El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoce que los fondos acreedores de las nueve autopistas en quiebra recurrirán a los tribunales el rescate de las vías y que será así un juez quien determinará el coste que esta operación tendrá para las arcas públicas, esto es, el importe que el Estado deberá que pagar a los actuales concesionarios de las infraestructuras para compensar la inversión que realizaron en su construcción.

"Nuestras estimaciones son sensiblemente inferiores a las cifras que baraja el sector", asegura el ministro en relación al monto de 3.500 millones que las concesionarias calculan.

"En cualquier caso, seguro que acaba en el juzgado, porque será un importe con el que los actuales tenedores de la deuda de las autopistas no estarán de acuerdo, con lo que finalmente será un juez quien marque cual es la cantidad exacta a la que tenemos que hacer frente", reconoció De la Serna en declaraciones a Los Desayunos de TVE.

El ministro recordó no obstante que el Gobierno confía en reducir el coste final del rescate de las autopistas gracias a que destinará a cubrirlo los recursos que obtenga al volver a adjudicar las vías a empresas privadas.

De la Serna recordó que el Ministerio está obligado por ley a quedarse con las autopistas, dado que así está establecido para los casos en que las concesiones de infraestructuras públicas quiebran.

"Queramos o no, hay un proceso judicial de concurso de acreedores por el que las concesionarias de las vías se están viendo abocadas a la liquidación y, en ese momento, tienen que revertir al Estado y la Administración tiene por tanto que asumirlas, quiera o no quiera", explicó.

"A partir de ahí, la decisión que hemos tomado es volver a sacarlas a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas, con el fin de que la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) pueda ser minorada con el importe que se recaude en la licitación", detalló.

En virtud de los contratos de concesión, cuando una infraestructura promovida por este tipo de sistema revierte al Estado, la Administración debe abonar a las empresas concesionarias dicha RPA, el coste que les supuso la inversión para su construcción.

En el caso de las ocho autopistas quebradas, De la Serna indicó que importe se determinará "cuando tenga lugar su liquidación definitiva".

Todo preparado para abordarlo en 2018

El Ministerio se ha preparado ya para ese momento y ha fijado un calendario para abordar todo el proceso de rescate, que se acometerá el próximo año.

Así, ha encomendado a Seittsa, sociedad pública dependiente de Fomento, que asuma las vías y se encargue de su posterior relicitación. Las autopistas pasarán a esta firma el próximo 18 de enero, salvo la AP-41, que lo hará en abril, para sacarlas a concurso a finales de año.

A pesar de que la estimación del coste del rescate y el importe de la readjudicación de la vías aún está pendiente, Fomento ya tiene un cálculo de lo que obtendrá con su explotación durante 2018, que coincidirá con un repunte de los tráficos. El Ministerio ingresará 103,6 millones y ganará 34,3 millones.