La Fiscalía les afea que hayan ocultado el "estado real" de Bankia en su salida a Bolsa, la ruinosa operación que se llevó los ahorros de 180.000 pequeños accionistas, e incluso estudia endurecer su acusación, pero los exmiembros de la cúpula de la entidad prefieren resaltar que ellos también se vieron afectados por esta operación, que en cierto modo también son víctimas de las irregularidades en su debut bursátil, en 2011. Que no fue una estafa, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción. El agujero negro de Bankia se tragó 22.424 millones de euros de dinero público del rescate bancario, y hoy el Banco de España da por perdidos al menos 14.000 millones.

El juicio que arrancó este lunes en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), comenzó con un amago de la Fiscalía de acusar de un delito de falsedad contable a los cuatro procesados a los que ya atribuye un delito de estafa a los inversores, pero también a los otros 28 exdirigentes de la entidad que hoy piden la aplicación de la doctrina Botín -avala archivar la causa si no acusa la Fiscalía, y sólo lo hace la acusación popular- , a los que sí señalan las acusaciones populares y particulares.

En este escenario, las defensas del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y del exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, han destacado que ambos gastaron en acciones cerca de 250.000 y 150.000 euros, respectivamente.

En el caso del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), su abogado, Ignacio Ayala, ha pedido aportar nuevos documentos para acreditar que habría adquirido cerca de 66.000 acciones en el debut bursátil (a un precio de 3,75 euros por título).

Por su parte, la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana -también del PP-, ha destacado que Olivas mantuvo su inversión "mucho tiempo después de salir de la entidad". Ambos letrados se esfuerzan por convencer de que sus clientes confiaban en la salida a Bolsa, y de que por tanto no cometieron un delito de estafa a los inversores, como sí sostiene el ministerio Público.

Anticorrupción pide para ambos una condena de cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente. Rato ya está cumpliendo una pena de cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black en Soto del Real, mientras que Olivas también fue condenado a un año y medio por fraude, y está procesado junto a otros 47 directivos de Bancaja y Banco de Valencia por un supuesto delito de apropiación indebida.

Acebes, víctima de una persecución política

Por su parte, la defensa del exministro del Interior del PP Ángel Acebes, ha basado el grueso de su argumentación en que Acebes fue nombrado consejero de Bankia  el 27 de julio de 2011, y por tanto una semana después de su salida a Bolsa. Su abogado, Carlos Aguilar, ha denunciado que el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), hoy sin representación en las Cortes Generales, incluyó a Acebes en la querella interpuesta por el fiasco del debut bursátil por ser "un oponente político".

Aguilar ha impugnado el auto de apertura de juicio oral, escudándose en que los hechos que se juzgan son "ajenos a Acebes", que no habría intervenido ni en la polémica fusión de cajas de ahorros que dio origen a BFA. En esta línea, el letrado ha reprendido al juez instructor por no haber actuado "con mayor celo", y ha asegurado que su defendido ha sufrido un "trato desigual".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Ángela Murillo, encara este juicio con sesiones agendadas hasta finales de junio, aunque podrían darse nuevos retrasos o prórrogas, dadas las enormes proporciones de esta causa. Además de las personas físicas procesadas, exdirectivos y exconsejeros de la entidad, hay tres personas jurídicas: la propia Bankia, BFA y la auditora Deloitte.

De las 26 acusaciones particulares personadas, sólo 13 han asistido a juicio este lunes-según EFE-, en una jornada que ha comenzado con una hora de retraso, a las 11.00, para finalizar en torno a las 14.45 horas.

'Compi yogi', eximido de asistir hasta el jueves

En otro orden de cosas, el empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL y yerno del expresidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, ha recibido permiso para realizar un viaje de trabajo entre el martes y el miércoles de esta semana, ausentándose del juicio estos días. 

López Madrid no ha sido acusado por la Fiscalía, pero las acusaciones populares sí piden para él una pena de cinco años de prisión por un delito de falsedad en las cuentas. El empresario, también conocido como Compi yogi -el apodo que le concedió la reina Letizia-, fue condenado en firme a seis menos un día de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas opacas, y está imputado en el caso Lezo.