@vicente_clavero

MADRID.- El Gobierno se ha negado en redondo a que la próxima subida de las pensiones exceda el mínimo legal; es decir, el 0,25%. Incluso ha vetado una proposición no de ley aprobada por la mayoría del Congreso para preservar su poder adquisitivo en 2017. La excusa es que eso conllevaría un coste inasumible por el Estado.

Sin embargo, el presupuesto ordinario de Defensa se verá incrementado el año próximo en más 1.800 millones de euros, que darían de sobra para igualar el aumento de las pensiones al IPC previsto.

Ese dinero, en cambio, se dedicará a sufragar la parte correspondiente de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), puestos en marcha durante el primer mandato de José María Aznar y cuyo montante total ronda los 30.000 millones de euros hasta 2030. En la anterior legislatura, los pagos se atendieron a través de créditos extraordinarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy lograba sacar adelante gracias a su mayoría absoluta, evitando así que fueran objeto de debate político y mediático con motivo de la tramitación anual de los presupuestos en el parlamento.

Los PEAS, que promovió al anterior titular de Defensa, Pedro Morenés, cuando era secretario de Estado del departamento, prevén la adquisición de aviones de combate y de transporte, helicópteros, carros blindados, fragatas y submarinos, entre otro material de guerra. Ni siquiera en los años más duros de recortes se suspendió su aplicación, que reporta pingües beneficios a la industria armamentística, con la que Morenés mantiene una estrecha relación, pues trabajó para ella antes de hacerse cargo del ministerio a finales de 2011.

A su sucesora, María Dolores de Cospedal, no se le conocen esos vínculos, pero sí parece decida también a que se cumplan los compromisos adquiridos en los PEAS, e incluso a que la consignación se haga desde un principio en los presupuestos, cosa que obligaría a reducir otras partidas si se quiere mantener el objetivo de déficit. Precisamente por ello, tiene mucho que decir al respecto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hasta ahora se ha mantenido inflexible contra cualquier iniciativa que pudiera generar un nuevo gasto, sobre todo si procedía de la oposición.

Una de las últimas que echó para atrás fue la proposición no de ley para preservar el poder adquisitivo de las pensiones suscrita a finales de noviembre por el PSOE, Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto. Pedía una subida del 1,2% en 2017, que obligaría a la Seguridad Social a desembolsar 1.300 millones de euros más que en 2016. El Gobierno utilizó su derecho a rechazarla, so pretexto de que suponía un aumento neto del gasto. A las pretensiones de Cospedal de incrementar el presupuesto inicial de Defensa en una cantidad muy superior, no hay indicios de que vaya a poner reparos.