MADRID.- El presidente de Endesa, Borja Prado, ha afirmado que es "necesario" rediseñar los criterios de reparto del bono social y darle una vuelta a la tarifa eléctrica para que "responda a los costes reales del suministro". En su discurso en la junta general de accionistas, Prado señaló que es necesario este rediseño para que el descuento del 25% que se ofrece sobre el total de la factura eléctrica sea percibido por los hogares con unos niveles de renta mínimos, evitando así que lo reciban "otros clientes que no se encuentran en situación crítica".

Así, aseguró que un diseño del bono social permitiría que la ayuda fuera "más eficaz" y que se liberaran recursos económicos para otros tipos de ayudas, "que podrían incluir el pago completo de las facturas de los hogares identificados por los servicios sociales como insolventes".

Además, Prado aseguró que una vez cumplido el objetivo de eliminar el déficit, objetivo "prioritario" de las reformas regulatorias de los últimos años, "ha llegado el momento de dar prioridad a la competitividad industrial y el bienestar del consumidor mediante una tarifa eléctrica que responda a los costes reales del suministro".

Para ello, consideró necesario analizar la "validez" de algunas reformas realizadas los pasados años durante la crisis y que, "en estos momentos, carecen ya de sentido", como los impuestos a la producción eléctrica y otras tasas impositivas que "suponen un alto porcentaje de la factura que pagan nuestros clientes y que, en muchos casos, no les correspondería pagar".

Por su parte, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, subrayó que el sector necesita un marco regulatorio "basado en criterios de certidumbre, de estabilidad y de seguridad jurídica, pero con ello "no basta", y, además, hay un cuarto criterio "inexcusable" para hacer posible la transición a un nuevo sistema energético sostenible: la flexibilidad. A este respecto, Bogas apuntó la necesidad de "limpiar" progresivamente la tarifa eléctrica de extracostes y cargas impositivas, "ajenos al suministro, que actualmente pesan sobre ella y que representan más de la mitad del precio que pagan los consumidores".

Además, Bogas pidió "despejar las incertidumbres" respecto "al presente y futuro inmediato" de las centrales eléctricas ya existentes, especialmente, las que pueden "ser viables, competitivas y sostenibles, desde el punto de vista económica y medioambiental, si cuentan con un razonable marco regulatorio".

Por su parte, Borja Prado ha asegurado que no existe "ningún compromiso político" con respecto al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña y ha vinculado cualquier decisión final sobre el futuro de la planta a, una vez se conozca el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), estudiar su viabilidad "desde el punto de vista técnico y financiero".

El logo de Endesa dentro de su sede en Madrid. REUTERS/Andrea Comas

En respuesta a preguntas de los accionistas en la junta de la compañía, Prado señaló que lo que sí pide la energética es "que se saque lo antes posible" por el CSN ese informe para que Nuclenor, sociedad participada por Endesa e Iberdrola, pueda tomar una decisión.

Por otra parte, el presidente de Endesa descartó comprar la participación de Iberdrola en Nuclenor si finalmente ésta decide dejar de operar plantas nucleares en España. "No es algo que contemplamos en este momento", dijo en declaraciones a la prensa.

Prado no quiso calificar de desleal la actitud de Iberdrola, que comunicó a los sindicatos su intención de cerrar Garoña por causas económicas antes de plantearlo en Nuclenor, aunque subrayó que "cada uno es como es". "Yo no lo haría", añadió.