Lo que costaba seis euros hace dos años cuesta ahora siete tras haberse acumulado en ese periodo una inflación interanual del 16,6% provocada, básicamente, por una cascada de decisiones empresariales dirigidas a mantener y ampliar los márgenes para evitar la merma de los beneficios ante el aumento de los costes de producción.

Ese proceso inflacionista está teniendo como principales beneficiarios a una serie de fondos de inversión y de inversores internacionales, algunos de ellos representantes de otros Estados, que, tras disparar los precios las grandes compañías de las que son accionistas, están obteniendo unos beneficios multimillonarios de esa extracción de rentas de los hogares por el sencillo procedimiento del reparto de dividendos, que este año va a situarse en el entorno de los 3.000 millones de euros.

La inflación lleva unos meses remitiendo, como ha vuelto a ocurrir en agosto, aunque, por mucho que la apariencia pueda ser otra, no se trata de una bajada de los precios sino de una cadena de aumentos de menor entidad que las de hace unos meses y que llega tras haberse consolidado un encarecimiento del coste de la vida de magnitud desconocida en los últimos treinta años.

Ese proceso de encarecimiento, que ha coincidido en su mayor parte con una etapa de congelación salarial que ha minado el poder adquisitivo de unos hogares que se han visto obligados a tirar de ahorros y a endeudarse con créditos de consumo, tiene como principales damnificados a agentes económicos como las familias y las pymes y como mayores beneficiarios a algunas empresas, en mayor medida cuanto mayor es su tamaño, tal y como venía detectando la Agencia Tributaria en sus informes de recaudación.

Un reciente estudio del Banco de España ha identificado los sectores que más han tirado al alza de la inflación al subir el precio de venta de sus productos y servicios en una proporción netamente superior al aumento de sus costes; es decir, a los focos que mayor intensidad han aplicado a esa vía de extracción de rentas al socaire de la guerra de Ucrania, el atasco de la cadena de suministros y otros eventos de carácter especulativo.

Serían, por este orden, las compañías de electricidad y de gas, que el año pasado aplicaron a sus clientes encarecimientos de casi el 45% cuando el de sus factores productivos no llegó al 30%; las del refino, con un 34% para un 25%; la hostelería y la restauración, con casi un 10% para un 6%, el transporte, que subió sus tarifas casi un 5% cuando sus costes experimentaron una bajada del 3%, y, en menor medida, la construcción (7% por 6%) y el comercio mayorista (13% por 10%).

A ellos, y amén de los efectos que el encarecimiento de la vivienda y el crédito están teniendo en las economías familiares sin computar oficialmente en el IPC, hay que añadirles el sector de la alimentación, en el que media docena de empresas de super e híper controlan las tres cuartas partes del mercado y cuyos precios de venta al público han subido un 27,8% desde principios de 2021, casi el doble de lo que en ese periodo lo ha hecho el IPC (15,3%), según los datos del INE.

Las principales compañías de este último sector, como ocurre en los identificados por el Banco de España como inflacionistas, también tienen fuertes participaciones de inversores extranjeros, cuando no son directamente filiales locales de grupos internacionales, con lo que se replica ese mismo proceso de extracción de renta para mantener márgenes, reparto de beneficios vía dividendo y posterior transferencia de esos recursos a donde los inversores consideran oportuno.

Esos sectores van a repartir entre sus inversores extranjeros en torno a 3.000 millones de euros como dividendos a cuenta de los beneficios de 2022, con el grueso concentrado en el sector energético, que repartirá entre ellos 2.585 millones con la empresa pública italiana Enel (1.174) y el fondo estadounidense BlackRock (357) como principales beneficiarios.

A esa cifra se le sumará la parte que finalmente vaya a ser repartida como dividendo de los casi 1.200 millones de euros de ganancias acumuladas en los ramos de la alimentación (604), el transporte (187) y los hoteles (390), todos ellos con una potente presencia de accionistas financieros, aunque en menor medida en el último por los achaques económicos que viene sufriendo desde la pandemia.

“Los precios de venta crecieron más que sus costes unitarios”

"Ya se sabía que la subida de la inflación no estaba siendo provocada por la guerra de Ucrania, porque empezó el año anterior, sino por la subida de los márgenes empresariales para, en un momento de estancamiento del consumo, sostener las tesis de ganancia y mantener las lógicas de crecimiento de las grandes empresas", explica Pedro Ramiro, coordinador de OMAL (Observatorio de las Multinacionales de América Latina).

No se trata de algo nuevo ni exclusivo de España, anota Ramiro, aunque sí es "donde más se ha visto reflejado" este mecanismo que se ha activado en "buena parte de los sectores principales del capitalismo". "No es que la necesidad de las empresas de aumentar las ganancias para beneficiar a los accionistas surgiera en España con la entrada de los fondos de inversión en las grandes compañías, acelerada a partir de 2008, sino que el papel de los fondos ha sido más bien el de exacerbar esa tendencia", añade el coordinador de OMAL.

“La rueda ya estaba accionada, pero con la entrada de los fondos, que a su vez están encadenados a otros agentes financieros que imponen la necesidad de garantizar rentabilidades elevadas a corto plazo, y con la obturación de otras vías como las de las ayudas públicas, esa rueda gira a más velocidad”, concluye Ramiro.

Por su parte, el estudio del Banco de España destaca cómo "los precios de venta crecieron más que sus costes unitarios" en los sectores de la energía eléctrica, el gas y el refino de productos petrolíferos tanto para el periodo 2019-2022 como para el 2021-2022, algo que también ocurrió, "aunque de forma más moderada", con las ramas la transporte y almacenamiento y de la hostelería en la segunda de esas etapas.
Estos son los principales accionistas de las mayores compañías españolas de cada uno de esos ramos y el dinero que se van a embolsar vía dividendos:

Energía: 2.585 millones en dividendos para inversores

El sector de la electricidad y el gas es el que, con permiso de una banca cuyos precios no entran en los cálculos del IPC, mayores rendimientos está generando para los inversores, tanto como para haber alcanzado los 2.585 millones de euros en dividendos a cuenta de los beneficios del año pasado, en los que sus ganancias alcanzaron un ritmo de 54 millones netos al día.

Las situaciones extremas se dan entre Endesa, donde la empresa pública italiana Enel se llevará 1.174 millones como titular del 70% de las acciones cuando el dividendo asciende a 1678 (tras un beneficio de 2.541), y Cepsa, cuya propiedad se reparten el fondo soberano de Abu Dabi Mudabala y el Carlyle Group británico en un 63% y un 37%, y que no va a repartir dinero tras cerrar 2022 con pérdidas contables.

Naturgy es la segunda empresa que más dinero da a ganar a inversores extranjeros, con 757,3 millones de euros (58,26% de un dividendo de 1.300 tras una ganancia neta de 4.339) que se repartirán los fondos CVC (20,41%), GIM (20%) e IFM (14%) y la empresa estatal argelina Sonatrach (3,85%).

Las anteriores energéticas son, de las siete principales, las únicas en las que no está presente el fondo estadunidense Blackrock, que posee un 5,395% de las acciones de Iberdrola, un 5,475% de las de Repsol, un 5,9995% de las de Red Eléctrica y un 5,565% de las de Enagás que le reportarán un total de 357 millones de euros.

Completan la lista de beneficiarios una serie de inversores soberanos (representantes de Estados) como el Banco de Noruega o Norges Bank, con 218 millones de Iberdrola y Repsol; Qatar Investment Authority, con 274 en Iberdrola, y Mubadala, con 14 en Enagás, y financieros como los estadounidenses Millenium y Bank of America, con, respectivamente, 25 en Repsol y 16 en Enagás.

Sin olvidar, claro, que el propio Estado español comparte accionariado con algunos de esos inversores de carácter global décadas después de haber privatizado las antiguas empresas públicas, una situación que este año va a reportarle 105 millones de red Eléctrica, de la que conserva un 20%, y 22,5 de Enagás, de la que mantiene un 5%.

Alimentación: fondos y filiales controlan el grueso del sector

Cuatro de las principales cadenas de distribución de alimentos que operan en España, Lidl, Alcampo, Aldi y Carrefour, son filiales de grupos de otros países comunitarios y una más, DIA, está controlada en un 77% por el fondo luxemburgués Letterone Investment que controla el magnate ruso Mijail Fridman, mientras solo dos cadenas, Mercadona y Eroski, tienen mayoría española en su capital.

No obstante, estas dos últimas ocupan algo más de un 30% del mercado frente al 26% de las otras cinco, según las estimaciones de varias consultoras, mientras el resto se encuentra en manos de cadenas locales.

Mercadona, líder del ramo con una cuota de mercado del 26% y propiedad de la familia Roig, repartirá este año 161 millones como dividendo tras cerrar 2022 con unos beneficios de 718, mientras Eroski, que opera como cooperativa, generó unas ganancias de 64 millones que deberá reinvertir.

El resto, con la obvia excepción de DIA, cuyas cuentas arrojaron el año pasado unas pérdidas de 124 millones en pleno proceso de reestructuración, no ha hecho públicas sus decisiones sobre el reparto de beneficios, que alcanzaros los 289 millones en el caso de Carrefour, los 192 en el de Lidl y los 113 en el de Alcampo.

Aldi, en plena expansión, ganó otros 10, lo que da un total de 604 millones cuyo destino será decidido por sus matrices en Francia y Alemania.

Las multinacionales entran en el negocio del transporte

Tampoco en el caso de transporte se conoce el destino de los beneficios que las principales actores del ramo acumularon el año pasado, y que se situaron en 130 millones de euros para la compañía de autobuses Alsa, propiedad al 100% de la británica National Express, y de 57 para Primafrío, uno de los lideres en mercancías y donde los hermanos Conesa mantienen el 51% de las acciones tras haber dado entrada al fondo estadounidense Apollo con el 49% restante en 2022.

Ontime, el gigante español del sector controlado por el fondo local Alantra y en el que conviven Acotral, ENvialia y Capitrans, entre otras compañías, mantuvo su facturación en el entorno de los mil millones de euros, mientras que la de Avanza, en manos del mejicano Grupo Ado (Mobility Ado, actualmente), se sitúo en el de los 500 a base de contratas municipales y líneas locales.

Los gigantes de la hostelería se siguen recuperando de la pandemia

El sector hotelero español, cuyos principales grupos siguen en manos locales, tiene, como cada uno de los anteriores, sus propios perfiles, entre los que destacan una notable subida de los precios que coincide con una recuperación de la demanda, especialmente de la extranjera, con la que comienza a enjugar las pérdidas que registró durante la pandemia.

Todo apunta a que ninguna de las cuatro principales cadenas repartirá este año dividendos, en el caso de Meliá y de Barceló, tras sendos beneficios de 120 y de 170 millones de euros en 2022.

NH, la única de las cuatro controlada por una matriz extranjera, en este caso la tailandesa Minor Internacional, que posee el 95,9% de las acciones, acumuló otros cien millones de ganancias con los que prevé amortizar parte de sus créditos del ICO, mientras Riu centra su gestión en limpiar la deuda de 1.400 millones que arrastra, casi la mitad de ella (575) generada durante la pandemia.