Después de meses de parón, Grecia y sus acreedores relanzaron este martes las negociaciones para la segunda revisión del programa de rescate, con la vista puesta en alcanzar un acuerdo a nivel técnico antes del próximo Eurogrupo del 20 de marzo.

Los jefes de misión de la denominada ahora cuádriga (lo que antes era la troika, esto es Comisión Europea, BCE, y FMI, junto al Fondo de Estabilidad Europeo, o MEDE) buscarán en estas próximas semanas solucionar todo lo que no se logró en los pasados meses, en los que Atenas se resistió a ceder ante una serie de exigencias de los acreedores.

Los flecos pendientes de esta segunda revisión afectan algunos asuntos relacionados con el proceso de privatizaciones de las energéticas, pero también a la controvertida reforma de los derechos laborales (despidos colectivos, derecho a huelga y negociación colectiva) así como de la senda fiscal en los próximos dos años.

Varios peatones por una calle del barrio ateniense de Monastiraki. REUTERS/Michalis Karagiannis

La primera jornada ha comenzado con una reunión centrada en analizar el proceso de puesta en marcha del "superfondo" de privatizaciones, cuyos estatutos todavía no están listos y que debería de empezar a funcionar a finales de marzo.

También están previstas otras reuniones relacionadas con el tema de las privatizaciones, en concreto de las todavía semiestatales compañías eléctrica, de petróleo y de gas.

En materia laboral, la mas espinosa desde la perspectiva griega, Atenas se enfrenta a la exigencia de sus socios (sobre todo del FMI) de elevar del 5% al 10% mensual el porcentaje de despidos que puede hacer una empresa con más de 250 trabajadores (las pequeñas tienen ya libertad absoluta de despidos).

En un principio, el FMI exigía además que Grecia abandonara su pretensión de restablecer la negociación colectiva, eliminada por el Gobierno predecesor a instancias de los acreedores. Sin embargo, el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), contempla, según Atenas, la posibilidad de volver a reintroducir la negociación colectiva, antes de que expire el tercer rescate, en agosto de 2018.

La negociación retomada este lunes tan solo fue posible después de que Grecia abandonara en el Eurogrupo del pasado día 20 su resistencia a legislar medidas adicionales para los años posteriores al rescate. La reclamación la había hecho el FMI, que, de lo contrario, no ve factible que Grecia pueda alcanzar el objetivo para un superávit primario del 3,5% del PIB en un plazo medio a partir de 2018.

Definir lo que es un medio plazo será precisamente otro de los puntos mas peliagudos de la negociación, pues el programa de rescate firmado en 2015 no lo especificó. En el memorando Grecia se comprometió a mantener un superávit primario del 3,5% en el medio plazo, un periodo que para Alemania significan 10 años y para el Gobierno de Atenas muchos menos.

La fachada de la Academia de Atenas. REUTERS/Yiorgos Karahalis

Las medidas adicionales que deberá legislar Grecia a cambio de obtener un nuevo desembolso de 6.100 millones de euros, dinero que en verano irá directamente al pago de deuda, supondrán un nuevo mazazo a los bolsillos del contribuyente y de los pensionistas. Se trata de reducir el mínimo exento de impuestos y de reducir nuevamente las pensiones, el decimotercer recorte en pocos años.

Aunque Grecia se comprometió en el Eurogrupo a adoptar estas medidas, no se ha cuantificado lo que deben aportar a las arcas del Estado. En un principio, el FMI exigía que fueran 3.600 millones de euros, lo que equivale al 2% del PIB, pero Atenas asegura que ya no hay ninguna cifra sobre la mesa de negociación.

A cambio, Grecia ha conseguido que sus socios se den por satisfechos con que las reformas sean de tipo estructural y no tengan consecuencias fiscales, lo que permitirá legislar también medidas de alivio de la carga fiscal. El primer ministro, Alexis Tsipras, ha prometido que por cada euro de medidas de carga adicional, habrá uno de alivio.

Del resultado de las negociaciones y de la legislación de los nuevos requisitos dependerá de si el FMI decide o no participar en el tercer rescate y en qué formato, algo que no ha decidido todavía.