El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) continúa personado en 21 causas penales de entidades financieras que recibieron ayudas públicas durante el proceso de reestructuración o resolución, la mayoría en fase de juicio oral y cuatro de ellas todavía en instrucción dada la complejidad de los casos, según consta su última Memoria de Actividades.

De este modo, el organismo presidido por Jaime Ponce ha continuado con su labor de personación y seguimiento de litigios, así como de persecución y penalización de las conductas irregulares detectadas en operaciones relacionadas tanto con el tráfico inmobiliario como con las prácticas retributivas internas, detectadas en el seno de las distintas entidades de crédito.

Aunque a comienzos de este ejercicio el Frob seguía personado en 24 causas penales contra numerosos exdirectivos de distintas entidades, a lo largo de este 2020 han finalizado tres procedimientos.

Así, el organismo mantiene su personación como perjudicado en 21 de ellos, tratando de defender los intereses generales recuperando los importes posibles a través de aquellas cantidades que deban ser abonadas por los condenados en concepto de responsabilidad civil.

Hasta nueve causas se iniciaron por denuncia de los administradores provisionales que designó el Frob en una entidad intervenida; once fueron a raíz de los diversos informes forensic que el organismo encargó a varias consultoras independientes expertas en la materia para que analizase algunas operaciones sospechosas.

En los casos en los que se detectaron conductas irregulares, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que lo investigara e iniciara las diligencias oportunas, si bien no ha informado del número concreto de informes remitidos.

Mientras, otros cuatro procesos fueron iniciados por denuncias de terceros en los que desde el juzgado correspondiente se hizo el oportuno ofrecimiento de acciones al Frob para que se personara.

En el plano contencioso administrativo, el Frob ha informado que ya se ha resuelto el último procedimiento que seguía pendiente de los recursos originados por acciones dirigidas contra actuaciones llevadas a cabo por el propio organismo en procesos de reestructuración y resolución que fueron desarrollados aún bajo el marco y las competencias de una ley ya derogada de 2012.

Este último caso, relacionado con el traspaso de activos de una entidad al Frob, también ha finalizado con inadmisión del recurso de casación planteado de contrario, por lo que todos los pronunciamientos judiciales obtenidos al respecto han ratificado la legalidad de la actuación llevada a cabo al amparo del marco sobre acciones de gestión de híbridos, operaciones de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente o los traspasos de activos a Sareb.

A su vez, ha hecho referencia a los casos civiles mercantiles como los relativos al alcance de las garantías otorgadas a las entidades adquirentes en procesos de resolución, que si bien se han resuelto inicialmente en favor del Frob, se encuentran pendientes de recursos que se espera que se resuelvan a lo largo del próximo año.

Mientras, en cuanto a procesos sociales ha indicado que algunos estaban temporalmente suspendidos por prejudicialidad penal pero se han reactivado tras la exoneración de responsabilidades penales o a fin de dilucidar las cuestiones no afectadas por la sentencia penal.

El caso del Banco Popular

En el caso del procedimiento de resolución, el Frob destaca los recursos contencioso administrativos interpuestos frente a la actividad administrativa desarrollada en el marco de su nuevo régimen de actuación como autoridad nacional de resolución.

En este sentido, sigue pendiente la tramitación de los numerosos procedimientos mediante los que se recurre la resolución de la comisión rectora del organismo en la que en junio de 2017 adoptó las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre Banco Popular.

Actualmente continúan bloqueados los 262 recursos admitidos por la Audiencia Nacional, en espera de que recaiga resolución definitiva en los de anulación formulados contra la decisión de la JUR y que penden en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

También sigue suspendido el procedimiento relativo al recurso interpuesto por el Frob frente a una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la que el Consejo estimaba parcialmente el acceso a determinada información.

Este recurso fue suspendido por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente para su tramitación hasta que recaiga resolución definitiva del TGUE sobre los asuntos tramitados ante el mismo en los que se dilucidará si la decisión de la JUR sobre Banco Popular se ajustaba al derecho o no.

En cuanto a reclamaciones por responsabilidad patrimonial, el Frob destaca el elevado número de solicitudes recibidas fundamentalmente por la actuación llevada a cabo por el organismo en relación con la resolución de Banco Popular, que ascienden a 1.070.

A través de estas reclamaciones y de otras similares presentadas ante el Ministerio de Economía y Empresa, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los titulares de acciones de Banco Popular que perdieron su inversión tratan de obtener una indemnización por entender que la Administración ha incurrido en responsabilidad patrimonial. A fecha de redacción de esta memoria se siguen instruyendo estos expedientes habiendo sido resueltas un total de 299 solicitudes.

El Frob recuerda que, aunque no sea parte demandada formalmente, sigue colaborando en defensa del Reino de España y junto con el resto de administraciones afectadas en el arbitraje internacional interpuesto por un grupo de inversores mexicanos por la resolución, al tiempo se han resuelto seis solicitudes de acceso a información relativa a la implementación del dispositivo de resolución del Popular.