Los sindicatos de estibadores han señalado este martes que no es necesaria una mediación para resolver el conflicto y han pedido al Gobierno que presente una nueva propuesta normativa que permita cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y garantizar al cien por cien el empleo.

Los sindicatos de estibadores, liderados por la Coordinadora (CETM), subrayan, en un comunicado conjunto, que, tras el acuerdo alcanzado con la patronal Anesco el pasado 29 de marzo, que resuelve el conflicto laboral, "no se precisa la mediación", aunque agradecen la intervención del mediador y su contribución al acercamiento de posiciones entre las partes.

Los sindicatos y Anesco contaban de plazo hasta las 13.00 horas de este martes para responder a la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector planteada por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, mediador en el proceso de negociación, que ya había sido aceptado por el Gobierno.

Los sindicatos consideran que, para terminar de desarrollar el acuerdo suscrito con las empresas del sector, queda por conocer la nueva propuesta normativa que debe ofrecer el Gobierno "para dar respuesta a los requerimientos de Europa" y "que se cumpla la garantía de empleo".

En este sentido, tiene que cumplirse la vinculación laboral futura (directa o indirecta) de los trabajadores de las actuales sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep) con las empresas titulares del servicio de manipulación de mercancías por medio de Centros Portuarios de Empleo (CPE).

Para ello, la regulación jurídica de los CPE "debe disponer como únicos socios a los referidos titulares del servicio portuario y eludir los obstáculos normativos para la constitución y para el establecimiento de relaciones laborales estables".

Los sindicatos ha insistido en que "es preciso conocer la propuesta normativa del Gobierno para analizar si, de la combinación de ese proyecto de norma y del convenio colectivo, puede obtenerse el resultado que todas las partes dicen perseguir: ejecutar la sentencia con la garantía del 100 % del empleo del personal actual y con instrumentos de mejora de la productividad.

Según las organizaciones sindicales, es precisamente la redacción de esa norma, que garantiza el fin indicado, "lo que justifica la participación del Gobierno en el proceso de mediación, por lo que es imprescindible que se presente al resto de actores".

A los sindicatos, "no les parece equilibrado" que todas las partes conozcan el resultado de su negociación con las empresas y "que se mantenga oculta" la parte sustancial del acuerdo, que es el proyecto normativo del Gobierno.

Los sindicatos sostienen que no hay negación categórica al respecto de la subrogación por ley de los trabajadores de la estiba por parte de la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, como insiste el Gobierno, según se desprende de una carta suya al Ministerio de Fomento.

La parte social ha recordado que la comisaria afirma, en una carta firmada a título personal, divulgada la semana pasada por Fomento, que la subrogación por ley suscitaría fuertes dudas en lo que respecta a su compatibilidad con la ley europea, en particular al artículo 49 TFUE de libertad de establecimiento.

A juicio de los sindicatos, "queda patente que no hay negación categórica al respecto" y que, por lo tanto, existe la posibilidad de que sí sea compatible, como se deduce del artículo 9 del Reglamento de Servicios Portuarios de la UE.

Los sindicatos confían en que el ministro de Fomento "se avenga a crear una norma que cumpla el objetivo tantas veces reiterado por todas las partes": crear un marco legal, que a la vez responda a los requerimientos europeos, respete la garantía del empleo en su totalidad y sirva para mejorar la productividad del modelo", según concluyen en su nota.

La patronal acepta el acuerdo

La patronal de empresas estibadoras Anesco sí ha aceptado la propuesta de acuerdo sobre la reforma del sector, aunque condicionada al esclarecimiento y cumplimiento de una serie de aspectos.

La decisión ha sido tomada por unanimidad de todas las empresas estibadoras que pertenecen a Anesco en una asamblea celebrada este lunes, con el objetivo de valorar la propuesta de mediación entregada a la patronal el pasado jueves.

Las empresas piden que se determine el marco jurídico de la reforma del modelo de la estiba, es decir, si se mantendrán todos los términos del real decreto-ley derogado y, en especial, sobre su régimen transitorio, así como su posterior desarrollo, según la carta enviada por Anesco al mediador, con copia a las partes sindical y gubernamental.

Asimismo, las empresas quieren que se determine el alcance real de las medidas propuestas por el Gobierno en su plan de ayudas a los trabajadores portuarios y que se especifique el número de afectados, su distribución geográfica y los plazos.

También piden que exista una garantía de igualdad competitiva entre los operadores actuales y los nuevos que entren en el mercado en el nuevo marco legal.

Las empresas solicitan, además, la tutela del Gobierno para garantizar el desarrollo de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria.

Finalmente, las empresas vinculan a la totalidad en cuanto al cumplimiento de todas las medidas propuestas, según recoge el documento.

Fomento, dispuesto a elevar el acuerdo a un Decreto ley

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este martes que el Gobierno está dispuesto a dar rango normativo a la propuesta del mediador en el conflicto de la estiba, cuyo contenido se incluiría íntegramente en un decreto que pendería del real decreto ley que reformará el sector.

"Aceptamos dicha propuesta y si la pregunta es si le vamos a elevar a un rango normativo, la respuesta es sí", ha afirmado De la Serna, que ha apuntado que, en principio, iría en el desarrollo reglamentario del real decreto ley y se materializaría en un decreto que contendría íntegramente la propuesta del mediador.

En cualquier caso, ha insistido el ministro, "colgaría del propio real decreto ley para que haya garantías de que el Gobierno de España aprueba el contenido íntegro de la propuesta" y facilitaría el mantenimiento del empleo y las ayudas públicas por parte de Fomento con la incorporación del funcionamiento operativo del sistema.

El ministro, que no ha valorado la repuesta de sindicatos y patronal a la propuesta del mediador, confía en llevar lo antes posible al Consejo de Ministros el real decreto ley de la estiba después de que el anterior fuera derogado por el Congreso durante su tramitación parlamentaria.

"Sinceramente, creo que el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer durante todos estos meses", pero la negociación no podía ser indefinida y por eso el mediador ha planteado una propuesta de encuentro "que nosotros asumimos y que confiamos que todo el mundo asuma".