Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno en el proceso de arbitraje obligatorio para poner fin al conflicto laboral en El Prat, se reúne este miércoles con el comité de huelga de Eulen y con representantes de la dirección de la compañía de seguridad, en la primera toma de contacto con las partes implicadas.

Peña, que dispone de 10 días para emitir el laudo de obligado cumplimiento para Eulen y trabajadores, se reunirá por separado para conocer las posiciones de las partes y, en función, de cómo transcurra, podría haber una conjunta, según explicaron fuentes conocedoras del proceso a Europa Press.

El comité de huelga ya anunció que se reunirá con el árbitro designado por el Gobierno para trasladarle sus reclamaciones y poner en su conocimiento la situación laboral de los trabajadores de seguridad en el Prat, aunque rechazan el laudo por considerarlo "ilegal" por lo que tienen previsto recurrirlo a los tribunales.

Según explicó el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, su objetivo es explicar al árbitro la pérdida de poder adquisitivo, de derechos laborales y el empeoramiento de los trabajadores de Eulen en El Prat para que lo tenga en cuenta en el momento de redactar el laudo.

La plantilla, que desconvocó la huelga indefinida tras los atentados de Barcelona, esperará a conocer el laudo pero ya ha indicado que estudia convocar una huelga contra algunas "sanciones y despidos" producidos por la dirección de la compañía.

Por su parte, y a la espera de recibir la notificación, la dirección de Eulen se pone a "entera disposición" del árbitro designado por el Gobierno hasta que termine el procedimiento con el fin de desencallar el conflicto de los vigilantes de los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

La propuesta de la Generalitat, rechazada en dos ocasiones por la plantilla de Eulen, suponía un incremento salarial máximo de 200 euros en 12 pagas (aceptado por la compañía) e incluía un aumento de 25 vigilantes en cada puesto de control, que sumaban 76 personas más, frente a los 100 efectivos exigidos por el comité de huelga y los 21 de la propuesta inicial de Eulen. El salario base de un trabajador de seguridad de aeropuerto asciende a 1.100 euros brutos (907 euros más pluses).

Laudo en 10 días

El Gobierno recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat, como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen, encargados de los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

El laudo obligatorio permite al Gobierno, tal y como recoge el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, aplicar el establecimiento de un arbitraje para acabar con un conflicto laboral cuando concurren las siguientes circunstancias: duración prolongada de la huelga o que se deriven graves consecuencias de la misma; que las partes mantengan posiciones irreconciliables; y perjuicio grave para la economía nacional.

Ante la falta de un acuerdo entre trabajadores y Eulen para consensuar un árbitro, el Gobierno designó, a propuesta del Ministerio de Fomento, al que fuera mediador de la negociación de la estiba para emitir el laudo en el conflicto de El Prat, figura que no recibió ninguna alegación por parte de Eulen o los trabajadores.

No es la primera vez que Peña, actual presidente del Consejo Económico y Social (CES) y especialista en negociación colectiva, actúa como mediador en conflictos laborales pero sí será su primer laudo de obligado cumplimiento para las partes que debe redactar y que tendrá que tener listo para el 31 de agosto.