La deuda de las administraciones públicas españolas no bajará al 60% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 2037, pese a que según la ley de estabilidad presupuestaria debería alcanzar esa meta en 2020, estimó el martes el organismo supervisor de las cuentas públicas españolas.

España cerró 2016 con una ratio de deuda sobre el PIB del 99,4%, apenas cuatro décimas menos que un año antes, y alcanzó en términos nominales un nuevo máximo histórico de 1,106 billones de euros. Antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda equivalía al 35,5% del PIB.

El proyecto de ley de presupuestos para este año prevé una senda de reducción de la deuda hasta el 98,8% del PIB en 2017, el 97,7% en 2018 y el 95,4% en 2019. Este ritmo de ajuste es incompatible con la reducción de la deuda al 60% del PIB dentro de tres años, por lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pidió una revisión de la normativa para incluir "sendas exigentes, pero realistas".

"Dado el stock actual y las perspectivas para los principales determinantes de la deuda en los próximos años, el único subsector que se prevé cumplirá antes de 2020 (alcanzado en 2016) con esta disposición es el de corporaciones locales", dijo la AIReF en un comunicado.

Por sectores, la norma reparte el objetivo del 60% de forma que a la Administración Central le corresponde una ratio de deuda/PIB de un 44%, a las comunidades autónomas de un 13% y a las corporaciones locales de otro un 3%.

Tras aumentar en su conjunto su deuda en más de 13.000 millones el año pasado, la AIReF prevé que a partir de 2017 las CCAA contribuyan ligeramente a la reducción de la ratio de deuda.

Según sus estimaciones, las comunidades mejor situadas para cumplir en 2020 con el nivel de referencia son Madrid, Navarra y País Vasco, mientras que las que estarían más desviadas son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.