Ricard, que prefiere no dar su nombre real, acudió a trabajar el 1 de diciembre de 2017 como otro día más a su puesto de trabajo de amarrador en el Puerto de Barcelona. Estaba en la base de su empresa Mooring & Port Services S.L., en el muelle de San Bertrán, cuando el coordinador de guardia les llamó a él y a algunos compañeros para realizar un servicio especial. Ricard preguntó qué labor tenían que realizar, su superior le comunicó que tenían que llevar palés a un barco y el amarrador quiso saber el tipo de mercancía a transportar. El coordinador le respondió que era material variado y Ricard decidió no hacerlo por seguridad y considerarlo fuera de sus funciones de amarrador. Habló también con el responsable de operativa, que le ordenó "hacer las actividades en tu jornada laboral que la empresa ejerce" y "desarrollar por escrito" su oposición. El 26 de enero, casi dos meses después, se le abría expediente disciplinario por "falta muy grave" para proceder a su despido disciplinario junto a dos compañeros que también se negaron posteriormente a realizar esa labor. Los tres, además, son afiliados al sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo). El 1 de febrero se materializó el despido. 

Las tareas de abastecimiento de barcos y de traslado de personal que, según el sindicato, realiza Mooring "no corresponde a las funciones de la categoría de amarrador que tienen los trabajadores de la empresa", opina Enrique Costoya, abogado del sindicato anarquista en el conflicto. También señalan desde CNT que la oposición de los tres trabajadores a realizar esa función no supuso ningún impedimento para la empresa ya que otros compañeros les sustituyeron y el servicio se desarrolló con normalidad, algo que reconoce la propia empresa tanto en su expediente sancionador como en la notificación del despido aunque lo califica de "grave perjuicio".

La respuesta del sindicato es clara: huelga de 72 horas en la empresa, desde las 6:00 del 15 de febrero a las 6:00 del 18, con el objetivo de "archivar los expedientes sancionadores" contra los tres trabajadores sancionados, readmitirlos en caso de que se formalice el despido (como finalmente ha ocurrido) y negociar con CNT "la forma de incluir (o no) ciertas actividades que exceden del ámbito funcional de los trabajadores". La compañía no ha reaccionado a la llamada a la huelga y el comité de empresa "no se ha dignado a hablar conmigo", declara Ricard. Autoridad Portuaria afirma que no tiene registrada solicitud oficial del preaviso a fecha del 2 de febrero pese a que Público ha obtenido una copia del registro de entrada en Autoridad Portuaria de Barcelona del preaviso con fecha del 31 de enero a las 10:59. Desde la entidad pública aclaran que cuando les llegue el preaviso "analizarán si se tiene que establecer servicios mínimos". Daniel Valero Bonet, director financiero y apoderado solitario de Mooring, niega que haya conflicto "ninguno" y que se trata "simplemente del despido disciplinario de tres trabajadores". 

El objetivo social de Mooring & Port Services S.L. en su constitución el 23 de marzo de 2012 es la "prestación de servicios a empresas que operan en el ámbito portuario y en concreto, la prestación de servicios de amarre y desamarre, en el Puerto de Barcelona", según consta en el Registro Mercantil de Barcelona. Aunque esta actividad inicial se ha ampliado a "toda aquella actividad que requiera de profesionales en el ámbito marítimo" como "trabajos a bordo en buques sin tripulación y traslados de tripulaciones", como indica la empresa en su web, el objetivo social sigue siendo el amarre y desamarre. El plan de prevención de riesgos laborales, con fecha de 23 de marzo de 2016, también limita la actividad productiva al "amarre y desamarre de buques". "No serían legales estos trabajos si no entran en las funciones de su puesto y también estarían infringiendo el plan de riesgos si en la definición de riegos del puesto no se contempla la eventualidad de esas tareas", aclara el abogado laboralista Íñigo Molina consultado por Público sobre este conflicto laboral. 

El plan de prevención de riesgos laborales tampoco incluye en las tareas que realizan los trabajadores el traslado de palés o personal, sino que reduce sus funciones a aquellas relacionadas directamente con el amarre y desamarre. Costoya señala que "la empresa les obliga a realizar otras funciones, como si hubiera una subcontratación para la empresa Rudder Logistics S.L., que pertenece al mismo dueño, cuando realmente nos encontramos ante una mera puesta a disposición para ahorrarse la contratación de personal, que podría entenderse como una cesión ilegal de trabajadores". Desde Autoridad Portuaria desconocen si Mooring tiene licencia para realizar acarreos de material y transporte de tripulación. Daniel Valero no ha querido confirmar ni desmentir nada sobre "lo que hace la empresa". 

Ignacio Berruezo Calm es consejero delegado y presidente de Mooring & Port Services y de Rudder Logistics, además de tener cargos en otras 15 empresas, según el Registro Mercantil, la mayoría relacionadas con puertos españoles. Rudder Logistics, constituida el 15 de junio de 2010, tiene como objeto social "la prestación de servicios a empresas que operan en el ámbito portuario y en concreto, la prestación de servicios a todo tipo de buques y embarcaciones, tanto logísticos como servicios de reparación, etc". Según su página web, realiza servicios de "asistencia a tripulaciones, servicios médicos, alquiler de material especial, logística, servicios de lancha o seguridad, entre otros". 

"Antes de que empezara Mooring, las actividades de llevar mercancías a los buques las hacía Rudder. Ahora también la hacemos en Mooring y de esta forma se ahorran dos sueldos (capitán y marinero). Empezamos a trasladar palés con comida, luego personas y finalmente algunos palés con productos químicos. Al considerar que era peligroso, un día presuntamente me negué a mover uno de esos palés y me sancionaron con despido", explica con más detalle Ricard, que afirma que la Casa del Mar de Barcelona le indicó que esas labores no entraban en su categoría. "Fue la primera vez que me negué a nada. No tengo ningún parte ni falta leve previa. He continuado trabajando dos días después del aviso de la apertura del expediente sancionado. Me dijeron que tenía que presentarme a trabajar y así lo hice", aclara. 

Barco de Mooring con un palé de productos químicos.

La compañía admite en la notificación del despido que realizan desde hace varios años el "servicio de provisión a buques" donde, de acuerdo con los trabajadores de CNT, se transporta mercancías peligrosas pese a no estar "formados para ello ni en nuestro plan de prevención hay nada al respecto". 

Público ha podido verificar que el plan de prevención de riesgos laborales de Mooring no menciona el transporte de mercancías ni de tripulaciones y ha accedido a imágenes que muestran barcos de la empresa de amarres implicados en la carga de palés de productos químicos como lubricantes para motores marinos y productos de limpieza a buques, así como trabajadores de la empresa hermana Rudder Logistics moviendo un palé junto al mar sin los preceptivos guantes, casco y chaleco salvavidas.

Trabajador moviendo un palé sin las pertinentes medidas de seguridad.

El abogado cenetista cree que "la empresa tampoco cumple con los estándares internacionales de transporte de mercancías peligrosas, tanto por seguridad de los trabajadores como medioambiental. Se han roto palés mientras se cargaba, se ha caído todo el agua y no estamos formados para actuar en ese supuesto. Una vez cayeron bidones de aceite y se tuvo que parar el puerto", explica el abogado cenetista. 

Cómo convertir una sanción grave en muy grave

Mooring ha abierto expedientes sancionadores por una supuesta "falta laboral muy grave" por desobedecer "las órdenes directas de sus superiores jerárquicos" amparándose en el Estatuto de Trabajadores, que las sanciona con despido. Esta decisión de despedir y considerar falta laboral muy grave la desobediencia sería "ilegal”, ya que "en el régimen disciplinario interno de Mooring y en el convenio colectivo de amarradores, la desobediencia es una falta grave, no muy grave, por lo que legalmente no podrían despedirlos, solo suspender de dos a treinta días sin empleo ni sueldo", en opinión de Enrique Costoya.

La empresa, en su régimen disciplinario, da un plazo máximo de 20 días para abrir expediente sancionador en las faltas graves, por lo que la supuesta indisciplina de Ricard habría prescrito y no podría ser sancionado, a diferencia de sus otros dos compañeros. El Convenio Colectivo Nacional de Amarradores también califica de falta grave, no muy grave, "la mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia de servicio" y fija la sanción en "suspensión de empleo de dos a treinta días". "Claramente se busca el despido forzando la calificación de la falta porque prevalece el convenio. No puedes elegir la calificación más grave arbitrariamente en perjuicio del trabajador", apunta el abogado laboralista Íñigo Molina. 

"Están persiguiendo a los afiliados de la CNT porque otros trabajadores se han negado con anterioridad hacer ese tipo de servicio y nunca había habido ningún tipo de sanción ni de amonestación verbal y justamente ahora que tenemos un conflicto colectivo y a un mes del juicio, de repente, hay tres despidos. No hay ningún tipo de progresividad en las sanciones", explica Enrique Costoya a Público. 

El conflicto al que se refiere proviene de una sentencia de mayo de 2015 que reconocía 96 horas extras no pagadas durante un año a un patrón de barco despedido por Mooring. Según CNT, la jueza reconoce que hay exceso de jornada, ya que el tope anual de horas extraordinarias que fija el Estatuto de Trabajadores son 80 horas. 

El 15 de marzo Mooring y el sindicato irán al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un acuerdo que la compañía y el comité de empresa, formado íntegramente por la Organización de Trabajadores de Empresas Portuarias (OTEP), firmaron tras el dictamen judicial "en el que se dice que ese exceso de horas no era tal sino que eran jornadas de presencia". "Ahora hacen casi 2000 horas sin contraprestaciones y con el peligro inherente para la seguridad de los trabajadores que supone el exceso de trabajo", denuncia el abogado de CNT. OTEP también está demandado por la central anarcosindicalista y el juicio de marzo dirimirá si el acuerdo es legal o no. José Antonio Monedero, miembro del comité de empresa y vicepresidente de OTEP, ha afirmado que tenía que hablar con el presidente del sindicato antes de valorar el conflicto a este diario. 

Candado por miedo a sabotajes

El 28 de enero, un día después de que la Sección Sindical de Amarradores del Puerto de Barcelona diese a escoger a Mooring en Twitter entre rectificar el despido y “guerra” y tras la aparición de una pintada contra los despidos firmada por CNT, la empresa “encerró los vehículos dentro de la nave" por la “psicosis que tiene con el sindicato”, señala Costoya. 

Mooring decidió, siempre según el sindicato, poner un pasador y un candado en el interior del edificio, de forma que "solo pudiera abrir y cerrar el coordinador de guardia. Los trabajadores estaban encerrados y la nave no tiene más salidas ni entradas. Se estaba incumpliendo el plan de evacuación", denuncia Costoya. Los empleados llamaron a la Autoridad Portuaria, que mandó efectivos de Guardia Civil y de Policía Portuaria que levantaron un acta en el que constaba que la nave estaba cerrada con los trabajadores dentro y que se estaba incumpliendo el plan de evacuación de la empresa, siempre según la versión de CNT. Tras la visita de las autoridades, Mooring retiró el candado, defiende el sindicato. El director financiero de Mooring niega que se colocase un candado pero Público ha tenido acceso a un vídeo que muestra la puerta de la nave cerrada con un candado interior. 

Contactada por este periódico, la Guardia Civil confirma que acudió a Mooring tras ser avisada por la Autoridad Portuaria. Según el relato de la Benemérita, un trabajador explicó a los guardias civiles que los responsables tenían cerrada las puertas de salida de los vehículos y del personal. Los agentes departieron con el responsable de la empresa y, aunque reconoció que tenían cerrada la salida de vehículos para evitar incidentes, negó que el personal estuviese encerrado porque la puerta de acceso peatonal estaba abierta. Los guardias civiles informaron a los trabajadores que ponían poner una queja interna o acudir a Inspección de Trabajo y advirtieron a la empresa que, de ser cierto lo denunciado, podrían estar ante una situación de riesgo para los trabajadores, pero no se levantó ningún acta ya que los guardias civiles no pudieron acreditar cuál de las dos partes estaba en lo cierto. Autoridad Portuaria de Barcelona afirma no tener constancia del incidente pese a que la Guardia Civil ha declarado a Público que actuaron por aviso de la entidad que gestiona el puerto barcelonés. 

CNT denuncia también coacciones a la libertad sindical: "Seis o siete trabajadores han dejado de militar en nuestro sindicato porque la empresa les presionó para que se desafiliasen". Mooring ya fue condenada en julio de 2016 por vulneración de la libertad sindical de un trabajador de la CNT que fue despedido y tuvo que ser readmitido tras ser declarado su despido nulo. 

El sindicato cuenta otro caso de presunto abuso laboral: "En enero entró un chico nuevo a trabajar y a los dos días, en período de formación, se rompió varios dedos de la mano en un accidente. A los dos días la empresa lo despidió. El dedo meñique es posible que no pueda volver a moverlo". El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó que el despido de un trabajador de baja por accidente laboral es nulo al ser "discriminatorio por incapacidad". 

Desde CNT quieren "relacionar este conflicto con los accidentes laborales. Parte de la culpa de la estadística de los más de 600 víctimas mortales anuales en accidentes laborales es de las empresas que ponen a los trabajadores entre la espada y la pared. Cuando un trabajador se niega a hacer un servicio que no está contemplado en su plan de riesgos laborales y que no entra en sus funciones, la empresa opta por despedirle". Público ha querido contrastar el resto de las acusaciones del sindicato pero la compañía ha preferido no hacer más declaraciones. 

El 7 de febrero hay convocada una asamblea de trabajadores de la empresa que decidirá si secunda la huelga. Un sindicalista del sector del amarre del Puerto de Barcelona que prefiere no dar su nombre les muestra su apoyo "ya que la vulneración de derechos laborales en esa empresa es constante desde su inicio". Desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar "no pueden estar nunca a favor del despido de trabajadores. Es una medida muy dura que se tiene que usar solo cuando esté muy justificada" pero admiten que no conocen los detalles para juzgar este caso.