"En España es necesaria una reforma fiscal progresiva que grave las rentas altas y que tenga en cuenta los nuevos modelos de negocio. Los tipos objetivos, las desgravaciones y los impuestos indirectos, que no tienen que ver con la capacidad adquisitiva sino con la necesidad de acceso a bienes de los que no puedes prescindir, hacen recaer el peso en las familias", explica el economista Manuel Garí.

Ese planteamiento choca en parte, y sintoniza por otra, con el anuncio realizado hace unos días por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que advirtió de que el Gobierno está decidido a emprender una reforma fiscal, aunque con escasos detalles, entre los que se incluyen el de no dejar claro si es partidaria de mantener o de eliminar los tipos reducidos del IVA (4% y 10%), y con una fecha de inicio supeditada a una recuperación de la actividad económica que las previsiones no ubicas antes de 2024.

Sería, de materializarse, la primera reforma fiscal de calado desde los años 70 en un país que lleva décadas cargando el peso de la recaudación de impuestos en las familias, que pagan entre tres de cada cuatro y cuatro de cada cinco euros que ingresa Hacienda, con una presión netamente superior a la que soportan las empresas y a la relación entre las rentas de ambas.

Ese desequilibrio sería todavía mayor, de computar los beneficios que los gigantes digitales sacan de España y las multinacionales locales no reportan mediante prácticas de elusión, y que organizaciones como Oxfam cifran en 13.000 millones de euros anuales, con una merma de la recaudación de 3.250, un tercio de ella canalizada a través de Holanda.

Más allá de la polémica mediática generada a partir de la comparecencia, previsible por otra parte en un país en cuyas esferas políticas se habla de los beneficios de subir o de bajar impuestos obviando las consecuencias de ese tipo de medidas, suena más bien a 'subida de impuestos', aunque ese sea un término tan vacío, por genérico, como el de 'bajada' en un ámbito de la complejidad del tributario, en el que las compresas y la mayoría de los panes (integral, tostado, rayado) se gravan con un 10% de su precio, el champú con un 21% y los beneficios empresariales con un 8,3%, y en el que la reglamentación resulta, por farragosa, inaccesible para el ciudadano medio.

¿Quién paga qué impuestos en España?

La polémica sobre los impuestos coincide con la publicación del Informe Anual de Recaudación de 2020 de la Agencia Tributaria, cuyos datos permiten hacerse una idea acerca del peso real de los impuestos en España, algo que incluye datos como que sean los hogares quienes pagan más de tres cuartas partes de los tributos estatales.

Ese resultado se obtiene sumando los 86.495 devengados por el IRPF a los 53.118 del IVA por consumos domésticos y los 2.058 de la compra de viviendas, lo que da un total de 141.671 a los que habría que añadir una parte importante de los 18.684 que supusieron el año pasado los llamados Impuestos Especiales, amplia en los 6.232 del tabaco y los 932 del alcohol y menor en los 10.253 de los hidrocarburos y los 1.232 de la electricidad, el grueso de los cuales asumen los tejidos productivo y comercial.

Serían, en cualquier caso, más de 150.000 millones de euros, lo que equivale a un 80% de los 187.019 devengados en impuestos estatales en todo el país el año pasado.

¿Influyó en ese resultado el hecho de que 2020 fuera el primer año de la crisis pandémica? En escasa medida, en cualquier caso, ya que esa estimación se sitúa un punto y medio por encima de la del año anterior (78,4%) y casi dos por debajo de la de 2018 (81,8%).

Esas diferentes aportaciones del sistema productivo y de los hogares se deben a la aplicación de los llamados tipos efectivos, que miden la parte de cada tipo de gastos o de rentas que se pagan como impuestos, más exigentes con las familias que con las empresas.

Ese indicador alcanza en el IRPF un nivel del 12,9% tras cuatro años de crecimiento mientras se queda en el 8,3% en el Impuesto de Sociedades después de otros cuatro de, en este caso, bajada. ¿Por la crisis? No lo parece, vistos los registros de los años anteriores.

El caso del Impuesto de Sociedades tiene truco, ya que el tipo efectivo se dispara hasta el entorno del 20% si se calcula a partir de la llamada 'base imponible consolidada', que fue de 90.709 millones el año pasado, en la que la recaudación fue de 17.629. Eso supone un 19,43% que, en realidad, se queda en el 8,3% si la cifra de referencia son los 212.438 millones de ganancias antes de aplicarles las deducciones y desgravaciones que contempla la normativa.

Paralelamente, los impuestos indirectos, como el IVA y los Especiales, que gravan el consumo de bienes y servicios sin discriminar en función del nivel de ingresos de quien los adquiere, llevan años por encima del 15% y del 25%.

Más presión tributaria para los hogares

"El IVA tiene un problema de inequidad", señala Garí, que anota que los gobiernos han optado históricamente en las últimas décadas por centrar la presión fiscal en las rentas del trabajo "porque son más fácilmente controlables y fiscalizables", aunque con escasa progresividad: "el problema fundamental es que no se grava donde se debe, ya que el peso de los ingresos salariales pierde peso mientras crece el de los beneficios empresariales y el de las rentas del capital" sin que eso cambie, un desequilibrio del que llevan años advirtiendo organismos como la Agencia Tributaria.

Esas tendencias se han intensificado en la última década, tal y como revela la comparación del Informe Anual de Recaudación de 2010 con el de 2020: en ese periodo, el tipo efectivo del IRPF pasó del 11,5% al 12,7%/12,9%, con un aumento de la presión fiscal de doce puntos mientras las rentas salariales permanecían prácticamente congeladas, mientras en Sociedades el teórico pasaba del 16,7% al 19,5 y el real se mantenía en el 8,3% pese a la recuperación de los beneficios empresariales.

Si ese aumento de la carga tributaria para las familias no era suficiente, el impacto real del IVA se disparaba del 11,8% al 15,2% del gasto (casi un 30% más) y el de los Impuestos Especiales crecía del 25,9% al 27,7%.

En 2019, en las vísperas de esa reforma fiscal nunca afrontada por los Gobiernos que la crisis pandémica ha obligado a aplazar de nuevo, el sistema tributario español compatibilizaba esos desequilibrios con una baja presión general que le situaba en el decimonoveno puesto de la UE, muy por debajo de las principales economías de la zona, como Alemania, Francia e Italia, pero también alejada de otras consideradas de baja presión como Holanda y Luxemburgo o de Portugal y Grecia y en una situación que, según los datos de Eurostat, apenas ha cambiado en la última década.

Cuando el negacionismo tributario convive con el intervencionismo

"Las grandes economías europeas están seis y siete puntos por encima de España en cuanto a la relación entre la tributación y el PIB", explica Garí, que anota cómo esos datos "rompen una de las teorías del liberalismo, que es esa que dice que cuanto menos impuestos más se fortalece la economía".

El economista plantea dos de los problemas con los que se enfrenta el Gobierno a la hora de afrontar esa reforma fiscal.

"Hay un problema de insuficiencia presupuestaria, y debe situar a la gente ante ese problema", señala, al tiempo que reclama un discurso unificado de los gobiernos en asuntos como la tributación de las plataformas digitales.

Se refiere a la combinación de situaciones como la mayor necesidad de recursos para afrontar una crisis que al mismo tiempo reduce los ingresos públicos por su relación directa con la actividad económica, una realidad que convive con otras como una especie de negacionismo tributario impulsado desde los mismos ámbitos que reclaman políticas intervencionistas como el mantenimiento de los ERTE o, antes, el rescate de la banca.

El segundo aspecto tiene más que ver con la planificación. "La primera pregunta que debería hacerse España es qué quiere ser, a qué quiere dedicarse y a qué quiere destinar el gasto; y, a partir de ahí, decidir cómo quiere financiar ese gasto, si con impuestos, y con cuáles, o con deuda", plantea.