TOLEDO.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, considera que la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las autopistas en quiebra que asumirá el Estado, esto es, el importe que deberá abonar a sus concesionarias por la inversión que realizaron para construirlas, será "sustancialmente" inferior a los 5.000 millones de euros que estima el sector.

"Desconozco de donde viene esta cifra, pero puedo decir que es sustancialmente mayor de lo que creo que puede ser la cifra final de la responsabilidad patrimonial de la Administración", indicó el ministro al ser preguntado por el importe estimado por las concesionarias.

Además, el titular de Fomento insistió en que, "en cualquier caso", el coste que el Estado afrontará cuando se quede con las ocho autopistas quebradas será "muy inferior al que hubiera supuesto construirlas y mantenerlas durante todos estos años desde su puesta en servicio".

En cuanto a la determinación de la RPA, De la Serna aseguró que se trata de una cuestión "compleja", cuyo cálculo dependerá de muchos factores, entre ellos el procedimiento judicial en que actualmente están inmersas las vías, todas ellas en concurso de acreedores.

El ministro se refirió de esta forma al importe que Estado tendrá que abonar a las empresas que actualmente tienen la concesión de estas autopistas, en su mayor parte grandes constructoras, grupos de concesiones y bancos, una vez que asuma su gestión, durante una comparecencia tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Posteriormente, antes de participar en el pleno de control al Gobierno en el Senado, De la Serna volvió sobre el tema para asegurar que el Estado "recuperará las autopistas en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones que tienen en la actualidad", lo que indica que los usuarios seguirán pagando peaje por transitar por ellas.

Difícil acuerdo

Las ocho autopistas de peaje actualmente en liquidación o quebradas son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto.

El ministro ha retomado los contactos con los bancos acreedores de las autopistas, que acumulan un pasivo de unos 3.400 millones de euros, recuperado el plan de rescate que el anterior equipo de Gobierno planteó sin éxito en marzo de 2014.

El proyecto pasa por que Fomento asuma las autopistas tras aplicar una quita del 50% a la deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.

No obstante, De la Serna reconoce que el acuerdo con los bancos es muy difícil y que, se alcance o no, las vías terminarán revertiendo al Estado. De hecho, Fomento tiene que asumir dos de ellas, las radiales R-3 y R-5, antes de julio de 2017 por mandato judicial.

Reversión por ley, no rescate

No obstante, en ambas comparecencias el ministro especificó que el hecho de que el Estado asuma las vías no constituye un "rescate", dado que no se trata de una "decisión política", sino de "la obligación de cumplir la ley".

"Es la consecuencia del procedimiento judicial de un proceso concursal que concluye en la liquidación de la sociedad concesionaria", indicó. "Aquí no hay decisión política de ningún tipo, sino la obligación de cumplir la ley, que indica que, una vez se disuelve y liquida la empresa concesionaria que gestiona la infraestructura, su gestión pasa al titular de esa infraestructura que, en este caso, es el Estado", detalló.

Para De la Serna, se trataría de un rescate en el caso de que el Estado decidiera unilateralmente asumir la gestión de una autopista cuya empresa gestora estuviera en funcionamiento.

"Éste no es el caso de ninguna de las ocho autopistas", según el ministro. "Sólo vamos a garantizar que el usuario de las autopistas pueda seguir circulando por la vía al día siguiente de que su actual concesionaria quede disuelta por un procedimiento concursal", insistió.