Público
Público

Hacienda ultima la reforma del impuesto de plusvalía municipal

Se prevé que el lunes se apruebe un real decreto para que solo se pueda gravar la plusvalía cuando realmente se produce una ganancia.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras su intervención en la segunda jornada de debates de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, este jueves en el Congreso.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras su intervención en la segunda jornada de debates de las siete enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el jueves 4 de noviembre en el Congreso. Mariscal / EFE

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ultima la modificación del impuesto sobre la plusvalía municipal, que fue anulado por el Tribunal Constitucional (TC) la semana pasada. La intención del departamento que dirige María Jesús Montero es llevarlo al Consejo de Ministros del próximo lunes y que la modificación se materialice en un real decreto.

El impuesto de plusvalía municipal es un tributo local que grava la revalorización de los inmuebles con base en una metodología que ahora ha sido considerada inconstitucional. El TC anuló varios aspectos ya que siempre había que pagar el tributo con independencia de si se había producido un verdadero incremento del valor

A falta de conocer el texto, fuentes de Haciendo han explicado a Europa Press que se adecuará el impuesto a la sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que se espera que se reforme para que solo se pueda gravar la plusvalía cuando realmente se produce una ganancia.

Los contribuyentes que ya han pagado el impuesto no van a poder reclamar por lo supuestamente pagado de más. El Tribunal Constitucional descartó que su decisión tenga carácter retroactivo y, por tanto, cerró la puerta a las reclamaciones. Sólo permite reclamar su devolución a aquellos contribuyentes que antes del fallo tuvieran ya abierto un recurso.

Los ayuntamientos  demandaron al Gobierno la aprobación "urgente" de la norma legal para la reforma, de manera que se "garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos y los Gobiernos locales y la correspondiente recaudación para las haciendas locales".

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias de Economía