben ser bienes inmuebles de naturaleza urbana (garajes, locales comerciales, edificios, viviendas…) para arrendarlos posteriormente, aunque en la práctica la mayoría de las grandes socimis en España se centra en el sector terciario y no en el residencial.

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