La revisión de las facturas de las compañías de energía eléctrica ha permitido al Ministerio de Defensa rechazar el cobro de más de 25 millones de euros que habían sido "irregularmente" emitidos durante los últimos cinco años, según datos a los que ha tenido acceso Europa Press.

El Ministerio de Defensa inició en el año 2012 un modelo de gestión centralizada del suministro de energía eléctrica a todas sus instalaciones. Con él, endureció la revisión de la facturación emitida por comercializadoras y distribuidoras.

Esto ha evitado desde el año 2014 el cobro de más de 25 millones de euros por errores que contenían las facturas, según datos aportados al Portal de Transparencia por el Departamento ahora dirigido por Margarita Robles.

En concreto, Defensa devolvió a las eléctricas facturas por 2,33 millones en 2014, por 8,63 millones en 2015, por 8,12 millones en 2016, por 4,88 millones en 2017 y por 1,27 millones el pasado año 2018.

El Ministerio apunta que en los últimos años ha disminuido "sustancialmente" el número de facturas con "incidencias" y señala que los años en los que se detectaron errores por mayor cuantía coinciden con la entrada en vigor de la factura electrónica.

Según explica, el objetivo de esta revisión de la facturación no solo es evitar pagos indebidos, sino también "garantizar" que la información que alimenta la base de datos del Ministerio de Defensa sea "veraz, útil y validada".

Reducción del cosumo

Pero a la vez, la gestión centralizada de los contratos de electricidad ha supuesto una reducción del consumo y, por ende, del gasto anual en electricidad. En total, Defensa ahorró 14,14 millones entre 2014 y 2017: 1,18 millones en 2014; 3,73 millones en 2015; 8,41 millones en 2016; y 0,82 millones en 2017.

En cambio, el pasado año el gasto energético subió 1,7 millones de euros. Defensa asegura que en 2018 el ahorro fue "inviable" debido a la elevación de las tarifas y en ningún caso como consecuencia del consumo energético.

Base de datos con todos los contratos

En este proceso, Defensa ha puesto en marcha una gran base de datos con el inventario de todos sus puntos de suministro en la que constan todos los contratos, las pólizas, consumos, facturación e incidencias.

También lleva desde 2012 coordinando las gestiones entre las instalaciones y las distintas compañías eléctricas, así como otros entes del sector. Y cuenta con mecanismos que le permiten conocer en todo momento el estado de funcionamiento de las instalaciones y elaborar informes "de gran utilidad para la toma de decisiones".

"Con la puesta en marcha de este sistema, su revisión y mejora continua se ha logrado optimizar los recursos públicos asignados al suministro de energía eléctrica y alcanzar un conocimiento especializado en el sector energético, dentro del ámbito de la Administración Pública", celebra el Ministerio.