Hay mucho en juego en la decisión que los 31 magistrados de la Sala Tercera del Supremo deben tomar este lunes 5 de noviembre sobre la aplicación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a las hipotecas para comprar viviendas: dinero, mucho dinero; las expectativas de resarcimiento de miles de familias, eventuales consecuencias económicas de impacto severo para la banca y las comunidades autónomas, y, también, al menos en parte, la imagen de los tribunales ante la sociedad y la confianza que los ciudadanos tienen en ellos.

Si en algo acertó el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, cuando decidió convocar un pleno para decidir si se mantiene la nueva jurisprudencia sobre el AJD, la que establece la sentencia del 18 de octubre en la que cuatro jueces anularon un artículo del reglamento que lo regula para eximir de su pago a los hipotecados y endosárselo a los bancos, fue en decir que la decisión tiene una "enorme repercusión económica y social". Como la tendrá, sea cual sea, el criterio que los magistrados establezcan este lunes.

¿Qué salidas tiene el Supremo?

Básicamente son cinco: ratificar la nueva línea jurisprudencial, revocarla y volver a la situación anterior argumentando que la ley sigue señalando al hipotecado como pagano, trasladar el asunto al ejecutivo y/o el legislativo reclamando una nueva norma que aclare la incongruencia, establecer unas nuevas reglas de aplicación del impuesto de ahora en adelante y/o determinar hasta qué fecha pueden los ciudadanos reclamar la devolución del tributo, ya sean cuatro años o 23. Cualquiera de esas salidas provocará perjuicios o beneficios a las partes interesadas en el asunto.

¿Cuánto dinero hay en juego?

No hay una estimación de cuánto recaudan las comunidades autónomas por el AJD, ya que sus sistemas informáticos no lo discriminan del ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), que se liquida de manera simultánea, ni tampoco diferencian los tipos de operación que obligan a pagarlo.
Los últimos datos oficiales de Hacienda, recogidos en su Memoria de la Administración Tributaria de 2015, indican que ese año los ingresos ascendieron a 1.785 millones de euros y el anterior a 1.559. Sin embargo, no todo ese dinero está en juego, ya que esas cifras incluyen otros conceptos como ampliaciones de capital, constitución de sociedades o inscripciones de nuevas fincas, entre otros.

La agencia de calificación Moody’s ha estimado en 640 millones anuales el coste anual y en 2.300 la recaudación de los últimos cuatro años (llegó a hablarse de 4.000). La de los 19 anteriores, que incluyen el periodo de la burbuja inmobiliaria, dispararía las cantidades, a las que, además, podrían aplicárseles intereses.

¿Qué se juegan los hipotecados?

La posibilidad de recuperar varios miles de millones de euros, en cuotas de hasta 5.000 euros por familia por lo general, y/o de ahorrárselos en el futuro. Esas son las expectativas que generó la sentencia.

Las comunidades autónomas llevan 23 años cobrándoles entre el 0,5% y el 1,5% del valor de las hipotecas para adquirir viviendas. Sin embargo, el Supremo ha anulado el artículo del reglamento del AJD que los señalaba como “sujeto pasivo" de ese impuesto al estimar que debería asumir su pago el banco por ser  "el único interesado" en escriturar la hipoteca, ya que "solo mediante dicha inscripción" adquiere el derecho a ejecutar en caso de impago la casa que avala el préstamo.

De la decisión del Supremo depende que dejen de pagarlo, que comiencen a cubrirlo a medias con la entidad financiera (si estima que ambos se benefician de la escrituración) o que puedan recuperar lo desembolsado por ese tributo, ya sea en los últimos cuatro años o en los 23 que lleva aplicándose.

La decisión también afecta a quienes suscriban hipotecas en el futuro, tanto por el pago del impuesto como por las medidas que adopte la banca para minimizar los efectos en sus cuentas de un nuevo escenario. Varias entidades ya han confirmado que si suben sus costes los repercutirán en sus clientes, ya sea vía comisiones o vía intereses.

¿Qué se juega la banca?

Un dineral, aunque el efecto en sus cuentas de resultados dependerá de la salida por la que opte el Supremo. Si no hay retroactividad y se ven obligados a pagar a partir de ahora el impuesto, o la mitad, lo más probable, tal y como han ido admitiendo extraoficialmente, es que los bancos opten por cargar esos costes a las hipotecas. Eso supondría un giro radical en su actual política comercial, en la que, en plena guerra hipotecaria, están reduciendo los tipos de interés y las comisiones (casi ninguno aplica ya la de apertura, del 1%) para ganar clientes.

Si la hay y los hipotecados adquieren el derecho a recuperar lo pagado, con independencia del plazo que se establezca, la cosa puede complicarse para las entidades financieras, ya que cabe la posibilidad de que las comunidades autónomas les reclamen las mismas cantidades que ellas vayan devolviendo a los ciudadanos. Eso, siempre que el Supremo mantenga la tesis de que los bancos son "el único interesado" en el acto administrativo que genera el pago del impuesto, lo que generaría una nueva batalla judicial que terminará pasados unos años en el Supremo.

No obstante, el efecto de esa medida en sus cuentas sería relativo y dependería del plazo de retroactividad. Solo los seis principales bancos españoles obtuvieron en los nueve primeros meses de este año unos beneficios netos que multiplican por veinte la estimación anual de Moody’s (13.309 millones por 640) y que sextuplican los 2.300 que les supondría tener que cubrir lo pagado en los últimos cuatro años.

Las entidades financieras ya han sufrido efectos negativos por la sentencia del Supremo que se revisa este lunes, que provocó el mismo día de su publicación un desplome de la cotización bursátil que más de 5.400 millones de euros. De los principales bancos españoles, solo Santander había superado esa situación al cierre del mes de octubre, cuando ganaba un 2,1% con respecto al cierre del 18 de octubre. Sabadell y Caixabank estaban 1,3 puntos por debajo; Bankinter, 1,1; BBVA, 3,5, y Bankia, 6,07.

¿Qué se juegan las comunidades autónomas?

Otro dineral, de la misma cuantía que la banca y los hipotecados, y que en este caso entraña el riesgo de que el impacto de las eventuales devoluciones del impuesto afecten a su estabilidad presupuestaria y a los objetivos de déficit, ya sea por dejar de ingresar 640 millones al año o por tener que devolver 2.300 o más mientras litiga con las entidades financieras, si el Supremo abre esa puerta, para recuperarlos.

En el caso de los gobiernos autonómicos, las tres dudas que esperan que resuelva el Supremo consisten en si deben devolver lo cobrado a los hipotecados y con qué plazo de retroactividad, si después pueden reclamar esas mismas cantidades a la banca y, por último, quién y cómo liquida el impuesto a partir de ahora.

¿Qué se juega el Supremo?

Básicamente, su propia imagen y la confianza en los tribunales de los ciudadanos, que hace menos de dos años vieron cómo el Tribunal Europeo de Justicia corregía la Sala Civil y ordenaba la retroactividad total para las reclamaciones por cláusulas suelo después de que el Supremo las hubiera limitado a partir de mayo de 2013 al considerar que ampliar ese plazo entrañaba un riesgo sistémico para el sistema financiero español.

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se refirió hace unos días al pleno de la Sala Tercera como "un control de daños”, mientras que la asociación Jueces y Juezas para la Democracia consideró "intolerable que una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo velando por los intereses de la ciudadanía se vaya a revisar por los intereses de la banca".