El BOE recogía en marzo el Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y que obliga a fichar, crea nuevas bonificaciones para contrataciones y mejora el subsidio para desempleados mayores de 52 años, entre otras muchas medidas.

Con esta norma, el Gobierno crea los registros de entrada y salida de cada trabajador, que deberán tener todas las empresas y que servirán para controlar que no se excedan las jornadas laborales máximas exigidas en la normativa y que, en su caso, se retribuyan las horas extras.

Las empresas deberán contar con este registro a partir del próximo 12 de mayo y conservarlo durante cuatro años a disposición de la inspección de trabajo. De hecho, el propio texto establece multas para las empresas que no lo implementen o no lo guarden durante ese periodo.

Otras de las medidas incluidas en este Decreto-Ley entraron en vigor el 1 de abril. Es el caso del aumento de las asignaciones por hijos a cargo para las familias con menos ingresos, que pasan de 341 a 588 euros; y de las bonificaciones por contratar a personas que hayan estado desempleadas durante 12 meses de los 18 anteriores. Estas últimas, que serán de hasta 108,33€ al mes (125 en el caso de trabajadoras), se mantendrán solo si el contrato dura al menos tres años y se mantiene el nivel de empleo de la firma -excepto por causas no imputables a despidos improcedentes, como las jubilaciones.

También comenzó a aplicarse a partir del mes de abril la mejora del subsidio para desempleados mayores de 55 años, que vuelve a ser para mayores de 52. Además, no se iiene en cuenta otras rentas familiares para poder acceder a la ayuda (con que el solicitante no supere el 75% del salario mínimo será suficiente) y estará vigente hasta la edad ordinaria de jubilación. La base de cotización (que se tendrá en cuenta para la futura jubilación) sube al 125%. Estas mejoras se aplican a todos los desempleados que están recibiendo el subsidio o que cumplan los requisitos a partir del 1 de abril.

Lo que entró en vigor el pasado mes de marzo 

Otras de las medidas incluidas en el Decreto-Ley entraron en vigor el pasado mes de marzo. Así ocurre en el caso de las pensiones por incapacidad permanente total para menores de 60 años, que suben a 6.991 y 6.930 euros al año, dependiendo si se tienen o no cónyuges y si están a cargo de la persona que solicita la pensión.

Además, se aprobaron bonificaciones para las empresas del sector agrario que convirtieron a trabajadores temporales en fijos o fijos-discontinuos y para las empresas de hostelería que alarguen sus contratos temporales a los meses de febrero mayor y noviembre. Esta última medida estará en vigor solo durante este año.

El Decreto-Ley rebajó los ingresos (de tres a dos veces el salario mínimo) que debían cobrar los artistas en el año anterior durante al menos 20 días para poder darse de alta en la Seguridad Social como inactivos y estableció que podrán acogerse al Sistema de Garantía Juvenil todas aquellas personas entre 16 y 30 años, independientemente de la situación del paro en su rango de edad (hasta ahora, solo podían acogerse los mayores de 25 si su tasa de desempleo supera el 20%).

El Gobierno deberá evaluar la eficacia de las medidas de fomento del empleo antes del 31 de octubre y creará un grupo de expertos para debatir la reforma del Estatuto de los trabajadores.

Otras medidas

Más allá de las modificaciones en mercado laboral, el Decreto Ley incluyó reformas en otros campos. El texto recupera el Fondo de acogida y apoyo a la inmigración, que contará con 70 millones en 2019. Además, incluye una modificación de la Ley de RTVE que permite anuncios de los patrocinadores de los programas ADO y ADOP, siempre que sean promociones del deporte olímpico y paralímpico.

El documento también incluye aclaraciones sobre el complejo Decreto-Ley que amplía el permiso de paternidad y que se publicó en el BOE en marzo. Muchas de estas normas formaban parte del Proyecto de Presupuestos para 2019 del Gobierno que tumbó el Congreso. Todas ellas entran ahora en un Decreto-Ley pendiente de ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en las próximas semanas.