Trinitario Casanova, director del grupo Baraka había anunciado recientemente que no negociaría la cesión de los terrenos de la Operación Chamartín y amenzó con emprender acciones legales. El pasado viernes cumplió con su promesa y ha registrado una demanda contra el BBVA y Distrito Castellana Norte (DCN)  por un presunto incumplimiento de contrato por derechos de reversión en dicha operación, les reclama 713 millones de euros. 

Según ha detallado el grupo empresarial, la demanda solicita la apertura de juicio ordinario contra ambas entidades y que se estime íntegramente para que se condene a BBVA y a DCN, al sostener que "están obligadas contractualmente a satisfacer los derechos de reversión derivados del procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral". 

El grupo recordó que, mediante Baraka Capital Group, adquirió la práctica totalidad de los derechos de reversión correspondientes a los terrenos donde se planea Madrid Nuevo Norte. 

Por tanto, tal y como ha adelantado El Confidencial, reclama por vía judicial que se abone al grupo, como titular de dichos derechos, a una cantidad de 713.786.683,94 euros, importe estimado de la "pérdida sufrida" por la privación de sus derechos de reversión derivados del referido procedimiento expropiatorio, dada la "imposibilidad de restitución in natura de las fincas". 

"O subsidiariamente, si se entendiera posible la restitución in natura de las fincas en su día expropiadas, se condene a las citadas mercantiles a renunciar a la titularidad de las mismas que le han sido atribuidas por Renfe (hoy Adif) en virtud del contrato de adjudicación de 29 de julio de 1994, devolviendo las mismas a la Administración en su día expropiante para poder hacer efectivo el derecho de reversión que sobre dichas fincas ostenta mi representada", expone la demanda. Desde DCN han indicado en relación a esta demanda que siempre ha manifestado que el asunto de los derechos de reversión está "judicialmente cerrado". 

Terrenos expropiados hace décadas

Fuentes cercanas a la entidad exponen que existen diversas sentencias del Tribunal Supremo, que marcan jurisprudencia desde 2012, relativas a aplicar la nueva ley de 1997 que estipula los derechos de reversión durante un periodo de diez años. En este sentido, apuntan a que el criterio judicial será este (el aplicar vigencia de derechos de reversión por diez años) sobre unos terrenos que fueron expropiados hace décadas. 

Casanova manifestó recientemente durante la celebración de inmonext 2019, su intención de acudir a la Justicia si los terrenos que fueron expropiados se desafectan, para reclamar los derechos de los conocidos como reversionistas. 

La firma detalló que remitió burofaxes a DCN, BBVA y a la propia Merlin para trasladarle que se abstuvieran de negociar la cesión de los terrenos del ámbito urbanístico, al entender que los titulares de las parcelas, que fueron en su día expropiadas, agrupados en la Asociación No Abuso, son los "legítimos" propietarios. 

BBVA informó recientemente de que en este momento no continúan las "conversaciones preliminares" con Merlin Properties para entrar en la promotora DCN, donde tiene gran parte de la participación, y aseguraba que su interés es avanzar en el proceso de aprobación del proyecto y garantizar su éxito. 

La entidad señalaba que, entre los "diversos acercamientos" que se han producido por parte de terceros interesados en Distrito Castellana Norte (conocido como Operación Chamartín), Merlin Properties Socimi "ha mostrado su interés en el proyecto, lo que ha derivado en unas conversaciones preliminares que, en este momento, no continúan", según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).