La activación de las políticas de memoria histórica que recoge la nueva Ley de Memoria Democrática que el Congreso aprobará a comienzos de 2022 trae consigo una inversión de 11,8 millones de euros, según ha quedado recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. 

En concreto, son 11.826.300 euros los que figuran en el documento entregado este miércoles a las Cortes para desarrollar aquellas novedades que comportará la entrada en vigor de esta norma, cuyo debate de totalidad celebra este jueves el pleno de la Cámara Baja. 

Estos 11,8 millones elevan en 500.000 euros los 1,3 millones presupuestados para el vigente ejercicio, con una previsión de actuaciones que también estaba sujeta a la reforma normativa que estaba prevista para este año 2021 pero cuyo retraso no permitirá aplicar muchos de sus planes hasta el próximo. 

Por ello, en la descripción del programa dedicado a Memoria Democrática, a cargo del Ministerio de la Presidencia, se repiten muchos de los enunciados que ya figuraban en los presupuestos de 2021. 

Los planes de la Ley de Memoria Democrática para 2022

Para el próximo año tienen previsto iniciar la "monumentalización de determinados lugares de memoria, continuar el proceso de resignificación democrático en el Valle de los Caídos", así como crear un nuevo banco nacional de ADN de familiares. 

Para la gestión del banco de ADN será preciso adquirir un software ya previsto en el presupuesto del Ministerio de Presidencia, y también se consignan varias actuaciones específicas concretas. 

Una de ellas es una exposición sobre "La Desbandá", el éxodo a pie desde Málaga hasta Almería de civiles y tropas republicanas ante la llegada del Ejército franquista a la provincia y que costó la vida a muchas personas. 

Por otro lado, el Gobierno tiene previsto proseguir este año con las tareas de exhumación "que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos" depositado en el Valle de los Caídos, así como "iniciar el proceso de resignificación democrático" que prevé la ley de memoria.

Dentro de ese presupuesto de 11,8 millones, el Ejecutivo tiene previsto elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, de carácter público, tal y como pidió la ONU, con la colaboración de las Comunidades Autónomas, administración local, universidades, asociaciones de Memoria Histórica, fundaciones y particulares.

También elaborarán un censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada, y otro para recabar información sobre la retirada de simbología franquista, mediante la creación de una herramienta informática, que permita localizar e identificar los vestigios, para proceder a las retiradas oportunas. 

Sobre el Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, el Ejecutivo ampliará en 2022 la búsqueda e identificación de estos desaparecidos, pues considera que "constituye una obligación y responsabilidad del Estado". Y defienden que esta cuestión "deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá impulsar y acometer el Gobierno tanto de manera directa, como en colaboración con las CCAA y las Ciudades de Ceuta y Melilla".

La previsión es que se localicen en el año 2022 hasta 1.000 cuerpos, y que se exhumen 800. En el año 2021 se presupuestó la localización de 300 cuerpos, y finalmente se podrán encontrar hasta 700, con un total de 450 exhumaciones realizadas, frente a las 150 que se habían previsto.