El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz ha rechazado este lunes, por cinco votos en contra y cuatro a favor, la implantación del bono social eléctrico diseñado por el Ayuntamiento de José María González Kichi. La corporación municipal había logrado un consenso unánime de todas las fuerzas para sacar adelante una tarifa bonificada, al margen de la regulación estatal, que garantizase el acceso a un suministro básico a las 2.000 familias de Cádiz que perciben ayudas municipales para poder costear la luz en sus viviendas.

En el último momento, el PP, que cuenta con dos miembros en el consejo de administración (de nueve), se ha descolgado votando junto a los otros tres miembros de Endesa en contra de la propuesta.

La reunión, que arrancó poco antes de las seis de la tarde y se prolongó más de dos horas, fue seguida con mucha expectación desde la calle por más de 70 colectivos y ONG, algunas de las cuales habían participado en el diseño del bono social eléctrico. Desde primera hora de la mañana, colectivos, asociaciones y, sobre todo, dirigentes de Podemos de toda España habían pilotado una dura campaña de presión en las redes sociales para lograr que la iniciativa municipal saliera adelante, pero al final no lo han logrado.

El órgano de dirección de la compañía que suministra luz al 80% de las familias gaditanas partía dividido. Los dos miembros del equipo de Gobierno (Por Cádiz Sí Se puede, marca afín a Podemos (David Navarro) y Ganar Cádiz en Común (Eva Tubio), el del PSOE (Juan Cantero) y el de Unicaja han apoyado la creación del bono social eléctrico, mientras que los dos miembros del PP (Ignacio Romaní y José Blas Fernández) y otros tres de Endesa han votado en contra y tumbado la propuesta. Culmina así un proceso que se inició en octubre de 2015, cuando el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la creación de dicha tarifa.

En este tiempo, el Gobierno municipal ha contado con la colaboración de diversas plataformas y ONG, desde Cruz Roja hasta Cáritas, así como con un informe del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que han ayudado a diseñar la propuesta. La idea era simple: Eléctrica de Cádiz es una empresa cuya propiedad comparte el Ayuntamiento (55%) con Endesa (33%) y Unicaja (12%). El Ayuntamiento pide a la compañía que done una parte de sus beneficios anuales para que estos se destinen a pagar el bono social eléctrico.

La donación “voluntaria” alcanzaría los 600.000 euros al año, que es el dinero aproximado que el Consistorio destina anualmente a ayudas para familias con problemas de acceso a un suministro mínimo (entre 500.000 y 600.000 euros al año). En un año normal, esta cantidad no llegaría al 7% de los beneficios, y este año 2017, apenas llegará al 4% de los beneficios de la suministradora, que ingresa al año alrededor de 10 millones de euros, según cálculos del consistorio.

Endesa basa su rechazo al bono social gaditano en la recién aprobada reforma de la financiación de la tarifa eléctrica bonificada que acaba de validar el Congreso de los Diputados con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. La compañía alega que ya está obligada a costear el bono del Estado, lo que le supondrá un importante reembolso de unos 530.000 euros al año, “la mitad de los beneficios”, empujándole a subir las tarifas y perder en competitividad frente a las grandes empresas. El Consistorio defiende que ese dinero podrán recuperarlo en los tribunales, porque las pequeñas empresas que no están en la lista de suministradoras del bono social que recoge el real decreto del Gobierno ya han anunciado que recurrirán la norma. Además, añaden, que aun pagando esa cantidad, Eléctrica de Cádiz seguiría obteniendo alrededor de 1,1 millón de euros de beneficios para repartir entre los accionistas, “más beneficios que en ejercicios anteriores”.

El nuevo sistema de financiación validado por el Congreso limita la oferta del bono social a unas cuantas compañías suministradoras, entre ellas, las cinco grandes: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Riesgo y HC Energía. En esa lista no está Eléctrica de Cádiz, de modo que la empresa que suministra luz a ocho de cada diez familias gaditanas, no puede acogerse al bono social del Estado, dice la activista Alba del Campo, de ahí que sea “necesaria” la aprobación de la tarifa social gaditana. En teoría, eso obligará a los clientes de Eléctrica de Cádiz a cambiar de compañía si quieren acceder a la ayuda del Gobierno central.

El Ayuntamiento de Cádiz no ofrecería una bonificación estándar, como prevé el Gobierno central en su bono social: la tarifa de la energía variaría en función de cuánta gente vive en cada casa y de su nivel de renta, y se regularía un tramo fijo de potencia contratada. La Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz, coordinada por Alba del Campo, ha subdividido a las familias beneficiarias potenciales en dos grupos: unos 500 hogares que viven en una situación de vulnerabilidad severa, y cuya bonificación sería del 100% de una cantidad suficiente para cubrir servicios básicos, como iluminación, aseo, cocina…; y otras 1.500 familias con rentas muy bajas, trabajos esporádicos o en economía sumergida, que obtendrían un tramo de potencia de 2,3kw, bonificado al 50%.