MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy planea salvar a la banca del callejón de las cláusulas suelo tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que el dinero cobrado de manera indebida debe devolverse desde que se firmó el contrato hipotecario.

El borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de Economía prevé un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.

El Gobierno tiene previsto aprobar este borrador en forma de decreto ley el próximo Consejo de Ministros, que se celebraría el 13 de enero. El primer borrador fue tumbado por el PSOE, ya que preveía un código de buenas prácticas para la banca que se sumaría de manera voluntaria.

Los propios bancos lo rechazaron porque, de aceptar, suponía que casi todas sus hipotecas con cláusulas suelo eran nulas: este borrador asume la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las entidades financieras debieron ofrecer al consumidor antes de firmar el contrato información suficiente, incluso con simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento previsible del tipo de interés. Nada de esto habían hecho.

El segundo borrador da un paso adelante, pero no suficiente según los juristas consultados: el "avance" es que prevé un protocolo de actuación obligatorio para las entidades, a no ser que en el plazo de un mes rechacen formar parte de dicho Protocolo, según ha sabido Público de fuente jurídicas. Este proyecto es negociado por el Gobierno con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

El PP negocia el protocolo para la banca con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. En la imagen, los portavoces del PP en el Congreso, Rafael Hernando; del PSOE, Antonio Hernando, y el presidente de C's, Albert Rivera. EFE

Fuentes jurídicas consultadas por 'Público' sostienen que habría que devolver el dinero a los afectados en condiciones de igualdad, pero los bancos se resisten a este desembolso

El decreto ley en ciernes recoge que tanto el banco como el consumidor no pagarían costas si se someten al protocolo y acaban en el juzgado por discrepar de la devolución, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. En la práctica, sin embargo, este artículo se traduce en que será el banco el que no pague el coste del abogado de la parte contraria, porque los consumidores no suelen ser condenados en costas en este tipo de pleitos.

El borrador del decreto ley no hace referencia al pago de los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta. Por ello, deja la puerta abierta a que el banco no pague este dinero. El decreto, que se aprobará este viernes 13, introduce un mecanismo para dirimir las discrepancias entre el banco y el consumidor antes de saltar a la vía judicial: crea una comisión de cinco miembros para resolver la disputa.
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"El borrador del decreto del Gobierno evita la referencia a los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta, dejando así la puerta abierta a que el banco no pague"

Esta comisión "dirimente" estará formada por representantes del Banco de España, Ministerio de Justicia, asociaciones de consumidores, notarios y registradores mercantiles. Su decisión será recurrible a una subcomisión integrada por tres de estos representantes. La vía judicial no se cierra al someterse a este protocolo, ya que lo prohíbe la ley.

Esta crisis afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y Sanidad, que tiene las competencias de consumo. Pero sólo Economía y Hacienda dirigen la batuta de estas negociaciones e inclinan su balanza en las consecuencias macroeconómicas y en el impacto de estas devoluciones para las entidades financieras, en lugar de en la defensa de los consumidores.

Poca motivación para pequeñas hipotecas

En cambio, Rafael Catalá, que debiera vigilar por la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, lleva un papel secundario. Y la responsable de los consumidores, la ministra Dolors Montserrat, está desaparecida, mientras asociaciones de consumidores como Facua denuncian el secretismo con el que se llevan las negociaciones.

La crisis de las cláusulas suelo afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y Sanidad, este último que tiene las competencias de consumo

Los bancos se resisten a devolver el dinero de las cláusulas suelo cobradas de manera indebida y que el Banco de España cifra en 4.200 millones de euros. Las entidades saben que tienen perdidos los casos que se presenten contra ellas, pero temen las consecuencias de estas pérdidas en sus balances. Su objetivo es dilatar los casos en el tiempo porque aspiran a superar las cuentas de 2017.

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que la solución tendría que pasar por la devolución del dinero a los afectados en condiciones de igualdad. Pero los bancos también se resisten a este desembolso universal, conscientes de que habrá muchos consumidores que no demandarán por cuantías pequeñas. Las devoluciones se realizarían en metálico o amortizando la cuantía en la hipoteca.