Una regularización fiscal como la que ha realizado el rey Juan Carlos I para evitar un delito fiscal permite que un contribuyente que no presentó su declaración de impuestos en plazo o que no incluyó toda la información se ponga al día con Hacienda sin que se le pueda sancionar ni juzgar por delito fiscal, pero, ¿cómo funciona?

La Ley General Tributaria y el Código Penal detallan el funcionamiento de estas regularizaciones fiscales, explica el inspector de Hacienda José María Peláez, quien, además, aporta varias claves.

¿En qué consiste una regularización fiscal?

Una regularización fiscal consiste en la presentación de una declaración de cualquier impuesto extemporánea (fuera de plazo) sin haber recibido previamente un requerimiento ni de la administración tributaria ni de la justicia.

Para que la situación se considere regularizada es necesario reconocer el error cometido y abonar la deuda tributaria. En este caso el contribuyente no puede ser sancionado ni juzgado por delito fiscal.

¿Qué es un requerimiento previo?

Un requerimiento previo es una comunicación formal por escrito, que tiene que ser recibida por el contribuyente, en la que la administración o la justicia le reclaman información sobre su situación tributaria.

¿Se puede regularizar la situación tributaria después de recibir el requerimiento?

No, este procedimiento solo es válido antes de la notificación. Una vez recibida la notificación se interrumpe el plazo de prescripción y el contribuyente tendrá que afrontar la sanción administrativa y las consecuencias legales.

Sin embargo, la ley permite que si en los dos meses siguientes a la citación judicial se reconoce el delito y se abona la deuda se rebaje la condena en uno o dos grados.

¿Cuánto hay que pagar en una regularización fiscal?

En una regularización hay que abonar tanto las cantidades que no se pagaron en plazo como un recargo, que aumenta a medida que lo hace el retraso con respecto al fin del plazo: 5 % en los tres meses siguientes, 10 % en los seis meses siguientes y 15 % en los doce meses siguientes. Si la declaración se presenta más de un año después del fin de plazo, el recargo es del 20 % e incluye intereses de demora.

¿Puede investigarse a un contribuyente después de la regularización?

La administración tributaria o la justicia pueden investigar al contribuyente si tienen indicios de que no ha declarado todo. Sin embargo, no se le puede perseguir por posibles irregularidades relacionadas con la deuda tributaria reconocida y satisfecha.