La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes.

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir siete reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento.

En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador, y asimismo, las comercializadoras de electricidad y gas natural deben cumplir los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La CNMC ha acreditado que en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento de los clientes.

Consejos para el cambio de suministrador

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de gas y/o electricidad de los usuarios.

Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria, la contratación telefónica -especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores-. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

En concreto, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros.

Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Otras 270 denuncias

Además de estos casos, la CNMC analiza 270 denuncias similares presentadas por FACUA en nombre de sus asociados. Se trata de usuarios de toda España y con diferentes compañías eléctricas contratadas, "que han sido objeto de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas, que les cambiaron sus contratos sin su consentimiento", ha señalado la organización a través de un comunicado.

Los consumidores denuncian que los comerciales acuden a sus domicilios para cambiarles sus contratos mediante "todo tipo de engaños". Ante las alertas planteadas públicamente por FACUA, la CNMC se dirigió a la asociación el pasado noviembre para solicitarle que le trasladase casos de afectados al objeto de iniciar una investigación al respecto, que aún no ha concluido.

FACUA alerta de las "trampas" que utilizan los comerciales de las eléctricas, cuyas prácticas consisten en hacer creer al usuario que vienen de su propia compañía para premiar su fidelidad con un descuento que su tarifa no se ajusta a una ley y pueden multarle si no la cambia, que tienen que devolverle cantidades cobradas por error o que su contador está averiado y necesitan que firme un documento para reparárselo.

Los comerciales también acuden a los domicilios de los consumidores para ofrecerles supuestos descuentos en las facturas que en realidad no hacen más que encarecer los recibos, falsas tarifas planas que hinchan los recibos y todo tipo de supuestas ofertas inmejorables sobre las que no son capaces de dar detalles.

La asociación considera "especialmente los casos en los que los usuarios afectados perdieron, por este cambio de compañías, el bono social que reduce la factura de las familias con menos ingresos económicos".

FACUA denuncia además "la pasividad que vienen manteniendo el Gobierno y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante este macrofraude, similar al que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones".