La multinacional de las telecomunicaciones Ericsson aplicará finalmente las condiciones que puso sobre la mesa durante las negociaciones de su ERE con los sindicatos. Unas negociaciones que acabaron sin acuerdo, ya que STC (sindicato mayoritario con seis delegados) y CGT (un delegado) se negaron a firmar el acuerdo. CCOO y UGT (tres delegados cada uno), decidieron aceptar las condiciones que negociaron pero, al no ser mayoría, la empresa afirmó que aplicaría indemnizaciones mínimas para los 341 trabajadores despedidos.

Ericcson, UGT y CCOO han afirmado en un texto acordado conjuntamente que finalmente serán 341 las personas que abandonarán la empresa, así como que los despidos serán voluntarios siempre que sea posible. Además, el periodo de voluntariedad se ha ampliado hasta el 30 de noviembre. Asimismo, añaden que se ofrece a los afectados por el ERE una indemnización de 45 días por año trabajado hasta febrero 2012 y 33 días por año trabajado a partir de esa fecha y un lineal por antigüedad, "unas condiciones muy superiores a las que establece la ley".

Además, los trabajadores que tengan 50 años cuando sean despedidos podrán acceder a un plan de rentas y los que hayan cumplido 53 a una prejubilación con el 75% del salario hasta los 61 años de edad. Ambas situaciones se completarán con el desempleo.

Las trabajadoras embarazadas y las que se encuentren disfrutando de un permiso de maternidad estarán excluidas del ERE, así como los que disfruten del permiso de paternidad en el momento en el que se ejecute, las víctimas de violencia de género y el personal que padezca una enfermedad grave.

El cambio de postura de Ericsson vendría a confirmar la teoría que del sindicato STC, cuyos delegados estaban seguros de que, finalmente, la empresa no aplicaría las indemnizaciones mínimas, tal y como advirtió de que haría si no había un acuerdo. Éstas eran unas indemnizaciones de 27 días por año para todos los despedidos y prejubilaciones a partir de los 56 años, sin planes de renta para empleados despedidos entre 50 y 53 años.

STC denunció que la postura de la empresa era un "claro chantaje" para atemorizar a los trabajadores, deslegitimar a los sindicatos que rechazan las condiciones y meter presión para que hubiera un acuerdo. Sin embargo, STC y CGT se han negado a dar por válido otro expediente de regulación de empleo, ya que es el cuarto en cinco años, mientras la empresa sigue manteniendo después el mismo número de trabajadores. Consideran que su la estrategia de la multinacional es utilizar los EREs para despedir a empleados con antigüedad y salarios altos para sustituirlos por gente más joven y más barata, además de ir reduciendo paulatinamente el plan social de la empresa para los procesos de despido colectivo.

STC y CGT han reiterado su rechazo al ERE que supondrá la salida de 341 trabajadores y amenazan con denunciarlo para solicitar la nulidad. Ambos sostienen que hasta el último momento han defendido su propuesta que contemplaba que los trabajadores pudieran salir de manera voluntaria con las mejores condiciones y que se trabajara con el resto de afectados en un plan de recolocación durante tres meses que pudiera minimizar las salidas forzosas, propuestas alineadas con lo que se está implementado en Suecia.

Demanda por la nulidad de los despidos

En un comunicado, STC remarca que esto no ha acabado y seguirán trabajando para "intentar revertir este escenario de despidos y EREs continuados", por lo que "lamentablemente la primera medida será demandar este ERE 2017" para solicitar su nulidad. Así, el sindicato, que sigue abierto a negociar con la empresa hasta la ejecución de los despidos, reconoce que un juicio tiene riesgos, pero ve una oportunidad y está "obligado a pelearla" si quiere intentar invertir esta tendencia negativa.

Asimismo, STC ha subrayado que la empresa no negó ante la Inspección de Trabajo que se estén provisionando fondos para acometer otro en ERE en 2018, así como que la compañía "hizo caso omiso" de la sugerencia de la Inspección de mantener un periodo de tres años sin ERE "apostando por la tranquilidad y empleabilidad".

Por su parte, CGT incide en que el resultado final de la mesa de negociación sigue siendo el de un procedimiento de despido colectivo que se cierra formalmente "sin acuerdo", pero con las condiciones del mejor plan social. Así, añade que el ERE podrá ser impugnado judicialmente, ya que ni CGT ni STC asumen las causas y no se perjudican las posibles impugnaciones individuales.