La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha marcado un punto de inflexión en la protección de los consumidores al sentar en el banquillo a dos empleados de una empresa de captación de clientes para compañías de la luz, para quienes pide condenas de 19 meses de cárcel y 960 euros de multa por delitos de estafa y falsificación documental.

La posición del Ministerio Público supone un cambio de calado en el tratamiento de este tipo de maniobras comerciales, que afectan cada año a miles de hogares y de pequeñas empresas que ven cómo cambia su suministrador de electricidad o las condiciones de sus contratos, sin haber dado su consentimiento, normalmente, para acabar pagando más o para perder involuntariamente ventajas como el bono social.

Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las comercializadoras de electricidad y de gas no pudieron acreditar la autorización de los clientes en el 1,3% de los cambios de compañía que investigó entre julio de 2019 y junio de 2020, mientras en otro 3,1% existían dudas, lo que supone bolsas de 47.000 y de 113.000 usuarios en 12 meses.

Para el periodo del anterior informe, que abarca de julio de 2017 a junio de 2018, las tasas respectivas fueron del 1,6% y del 8,7%, lo que proyecta sendos volúmenes de 56.000 y de 304.000 cambios de compañía (y de condiciones) efectuados sin el permiso del usuario o sin que las empresas pudieran probar con claridad que lo hubiera dado.

Por lo general, este tipo de fraudes no pasa de conllevar leves sanciones en la vía administrativa y la devolución a los perjudicados de alguna pequeña cantidad de dinero, ya que la escasa cuantía de cada episodio y el hecho de tratarlos como casos aislados impiden reclamar otro tipo de responsabilidades.

Las asociaciones de consumidores insisten en que estas operativas deben ser perseguidas por la vía penal como fraudes masivos y orquestados al incluir conductas encajables a priori en tipos penales como la falsedad y la usurpación de identidad.

Sin embargo, normalmente eso no suele ocurrir por mucho que las denuncias superen el millar como en el caso de los cambios de Código Único de Punto de Suministro (CUPS), con los que unos usuarios pagan el consumo de otros, finalmente solventado desde la CNMC con la aplicación de un protocolo de instrucciones para tratar de atajar unas prácticas que ya causan conflictos por impago entre las compañías.

"La intención de que les fuera abonada la comisión"

Los hechos que serán enjuiciados el próximo lunes en Zaragoza se remontan a finales de 2018, cuando, según la Fiscalía, A. B. G. P. y S. A. T., comercial y supervisora de Equality Exteam, firma que había sido contratada por la compañía eléctrica Audax Energía "para la captación de clientes y realización de nuevos contratos de suministro", cambiaron de compañía de la luz al restaurante El Churrero, de Montañana, que vio cómo su factura se disparaba.

"Puestas de común acuerdo y con la intención de que les fuera abonada la correspondiente comisión", sostiene la Fiscalía, utilizaron "los datos de un contrato previo" del restaurante para formalizar otro con la comercializadora de electricidad Audax.

El proceso incluyó la falsificación de dos firmas, una de ellas atribuida durante la investigación a S. A. T., según concluye una prueba pericial caligráfica.

La compañía de captación "no validó telefónicamente la conformidad de los clientes con el contrato supuestamente otorgado, ni comprobó la autenticidad del mismo", señalan las acusaciones, y envió "el falaz contrato" a la eléctrica.

Poco después, el restaurante recibía una factura de 6.218 euros, luego reducida a tres que sumaban 3.463 cuyos recibos devolvieron sus dueños, mientras Naturgy les sancionaba con 133 euros por saltarse el compromiso de permanencia que tenían suscrito.

Petición de dos años y medio de prisión

"Equality Exteam no verificó en ningún momento, a pesar de ser su obligación, la realidad y veracidad del contrato cumplimentado por las acusadas con datos falsos y suponiendo o suplantando la voluntad de los denunciantes y de la entidad de la que eran socios", anota la abogada del restaurante.

Los denunciantes elevan la petición de condena a dos años y medio de prisión y 6.300 euros de multa, además de reclamar que las acusadas se hagan cargo de la factura de más de 6.000 euros, esto último con la firma de captación de clientes como responsable subsidiaria.

"Trasvases de clientes para cobrar comisiones"

Las defensas, por su parte, solicitan la absolución de las acusadas alegando que no hay pruebas de que fueran ellas quienes confeccionaron el contrato y la orden de pago fraudulentos, ni de que hubieran obtenido algún beneficio con esa operación.

Los escritos de las defensas, por otro lado, perfilan una serie de presuntos oscuros manejos de la empresa para la que trabajaban, a la que señalan como "la única beneficiaria de las operaciones".

Equality "permitía el trasvase de clientes entre carteras para así cobrar comisiones por supuestas nuevas contrataciones, omitiendo la verificación telefónica de los contratos signados", denuncia la agente comercial.

"Realizan unas subidas de precio sin informar ni a clientes ni a los comerciales de la empresa", anota la supervisora.

Llamadas frías

A la investigación que llega a juicio el próximo lunes en Zaragoza se le añade la que va a tener que iniciar la CNMC a raíz de la denuncia que acaba de presentar la Asociación de Usuarios Financieros (Asufín) sobre las llamadas frías de otra empresa.

Esta práctica va a quedar proscrita a partir del próximo jueves 29 de junio, cinco años después de que fuera prohibida la puerta fría que tantos disgustos costó a los consumidores.

Las llamadas frías son esas comunicaciones en las que, si se coge el teléfono, los interlocutores abruman al usuario con promesas de rebajas y descuentos que no siempre acaban siendo tales.

Por su parte, la puerta fría consistía en proponer esas mismas ventajas llamando casa por casa, en ambos casos con el objetivo de captar clientes.

La denuncia se dirige contra Masqluz 2020, una empresa del grupo Audax que ya fue sancionada hace dos años con una multa de 1,5 millones de euros por sus prácticas de puerta fría y el año pasado por conductas similares.

Asufín, que aporta la grabación de varias llamadas, denuncia que "en mayo de 2023 han comenzado una nueva campaña de comercialización masiva para intentar captar nuevos clientes de manera poco transparente y engañosa" tras "la bajada de los precios de la luz" y que incluye hacerse pasar por agentes de otra compañía.

La entidad propone a la CNMC que haga público el listado de compañías "sospechosas de malas prácticas o que hayan sido sancionadas por ello". "La CNMC debería tener la potestad de publicar un listado de chiringuitos energéticos e instar su inhabilitación de manera inmediata al Ministerio de Transición Energética", añade.