“Crear las condiciones jurídicas idóneas para la captación en Extremadura de grandes proyectos internacionales de ocio familiar”. Así se resume oficialmente el objetivo del nuevo proyecto de ley, registrado por el PSOE y presentado a los medios por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se está tramitando estos días en la Asamblea de Extremadura. La construcción de un gran macrocomplejo de casinos, al estilo Las Vegas o del fallido Eurovegas, parece ser la lógica detrás de esta propuesta legislativa.

“Extremadura necesita pensar en grande y tener grandes proyectos”, explicó Vara a los medios de comunicación el pasado 21 de marzo, cuando anunció que “ha habido varios proyectos que han ido llegando”, tanto de capital nacional como internacional, apenas concretando que están destinados a un “público internacional de ocio familiar”. Y justificó las razones de la idoneidad de la región en el sol, el agua y “un precio de la vivienda razonable”; añadió que estas inversiones “buscan suelo, agua y papeleos rápidos”.

Diversas fuentes consultadas ven similitudes con otros proyectos del Estado, anunciados a bombo y platillo por gobernantes y nunca ejecutados, como el intento de Eurovegas en Madrid, así como los de Reino de Don Quijote y Gran Scala, previstos en Ciudad Real y Zaragoza, respectivamente. “En todos ellos, las administraciones públicas se han plegado sin dudarlo a las exigencias realizadas por los promotores, confeccionándoles un traje a medida no solo en lo que a las modificaciones de planeamiento se refiere, como la recalificación de terrenos no urbanizables e incluso protegidos, además de la supresión de trámites y la disminución de requerimientos urbanísticos y medio ambientales, sino también en los cambios legislativos demandados, especialmente los referentes a la disminución de la fiscalidad al juego”, explica a este medio el urbanista y arquitecto Fernando Abad, autor de libro De Eurodisney a €urovegas. Un paseo por la geografía de la fantasía y la especulación.

Desde el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, el encargado del registro de la ley, mantienen sin embargo que “el interés de distintos grupos de inversión en ocio familiar” requería “una legislación de la que no había preexistencia”, explica su portavoz, Valentín García.

De momento no ha trascendido de manera oficial nada sobre los proyectos a los que se refieren el presidente extremeño y el PSOE, pero sí que se ha movido, de manera extraoficial, un dossier sobre la iniciativa que quiere implantarse en la comarca de La Siberia, al noreste de la provincia de Badajoz: ‘EuroDreamResort’, de Triple Five WorldWide Group.

Ventajas fiscales

La Junta de Extremadura, que no ha querido hacer declaraciones a Público.es dando por válida la versión del PSOE, evita hablar expresamente de ‘casinos’. Pero hasta ocho veces se menciona esta palabra en el proyecto de ley, mientras que la expresión ‘ocio familiar’ solo aparece en una ocasión. También es significativo la frecuencia con la que figuran citados los conceptos ‘juegos’ y ‘apuestas’. Además, se busca abiertamente crear “un entorno fiscal más favorable para la implantación de estos complejos, ofreciendo una reducción ostensible del tipo impositivo de la tasa fiscal sobre juegos de envite o azar”.

La legislación también recoge requisitos como con una superficie mínima de 1.000 hectáreas, una inversión de 1.000 millones de euros, y la obligación de generar al menos 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 plazas de alojamiento hotelero. “No se especifica qué tipo de empleos, ni si son precarios o temporales. Pero aquí es difícil que la gente se oponga cuando se ofrecen puestos de trabajos”, explica un conocedor de la realidad política extremeña que prefiere mantener el anonimato. La tasa de desempleo en la comunidad es del 25,94 por ciento, la tercera región con más paro de la Unión Europea, según el Eurostat. Entre las ventajas de Extremadura que destacó Vara en su discurso se coló “la moderación salarial”, el usual eufemismo que emplean los políticos para evitar hablar de bajos sueldos.

En el dossier de EuroDreamResort, en el que ofrecen como referencias Las Vegas (Estados Unidos), Marina Bay (Singapur) y Eurodisney (Francia), se concretan varias actuaciones: una actuación en el municipio de Castilblanco, junto al pantano de García-Sola, que albergaría un parque temático y otro acuático, un circuito de fórmula uno, varios casinos de los que no se especifica el número, una zona para esquiar, un centro comercial y otro de exhibiciones...

Inversiones públicas

También se cita una estación de bomberos, un centro de policía, un aeropuerto, una estación de tren, un centro médico, además de una estación de tratamiento de aguas, una subestación eléctrica de alta tensión o un centro de reciclado y tratamiento de basuras. El portavoz socialista afirma que, “a priori”, no hay coste para la Administración autonómica porque la inversión recae en los promotores, matizando que “si se necesitan nuevas infraestructuras viarias eso contribuiría a dotar de infraestructuras a zonas que han estado abandonadas”. El Consejo de Estado, que ha emitido un dictamen, también apunta que lo “previsible” es que se necesiten construir nuevas vías públicas o ampliar las existentes. Un coste que, según el urbanista Fernando Abad, que ha estudiado varios casos, “recae sobre toda la sociedad”.

“Es un proyecto sin sentido. ¿De dónde sacas la energía?, ¿qué consumo de agua va a tener?, ¿qué haces?, ¿que no rieguen los agricultores? Este año hemos estado muy cerca de tener restricciones de agua. Pero esto no se concibe”, explica la diputada de Podemos Irene de Miguel. El Partido Popular no ha respondido a este medio.

"Papeleos rápidos"

De momento, lo que sí está claro son los “papeleos rápidos” a los que aludía Vara. Y es que, lo habitual es que sea la Junta y no el PSOE quien registre estas iniciativas legislativas; pero al hacerlo el Grupo Parlamentario los trámites son más rápidos: en un lugar de un año aproximado de tramitación se puede hacer en tres meses. “Quiero que esté antes del verano”, afirmó Vara ante los medios, a los que dijo que “no puede esperar”.

“No hay urgencia en la aprobación de la propuesta de ley”, apunta, en cambio, su compañero de partido, Valentín García. Según el portavoz socialista, la idea es que la propuesta esté aprobada antes de la disolución de la Asamblea con motivo de las elecciones autonómicas de 2019. Ninguno del resto de partidos que conforman la Asamblea extremeña (PP, Podemos y Ciudadanos) ha presentado enmiendas a la totalidad, así que el debate parlamentario se dejará para las enmiendas parciales.

Lo que parece claro es que será el propio PSOE el que presente algunas. Y es que, aunque el dictamen del Consejo de Estado ha sido favorable respecto a la única consulta que se le formuló (la cuestión de las competencias estatales y autonómicas), sí ha remarcado que inconstitucionalidad de varios artículos, motivo por el cual el propio PSOE estaría obligado a autoenmendarse: “Da un duro varapalo legal. Ya no es solo una chapuza jurídica, sino que la mayor parte de estos artículos suponen un trato de favor a los promotores de las instalaciones de ocio”, explica el mismo experto. Por ejemplo, determina que la expropiación forzosa que se propone en la ley “puede generar indefensión de los particulares”.

El informe del Consejo de Estado, emitido en poco menos de un mes cuando lo habitual en estos casos es que se demore varios meses, también critica que “las previsiones sobre evaluación ambiental no se ajustan al diseño básico”, apuntando que se “deja en penumbra la evaluación de impacto ambiental” en proyectos derivados y subrayando que se trata “un texto confuso”. Además, alerta de que se vulnera y contraviene la Constitución en varios apartados.

Los colectivos ecologistas de la región consideran que esta ley, llamada de grandes instalaciones de ocio y rebautizada como ‘Legio’, es un “pelotazo” que “solo beneficiará a macroproyectos de turismo ajenos y dañinos para los recursos naturales de la región, y a los pelotazos urbanísticos”.

El arquitecto Fernando Abad finaliza: “Me ha sorprendido la ley, pues mi percepción hasta el momento es que el Gobierno actual de la Junta había apostado por lo que conocemos como una ‘economía circular’ y un desarrollo más sostenible. Es indudable que nuestros políticos no son capaces de aprender de las experiencias anteriores y las únicas ocurrencias para el desarrollo de los territorios que gobiernan se basan en el ladrillo y en el turismo”.