El Gobierno ha acogido con euforia mal disimulada los datos de paro registrado hechos públicos esta semana. El número de inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal bajó en 290.193 el año pasado.

Aunque todavía no se ha vuelto al nivel previo a la crisis, falta ya muy poco para que así sea. A 31 de diciembre había 3.412.781 parados, frente a los 3.128.963 con que cerró 2008.

Sin embargo, estas cifras ocultan una realidad fácilmente constatable: que las personas sin trabajo, aunque sean menos, reciben cada vez un trato peor. Todavía no está disponible la información correspondiente al último mes de 2017, pero la de noviembre refleja a las claras hasta qué punto el Estado ha ido retirando la protección a uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables.

Para empezar, sólo el 57,9% de los parados reciben algún tipo de prestación de la Seguridad Social, ya sea contributiva o no contributiva. Eso significa que más de un millón y medio carecen de toda ayuda de la Administración central para salir adelante. Al estallar la crisis, con un volumen de desempleo muy similar al de ahora, la tasa de cobertura se situaba en el 73,6%, según datos oficiales.

No sólo hay un porcentaje menor de perceptores de prestación, sino que la contributiva ha disminuido de forma apreciable. En diciembre de 2008, el importe medio era de 830,4 euros mensuales, mientras que en noviembre pasado estaba en 818,9, después de caer un 3,4%. La inflación ha mermado aún más su poder adquisitivo, ya que superó de largo el 10% durante dicho periodo.

Aun así, quienes cobran la prestación contributiva son unos privilegiados en comparación con los perceptores del subsidio o de la renta activa de inserción, que ascienden a 430 euros fijos mensuales. Hay casi 900.000 parados en esta última situación, restringida a personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo o para sobrevivir sin él.

El endurecimiento de las condiciones de acceso y los recortes en la prestación introducidos durante el mandato de Mariano Rajoy han permitido que el Estado ahorre dinero, a costa de empobrecer aún más a los parados. El gasto medio mensual ha pasado de 2.293 a 1.477 millones de euros desde el inicio de la crisis, con un descenso de nada menos que el 36% en diez años.