Los trataron como a héroes, les hicieron hijos adoptivos de la ciudad a la que habían migrado, les dieron permisos de residencia y trabajo y una empresa les proporcionó empleo como recompensa a su valentía y humanidad. Pero a Ibrahima Diack y a Magatte Ndiaye, los dos senegaleses que intentaron auxiliar a Samuel Luiz mientras una manada homófoba lo linchaba a patadas y puñetazos hace año y medio en A Coruña, acaban de quedarse sin trabajo.

Ellos dicen que el empresario que los contrató los explotaba. La empresa, en cambio, asegura que rescindió sus contratos porque no eran "polivalentes", y que las razones por las que prescinde de ellos sólo año y medio después de contratarlos están plenamente justificadas.

Ibrahima y Magatte fueron las dos únicas personas que trataron de ayudar a Samuel Luiz, asesinado en el paseo marítimo de A Coruña el 3 de julio de 2021 en lo que presenta todos los indicios de ser un crimen de odio. Siete personas fueron detenidas entonces y dos de ellas, menores de edad, fueron condenadas a tres años y medio en un centro de internamiento tras un acuerdo con la Fiscalía.

Otras cinco permanecen a la espera de juicio, tres en prisión provisional. Se les acusa también del intento de asesinato de Ibrahima, quien se interpuso entre Samuel y sus asesinos y quien tal vez también habría muerto si Magatte no le hubiera socorrido a él.

Ambos llegaron en patera a España buscando una vida mejor, y acabaron en A Coruña amparados por la ONG Ecodesarrollo Gaia, que desde hace años sostiene una escuela en la localidad de Yoff, en Senegal, a ocho kilómetros de Dakar. Semanas después del asesinato de Samuel, el Gobierno español les dio permiso de trabajo y de residencia porque consideró un acto de justicia regularizar su situación teniendo en cuenta su "comportamiento cívico".

En marzo del año pasado, el Ayuntamiento de A Coruña, a instancias del BNG, los nombró hijos adoptivos de la ciudad para premiar "sus acciones de generosidad de cara a sus semejantes". Poco después, la firma Puertas Betanzos, dedicada a la fabricación de productos para el mercado de la construcción y el diseño, los contrató. La empresa tiene su fábrica en el municipio de Oza-Cesuras, a unos 50 kilómetros de A Coruña, pero su propietario, el empresario Javier Paz, vivía a sólo dos calles del lugar en donde mataron a Samuel.

El pasado 21 de diciembre, el día antes de coger un avión a Senegal para pasar sus vacaciones de navidad con sus familias, Ibrahima y Magatte recibieron una carta en la que Puertas Betanzos les anunciaba su despido "motivado por razones económicas".

La parte de la reforma laboral del PP que no ha sido derogada permite a una empresa ejecutar un despido procedente, es decir con la indemnización mínima alegando causas económicas si se justifican pérdidas consecutivas durante tres trimestres. Sin embargo, en la carta que mandó a los trabajadores y a la que ha tenido acceso Público, el empresario reconoce expresamente "la improcedencia del despido" y les anuncia una indemnización de 33 días de salario por año trabajado.

Público ha intentado sin éxito contactar con Ibahima y Magatte, que según fuentes próximas a ambos prefieren evitar su exposición pública porque necesitan buscar otro empleo. Según la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato al que acudieron, su situación en la empresa ya era muy complicada desde hace meses. "Nada hacía sospechar que detrás de aquel aparente gesto de bondad del empresario se escondía un contrato abusivo con jornadas de hasta diez y once horas diarias por el sueldo más bajo del convenio", asegura Mario Maceiras, secretario general de la Federación de Construcción e Madeira de la CIG en A Coruña.

Según la versión del sindicato, el día antes de tomar sus vuelos para pasar la navidad en casa, la empresa intentó convencer a Ibrahima y Magatte de que renunciaran a sus vacaciones, a lo que ellos se negaron. "En represalia, ese mismo día fueron despedidos y sustituidos de inmediato en sus puestos por nuevos operarios. Ni siquiera les abonaron la indemnización ni la liquidación salarial". Según la CIG, les adeudan más de 5.000 euros a cada uno.

La empresa niega la versión de los trabajadores

En conversación telefónica con Público, un portavoz de Puertas Betanzos, ha negado ese extremo, ha asegurado que la empresa ha abonado las cantidades que corresponden a cada trabajador y ha explicado que el despido se debe a que Ibrahima y Magatte eran operarios "sin mucha formación", que sólo podían realizar trabajos físicos y manuales y que no tenían el grado de polivalencia necesario para realizar otras tareas, como manejar maquinaria de cierta complejidad.

"Lo deseable sería no haber tenido que tomarla [la decisión de despedirles], pero las circunstancias actuales han llevado a esto", afirma el portavoz en un correo electrónico subrayando que, además de las razones económicas que alegó la empresa en su carta para justificar el despido, éste respondió también "a decisiones organizativas" y "productivas". También anuncia acciones judiciales contra la CIG por difundir lo que considera "falsedades" contra la compañía.

Según Mario Maceiras, responsable del sindicato, se trata sólo de "una cortina de humo". "La empresa fue muy activa a la hora de promocionar la noticia de que había contratado a los chicos que ayudaron a Samuel Luiz, y ahora deben entender que la circunstancias de su despido también tienen repercusión", añade.