El Ministerio de Fomento ha realizado un primer cálculo de la factura que el Estado tiene que pagar por las nueve autopistas rescatadas que supera los 2.000 millones de euros, según informaron fuentes del sector. Este importe es mayor al de 1.800 millones estimado tanto por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy como por el actual, que ya se ha incluido en el déficit público.

El Departamento que dirige José Luis Ábalos tiene de plazo para determinar la cuantía definitiva hasta mediados de enero, cuando, tal como establece la ley, se cumplen seis meses de la resolución de los contratos con las exconcesionarias de las autopistas.

El importe que Fomento debe calcular y pagar es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que por ley tiene que abonar a esas concesionarias por la inversión que realizaron en la construcción de las vías y que no les dio tiempo a amortizar durante el tiempo en que las explotaron.

El anterior Ejecutivo estimó inicialmente en 2.000 millones de euros este importe, que posteriormente rebajó a 1.800 millones, un cálculo que el actual Gobierno ha asumido, según, en todos los casos, han ido indicando en los planes de estabilidad que se envían a Bruselas.

No obstante, el sector concesional y los fondos que se han quedado con la deuda de las autopistas estiman que esa factura es de hasta 5.000 millones.

En la actualidad, y ante la proximidad del plazo legal para determinarla, el Ministerio ha planteado un primer cálculo a los administradores concursales de las nueve autopistas, una cifra que se sitúa entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Rechazo de los administradores concursales

Estos administradores han manifestado ya su desacuerdo con la cantidad y trabajan en su respuesta a Fomento. En ella rebaten no sólo el importe, sino la forma en que se calcula, esto es, los conceptos que consideran deben incluirse en su determinación, según detallaron fuentes involucradas en dicho proceso.

Así, los administradores tratan de determinar el importe que supuso la construcción de las autopistas, el de las infraestructuras adicionales que tuvieron que ejecutar y las expropiaciones de los terrenos. Además, comparan estas cifras con las estimaciones iniciales realizadas en los pliegos de los contratos.

El sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos donde se construyeron las vías y el desplome del tráfico durante la crisis son las dos principales causas de su quiebra en cadena a partir de 2012.

Primera audiencia de Fomento

Por su parte, fuentes de Fomento indicaron que "para una mayor garantía de derechos y transparencia" se concedió una "primera audiencia sobre el expediente con los interesados" para que "pudieran acceder tempranamente a toda la información y aportaran toda la documentación que consideraran oportuna".

En la actualidad, el Ministerio trabaja en "tramitar un expediente de interpretación" sobre todo el proceso de definición y cálculo de la RPA, dada la "dificultad y litigiosidad de las normas y disposiciones que la regulan y la extensa documentación".

Una vez concluya este proceso, por el que "interpretará los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de la RPA" y se resuelva mediante aprobación por Consejo de Ministros, se procederá al propio cálculo de este importe.

Este proceso también conlleva varios pasos. Primero la Administración realiza una primera propuesta, después se somete a audiencia de los interesados, se pide informe de la Abogacía del Estado y, en caso de oposición de los exconcesionarios, se solicita un dictámen del Consejo de Estado para, finalmente, ser aprobado por el Consejo de Ministros, según detallaron fuentes de Fomento, que no indicaron si mantienen los plazos legales de mediados de enero para calcular la RPA.

Las autopistas por las que el Estado debe pagar este importe son las que fueron rescatadas a primeros de este año y actualmente gestiona el Ministerio de Fomento a través de su sociedad Seittsa. Este Departamento ha decidido bajar un 30% su peaje, que además será gratuito durante la noche, para que ganen tráfico y eleven sus ingresos en tanto decide si finalmente las saca a concurso para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.