MADRID—. Desoyendo el clamor a su alrededor, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, confirmó a los líderes sindicales algo que ya se sabía: las pensiones subirán el 1 de enero de 2017 un 0,25%, el mínimo legal previsto.  Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, hicieron público el anuncio tras confirmárselo la ministra de Empleo en la reunión que ha celebrado esta mañana con los agentes sociales.

Los dirigentes sindicales han expresado su rechazo a esta medida y han vuelto a reiterar que las pensiones deben subir al menos la previsión de inflación para 2017, en torno a un 1,2%.

"No estamos de acuerdo con el 0,25%, porque las pensiones no pueden empezar a perder poder adquisitivo ahora que la inflación empieza a ser positiva", ha subrayado Toxo tras la reunión con Báñez. Por su parte, Álvarez ha apuntado que "tiene que quedar claro" que los sindicatos "ni se conforman ni se van a conformar con que este año los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición". 

"No vamos a dejar de trabajar para que ese 0,25% tenga correspondencia no con la reforma del PP, sino con la inflación real que se produzca en 2017", ha recalcado el secretario general de UGT.

La reforma aprobada en 2013 estableció dos fórmulas para subir las pensiones: la primera fue fijar una revalorización mínima del 0,25% cuando la situación económica fuera mala; y otra, elevar las pensiones un máximo del IPC más 0,5% cuando hubiera bonanza.

Desde el 1 de enero de 2014 las pensiones han aumentado sólo un 0,25% cada año. Hasta ahora los pensionista no han perdido poder adquisitivo gracias a que la inflación fue negativa en 2014 (-1%) y a que se quedó en el 0% en 2015 (0%). Este año 2016, las previsiones apuntan a que el IPC puede terminar en el 0,2% ó 0,3%, con lo que los pensionistas tampoco perderían poder adquisitivo, pero sí lo harán en 2017 con una inflación prevista del 1,2%.

Los pensionistas están que trinan y para este mismo martes, 20 de diciembre, han convocado una movilización en Madrid en defensa del sistema público de pensiones y de la actualización de las pensiones.

Pero ni tan siquiera este escenario ablanda al Gobierno. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha asegurado este mismo martes en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso que el incremento de las pensiones y del poder adquisitivo no debe vincularse con los precios ni con el IPC nacional, sino con la productividad del país y ha afirmado que el sistema se garantiza con la creación de empleo.

Nadal ha abogado por seguir introduciendo el factor de sostenibilidad en las pensiones vinculado al factor demográfico y avanzar en la "desindexación" (desvinculación del índice) de las pensiones y de la actividad económica del IPC.

"El crecimiento de las pensiones y del incremento del poder adquisitivo debe estar relacionado con la productividad del país", ha dicho, tras aseverar que los pensionistas han ganado 1.000 millones de euros en poder adquisitivo en los últimos tres años gracias al criterio de no aplicar el IPC.

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos ha señalado que el sistema de la Seguridad Social "como todos los sistemas, es susceptible de mejora", pero ha añadido que la base para conseguir mejorarlo es tener un sistema económico sólido. "O la economía crece y es sólida o no se pueden pagar ni pensiones ni carreteras", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que el Fondo de Reserva depende del ciclo económico y "sólo indica" su posición cíclica (más ingresos cuando la economía crece y hay más empleo, y menos en situaciones de crisis) y no tiene que ver con el sostenimiento de las pensiones a largo plazo.

Ha advertido de que aunque el Fondo de Reserva desaparezca, el sistema seguiría garantizado porque habría transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado al sistema de la Seguridad Social.

Tras el encuentro con los agentes sociales, la ministra de Empleo ha explicado a la prensa que se ha establecido una agenda de trabajo para principios de enero donde se tratarán los temas que quedaron abiertos en la reunión que se celebró el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así, ha señalado que a principio de año se creará una mesa de trabajo con interlocutores sociales para hablar del empleo, de la calidad del empleo y para tratar de que "nadie se quede atrás en la recuperación económica".