La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha trasladado a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno les transferirá en torno a 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017, tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo a favor de Galicia y Castilla y León.

El pasado mes de mayo, el Supremo dio parcialmente la razón a ambos ejecutivos regionales y, en sendas sentencias, obligó al Gobierno central a devolver una parte de la liquidación del IVA de 2017.

Ahora, la ministra ha anunciado que el Gobierno aprobará una partida presupuestaria con estos 3.000 millones de euros en el año 2022 para solventar este perjuicio económico, del que ha culpado al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En la rueda de prensa posterior a esta reunión del CPFF, Montero ha recordado que ya denunció esta medida cuando era consejera de Hacienda de Andalucía y que, posteriormente, una vez en el Gobierno intentó corregir a través de una partida presupuestaria en las cuentas de 2019 que no fueron aprobadas.

Ahora, Hacienda ha vuelto a ligar esta transferencia de 3.000 millones de euros a una partida presupuestaria para las cuentas del año que viene. En cualquier caso, Montero ha dicho que no contempla que no haya Presupuestos Generales del Estado (PGE) el próximo año y que, "por lo tanto", no está en ningún supuesto de "fórmulas alternativas" para dotar de este dinero a las CCAA.

Trasferencia "histórica"

La ministra también ha trasladado a las comunidades autónomas de que el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica alcanzará los 112.213 millones de euros, la mayor cifra de la serie histórica y un aumento del 6,3 % respecto a la cifra del presente ejercicio.

Por otra parte, la ministra ha informado también en el CPFF del reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se distribuirá por el criterio de población ajustada, la opción que eligieron la mayoría de comunidades autónomas, y no por PIB, como piden algunas regiones, entre ellas Madrid.

Una "victoria", según Madrid

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha celebrado como una "victoria" de las autonomías el anuncio de la devolución de la liquidación del IVA del año 2017, que en el caso de Madrid son 359 millones de euros, pese a que tiene su origen en un cambio normativo durante el mandato de Mariano Rajoy hace cuatro años.

Pero también ha criticado que en un principio se dijese que el fondo previsto en los Presupuestos para hacer frente a los gastos del coronavirus (de 13.500 millones) se iba a repartir en función del PIB y ahora se haya cambiado "el criterio". "Nos quita 700 millones que nos hubieran correspondido", ha remarcado.

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, ha valorado positivamente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aunque el Gobierno haya decidido mantener el objetivo de déficit para 2022 en el 0,6%.

Otras comunidades tampoco se han mostrado de acuerdo con el reparto de la financiación del fondo para la Covid. Para la consejera de Economía y Hacienda de Cantabria, María Sánchez, el criterio elegido (la población ajustada equivalente) supone un "claro agravio". "Los criterios indicados no responden ni a nuestra orografía, ni a nuestra dispersión geográfica, por lo que tampoco responden a nuestras necesidades de financiación", ha subrayado la consejera.