El Ministerio Público de Panamá informó este miércoles que imputó a 14 personas en el marco de una investigación por supuestos sobrecostos y pago de comisiones ilegales, calculadas en más de 100 millones de dólares, en una obra adjudicada a la constructora española FCC.

La Fiscalía explicó que se trata de la obra "Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor Vía Brasil Tramo II", en Ciudad de Panamá, "contratada con la empresa FCC, donde se concluyó con un sobreprecio de 41.761.011 dólares, que equivale a un 19,3 %, suma a la que falta agregarle el dinero proveniente del pago de la coima, que superaría los 100 millones de dólares".

De acuerdo con la Fiscalía panameña, hasta ahora se ha imputado a 14 personas por delitos "contra la administración pública (peculado y corrupción) y blanqueo de capitales", la primera de ella "dictada el 29 de octubre de 2018".

Una sola persona permanece en detención preventiva por esta investigación, ya que "los tribunales otorgaron medidas cautelares distintas" al resto de los implicados, dijo el organismo judicial en un comunicado.

La Fiscalía no reveló la identidad de los imputados ni de los "funcionarios y exfuncionarios" de los ministerios de "Obras Públicas, Economía y Finanzas, Contraloría General, y de entidades financieras" que dieron "declaraciones" bajo juramento.

Agregó que está pendiente de la respuesta de asistencias judiciales giradas a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1). "Se está en espera que el Órgano Judicial resuelva una solicitud de causa compleja presentada por el Ministerio Público dada la amplitud de la estructura criminal investigada", añadió.

El Ministerio Público dijo que esta investigación se adelanta desde mayo de 2017 y está relacionada con proyectos "que forman parte del Plan para el Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá, específicamente: Vía Brasil Tramo I y Tramo II, Ensanchamiento de la Avenida Domingo Díaz, Renovación del Patrimonio Histórico y Cinta Costera III".

"Estas investigaciones se adelantan con la coordinación de las Fiscalías Anticorrupción del Reino de España", añadió.

Este miércoles la Audiencia Nacional de España imputó a FCC por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015 por el pago de 82 millones de euros (73 millones de dólares) en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.

En su auto, el magistrado Ismael Moreno dirige el procedimiento contra las filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, las cuales habrían participado de un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó "sobrecostos en los contratos del suministro de acero para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton".

Estos fondos "fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".

Lo que se investiga es la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal entre 2009 y 2015, después de que en 2017 se presentara una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht, empresa que se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.

A mediados de año FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con estos hechos y aportó 38 facturas y transferencias emitidas entre los años 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros, por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

En sus denuncias, FCC señalaba que ninguno de estos servicios se prestó, ya que no se ha podido localizar ningún rastro de los trabajos encomendados y abonados a Mauricio Cort, ciudadano español y panameño que sólo habría facturado para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de contratos de obra civil.

En su auto, el titular del juzgado central de instrucción nº 2 recuerda que la responsable de la asesoría jurídica de FCC aseguró en julio de este año ante la Fiscalía que los documentos que adjuntaba a su denuncia mostraban la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort, testaferro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Un comunicado difundido este miércoles por Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli, indicó que "rechazamos cualquier intento de vincularlo (al expresidente panameño) falsamente en actos ilegales, provengan estos de panamá o el extranjero".