La Inspección de Trabajo ha comenzado a atajar las bolsas de fraude generadas en torno a los ERTE y ha sancionado a 1.755 empresas por infracciones como incluir en los expedientes a intrusos, que son los empleados ficticios contratados para que recibieran una prestación, o como obligar a desempeñar sus tareas a asalariados con el contrato suspendido o por periodos de tiempo más amplios de los que permitían sus reducciones de jornada.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que esas infracciones han acarreado multas por valor de 7.000.434 euros, cifra a la que se suman las liquidaciones por un montante total de 2.258.215, la mayoría en cotizaciones.

Eso sitúa la cuantía económica de las actuaciones cerradas por la Inspección por encima de los diez millones de euros, una cifra que va a verse incrementada de manera notable en las próximas semanas ya que la Inspección tiene ya finalizadas las investigaciones referentes a más de la mitad de las 30.014 órdenes de servicio abiertas en relación con los ERTE.

Eso conlleva que, además de las señaladas, algo más de 13.000 empresas están a punto de ser sancionadas por distintos tipos de fraudes sociales cometidos al socaire de los ERTE y que otras 15.000 tienen expedientes abiertos por el mismo motivo, algo que, de mantenerse la proporción de las multas impuestas en este primer bloque, situaría el conjunto de las sanciones por las actuaciones iniciadas por encima de los 135 millones de euros.

Y también supone que en torno a los ERTE se ha producido una enorme bolsa de fraude, ya que las más de 30.000 órdenes de servicio por presuntas irregularidades equivalen al 6,05% de los 496.169 expedientes de regulación temporal de empleo que, según los datos del Ministerio de Inclusión, llegaron a estar abiertos.

La Inspección, que ante la avalancha de solicitudes apenas llegó a elaborar una mínima cantidad de los informes previos que en situaciones normales habrían sido preceptivos para la aprobación de esos expedientes de regulación, ha detectado trampas en uno de cada 16.

La obligación de pagar las cotizaciones bonificadas

El grueso de los 2,25 millones de euros en liquidaciones se corresponde con las cotizaciones empresariales de las que se había hecho cargo el Estado al aprobar la inclusión de los empleados en los ERTE de fuerza mayor. Al haber seguido trabajando con normalidad, o hacerlo en tramos de jornada más largos de lo permitido, el empresario pierde la exención de esas cuotas, que era uno de los ingredientes básicos de los ERTE de fuerza mayor.

Estos, que fueron uno de los ejes del ‘escudo social’ para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de las medidas para afrontarla, coinciden con los ERTE convencionales en que el trabajador recibe una prestación del SEPE (Servicio Público de Empleo estatal) en función de la reducción de jornada o de la suspensión, aunque en ambos casos sin consumir subsidio de desempleo, y difieren de ellos en que la empresa queda eximida de pagar su parte de las cotizaciones sociales, que supone un 29,9% del salario.
Con los ERTE, que llegaron a albergar a 3,7 millones de trabajadores y cuyo coste llegó a alcanzar los 5.500 millones de euros en mayo, el mes en el que más intenso fue su uso, el Estado se hace cargo del total de los costes salariales reducidos o suspendidos como consecuencia de la pandemia.

Se pierde medio millón de empleos menos de los previsibles
Los ERTE de fuerza mayor, que han combinado la hibernación de los empleos afectados en un limbo entre la ocupación y el desempleo con la inyección de rentas a los trabajadores y la aportación indirecta de liquidez a las empresas, han tenido un efecto inaudito (y balsámico) en el sistema económico español, ya que han roto la tendencia al arrastre que la caída de la actividad provocaba en el mercado laboral y han permitido mantener medio millón de empleos que, en condiciones ‘normales’, ya se habrían visto destruidos con una crisis de las dimensiones de la actual.

a Inspección, que ya en las primeras semanas de la pandemia detectó más de 20.000 empresas sospechosas de haber introducido a ‘intrusos’ en sus expedientes de regulación, recibió entre abril y mayo más de 700 denuncias referentes a trabajadores que eran obligados a seguir desempeñando sus tareas pese a la tener los contratos suspendidos o a emplearse más horas de las que permitían sus reducciones de jornada . Eso llevó a iniciar el pasado verano una batida por más de 30.000 centros de trabajo para perseguir infracciones en los ERTE de fuerza mayor.

La reincorporación de la plantilla, o de parte de ella, a cambio de una remuneración en ‘b’ o su sustitución por empleados de menor coste salarial son otros de los fraudes aflorados  en estos meses.