Después de la sanidad, las ITV. La reversión de la privatización de este servicio obligatorio, ejecutada en la época de Zaplana, figuraba dentro del acuerdo de gobierno del Botànic II, pero no fue hasta el pasado diciembre cuando se anunció que el proceso de reversión se pondría en marcha este 2021 para tenerlo terminado por el 2023, cuando caduca la actual concesión. El primer paso, según informaciones de la consellería de Economía Sostenible, es la construcción de una estación piloto en Torrent (València) para después desplegar una red de diez estaciones en todo el territorio valenciano que garanticen que el 90% de la población tenga una estación de servicio a menos de 30 minutos en coche.

El proyecto incluye la creación de una empresa mercantil de titularidad pública, financiada con 735.000 euros que aportará el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), y que subrogará los actuales trabajadores de las estaciones privadas. En este sentido, el conseller Rafa Climent explicó, en el comunicado de prensa donde se avanzaba la medida, que la Generalitat "abre un periodo de tiempo y de análisis del informe para valorar y estudiar las soluciones posibles para desarrollar la subrogación del personal".

El paso definitivo se decidió después de tener los resultados de un estudio encargado a la consultora Nuve Consulting –"una empresa independiente y que nunca ha trabajado por ninguno de las empresas concesionarias", según han recalcado desde la consellería- donde se destaca que un sistema de gestión pública directa sería más rentable y eficiente. Así, según este informe, el actual modelo de concesión garantizaría en la Generalitat unos ingresos de 7,6 millones de euros anuales. Una nueva licitación podría subir hasta los 19,2 millones, mientras que la gestión directa deberá permitir alcanzar los 39,3 millones de euros netos.

Aplausos sindicales y oposición patronal

CCOO del País Valencià se ha mostrado favorable a esta recuperación del servicio, mientras que la Unión de Consumidores ha "valorado positivamente" la decisión. En cambio, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) se ha opuesto frontalmente a la reversión, asegurando que se pone en riesgo "un sistema eficiente y eficaz". En una rueda de prensa, el presidente de Aecova, Manuel Trigo, respondió a las palabras de Climent, lamentando "que no se los tenga en cuenta en el proceso" y que se haya censurado que las empresas ganan dinero "de forma ideológica y demagógica".

Aunque desde Aecova-ITV no han avanzado si piensan tomar medidas concretas para evitar la reversión de las concesiones, pero hasta el momento se han opuesto a todas las medidas previas en esta dirección. El 2018 recurrieron ante el TSJCV la reducción de tarifas impuesta por la consellería, consiguiendo que el tribunal paralizara la medida, actualmente pendiente de resolución definitiva ante el Tribunal Supremo. Hace justo un año, auguraron "un colapso" si la Generalitat forzaba el control sobre las plantillas –paso previo para la subrogación-, aunque este nunca se ha producido, más allá de las consecuencias de la pandemia y el estado de alarma.

Fuentes de la consellería de Economía Sostenible consultadas por Público aseguran que "reconocen el derecho a la protesta" de las empresas concesionarias pero que están "muy tranquilos" ante posibles decisiones judiciales: "es una concesión que se acaba y que se puede volver a licitar o no, no hay ninguna duda sobre esto". La situación vivida por la consellería de Educació, a quien los tribunales han obligado a prorrogar de forma automática y eterna el concierto a dos escuelas, a pesar que este ya había caducado, "no es equiparable", aseguran desde Economía.

Privatización a los tribunales

El servicio de inspecciones a los vehículos en el País Valencià tuvo una gestión pública hasta el 1997, cuando lo entonces presidente del PP, Eduardo Zaplana, decidió su privatización, a pesar de que era rentable. La detención de Zaplana el 2018, en la Operación Erial, permitió saber como la adjudicación de los contratos estuvo llena de irregularidades y había acabado en manos de empresarios que después habían financiado el PP, según informó el semanario El Temps. La investigación judicial reveló que el expresidente recibió hasta 12,5 millones en comisiones, tanto por las concesiones de ITV como por los Planes Eólicos.

La consecuencia directa de aquella privatización, no solo fueron la pérdida de ingresos por la Generalitat, sino que el País Valencià cuenta con las segundas tarifas de ITV más caras de España, solo por debajo del País Vasco.