El Gobierno ha aprobado este martes la nueva ley integral de la economía social, que incluye el fomento del contrato de transición al empleo ordinario para que las personas vulnerables o en exclusión social puedan incorporarse al mercado laboral desde empresas de inserción o centros especiales de empleo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que la norma favorecerá el despegue de un sector económico "solidario, feminista, resiliente y que genera arraigo en el territorio", tras los "once años de travesía del desierto" durante el anterior gobierno del PP.

Díaz ha asegurado que con este anteproyecto de ley (que aúna diferentes normas) se quiere dinamizar, visibilizar y consolidar un modelo productivo que engloba alrededor de dos millones de puestos de trabajo y supone el 10% del PIB nacional, porcentaje que ha comprado con el peso del 12% que tiene el turismo en la economía española.

Ampliación de los colectivos vulnerables

La vicepresidenta ha explicado que el anteproyecto de ley incorpora una nueva definición de los factores que determinan las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, ampliando los colectivos y personas expuestas a estas circunstancias que requieren de itinerarios individuales y atención personalizada.

En este ámbito se pondrá el foco en facilitar su transición desde el empleo protegido al empleo ordinario.

Novedades en la ley de cooperativas

La norma elimina los obstáculos para agilizar la actividad y la funcionalidad de las cooperativas, fomentando este tipo de empresas, "que están demostrando ser un nicho de innovación en el sistema empresarial español".

Se extiende al ámbito de las cooperativas la obligación de contar con planes de igualdad de la misma manera que en la empresa privada tradicional. Según Trabajo, las mujeres suponen más del 60% de la fuerza laboral de la economía social en España.

Además, se propicia la descalificación de empresas cooperativas que no cumplan con la ley, para impedir el abuso de la figura del cooperativismo.

La nueva normativa incorpora nuevas fórmulas asociativas que ya están reconocidas a nivel europeo, como las empresas sociales, que comparten los principios de la economía social y reinvierten en la empresa el 95% de sus beneficios.

Se sumarán a un catálogo conformado en la actualidad por cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales, entre otros.

Estrategia española de economía social

El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo la estrategia española de economía social 2023-2027 para promover la visibilidad y la internacionalización de un modelo productivo que aporta a la sociedad "redistribución de riqueza, valores y sostenibilidad económica, social y medioambiental".

Entre sus actuaciones incluye promover la creación de plataformas colaborativas mediante asistencias técnicas y apoyo financiero, apoyar el emprendimiento colectivo en zonas rurales y respaldar la integración de las mujeres en riesgo de vulnerabilidad.