Topar los precios de los alimentos básicos ante la inflación. Es la propuesta que este lunes puso sobre la mesa Yolanda Díaz y que parece haber abierto un nuevo debate en el seno del Gobierno de coalición. Hasta ahora el Gobierno había puesto sus esfuerzos en tratar de contener la escalada de precios del sector energético y de los carburantes, mientras la cesta de la compra subía exponencialmente, en parte por la crisis económica derivada de la guerra en el norte de Europa, pero también por circunstancias propias de un mercado liberal donde las grandes cadenas fijan precios altos para mantener intactos sus márgenes de beneficios.

Los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revelan que en el último año (informe publicado a finales de abril) los grandes supermercados subieron sus precios un 9%. Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) explican a Público que esta subida se debe a una situación extraordinaria: "El alza del precio de las materias primas importadas (fundamentalmente de los cereales, que se aceleró con la guerra de Ucrania), de los precios de los carburantes y, sobre todo, de los precios de la energía". Sin embargo, las organizaciones de consumidores hablan de situaciones de especulación que urgen a impulsar un mecanismo que tope, al menos, los alimentos de primera necesidad como la leche, los huevos o el pan.

"Estamos viviendo una situación extraordinaria en la que se ven subidas de precios fruto de especulación por los intereses de los grupos de supermercados para mantener o incrementar sus márgenes de beneficios. Si sube un 1% o un 2% se puede entender, pero cuando ves que la subida supera el 8%, lo que realmente ocurre es que se están aprovechando de una coyuntura de crisis para subir más los precios", opina Rubén Sánchez, portavoz de Facua. 

Ese interés por mantener los márgenes de beneficio altos se constata en la diferencia de precios que los supermercados pagan a los productores –los agricultores y ganaderos– y los precios finales de los alimentos que se colocan en los expositores.

Según el último índice de precios en origen y destino de los alimentos de COAG, algunos alimentos básicos, como la leche, han incrementado un 108% su precio entre la granja y las grandes superficies. Es decir, las cadenas venden los productos a los consumidores a un precio que ha sido multiplicado más de un cien por cien su valor al inicio de la cadena de valor. Alimentos como las lechugas incrementan un 511%, pasando de los 18 céntimos el kilo en precio de origen a 1,10 euros por kilo en el precio final que se aplica a los consumidores. 

El verano, además, ha evidenciado cómo las cadenas aplicaban altos precios a unas frutas de temporada que se pagaban a los campesinos muy por debajo. De hecho, las frutas alcanzaron su precio más alto en los últimos 28 años, con una subida del coste final de la sandia del 18% y del 3,2% en el caso del melón.

Los agricultores ven por ello con buenos ojos los planteamientos de Yolanda Díaz, pero reclaman que cualquier medida de este tipo establezca mecanismos que impidan que las grandes superficies recorten aún más los precios de origen que pagan a los agricultores para mantener sus beneficios ante un tope de precios.  "Si simplemente se recorta el precio por arriba, eso lo que va a generar es una pérdida de valor al productor, porque la formación del precio de los alimentos se forma al revés, desde arriba, desde el consumidor hacia abajo. Todos cogen su margen de beneficio y el productor se queda el residuo. Nos parece bien que se controle la cadena y que se pongan herramientas para que no haya precios abusivos, pero siempre y cuando se salvaguarden los márgenes de beneficio de los productores", explica Andrés Góngora, portavoz de la Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Sobre la legalidad de un tope a los alimentos básicos

La propuesta de Díaz ha sido cuestionada por algunas voces relevantes del PSOE. Patxi López, esta misma mañana, ha puesto en duda la "legalidad" de un tope de precio y el responsable de Agricultura, Luis Planas, directamente ha cargado contra la idea. "Ni es relevante ni ayudaría", ha dicho. La vicepresidente segunda, por su parte, ha asegurado este martes que esta medida simplemente se "está estudiando" junto a otras y ha garantizado a los medios que "es totalmente legal". 

El portavoz de Facua, respalda la idea, y pone el ejemplo de otras medidas que limitaron los precios en el pasado "ante abusos y especulaciones", como el caso de las mascarillas, los test de antígenos o el gel hidroalcohólico durante la pandemia. "Tenemos también limitaciones en comisiones de hipotecas, en tipos de interés de préstamos, además de intervenciones de precios contra la usura o el reciente tope del gas", advierte Sánchez. 

Impuesto extraordinario frente a bajada del IVA

El límite a los precios de alimentos básicos propuesto por la responsable de Trabajo viene acompañado, además, de un impuesto extraordinario para las grandes superficies, uno de los pocos sectores que multiplicó los beneficios durante los peores momentos de la covid-19. De hecho, el tope sería un mecanismo para evitar que las grandes cadenas apliquen subidas de precios para diluir los efectos de las nuevas políticas fiscales.

ASEDAS no entra a valorar la propuesta pero sí señala que, desde su perspectiva, las medidas necesarias para rebajar la cesta pasan por la rebaja del IVA en alimentos. "Lo que sí tenemos claro es que en España el consumidor se beneficia de una enorme capacidad de elegir, lo que se traduce en una gran competencia. En momentos como estos, los márgenes de las empresas de distribución se ajustan más que nunca porque, si no, los clientes, simplemente, cambian de acera y buscan otro establecimiento más barato. Esperamos que el Gobierno sea sensible a las propuestas que llevamos muchos meses haciendo y que, entre todos, seamos capaces de llevar a cabo medidas que palien el impacto que está teniendo en los consumidores", dicen a Público desde la organización empresarial.

Sin embargo, la bajada del IVA –que ya ha demostrado ser poco eficaz en el intento del Gobierno de rebajar el precio de la luz– tiene poco margen de beneficio pues los alimentos de primera necesidad como el pan, harinas, leche, queso, frutas, verduras, legumbres, cereales y hortalizas, ya disponen de un tipo reducido al 4%.

Los supermercados que más subieron sus precios

Los datos del último informe de la OCU muestran diferencias en la forma en la que los supermercados han elevado sus precios. En el último año, Carrefour ha sido la compañía que más ha elevado sus precios, un 12,1%; seguido de Mercadona, con 11,4%; Eroski, con un 9,5% ; Alcampo, con un 9,2%; y Día, que subió un 8,5%.

Según la organización, las subidas de precios afectan al menos al 84% de los productos de los supermercados, siendo muy visibles en los alimentos. Los aceites, subieron en el último año un 34%; los pescados un 16%; los alimentos envasados un 11% y los lácteos un 11%. Todo ello ha propiciado cambios en la forma de alimentarse del 64% de los ciudadanos, según una encuesta de la OCU, en la que además, el 16% de los entrevistados admitían haber incrementado la compra de alimentos no perecederos, como latas de conserva.