Los últimos siete años han sido devastadores para el sistema público de pensiones. Resistió bien el primer tramo de la crisis, pero a partir de 2012 sus cuentas dejaron de cuadrar. El déficit acumulado desde entonces supera 90.000 millones de euros.

Las razones de ese enorme agujero son básicamente dos: el aumento del gasto en prestaciones y el descenso de los ingresos por cotizaciones, cuya coincidencia temporal ha tensado las cuentas hasta llevarlas a los números rojos que hoy presenta.

El aumento del gasto en prestaciones era absolutamente previsible, habida cuenta de que los pensionistas que se van incorporando al sistema público suelen cobrar más porque han disfrutado de sueldos también mayores a lo largo de su vida laboral.

La caída de los ingresos, sin embargo, fue un factor sobrevenido, aunque no por casualidad, sino por la hondura de la crisis económica y por las políticas laborales adoptadas por los sucesivos gobiernos, conducentes básicamente a la reducción de costes.

Las facilidades dadas a los empresarios para aligerar sus plantillas, a través de las reformas de 2011 y 2012, se tradujeron en una masiva destrucción de puestos de trabajo y, en consecuencia, del número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

El debilitamiento de los sindicatos, que el nuevo marco normativo encerraba, propició luego un drástico empeoramiento de las condiciones de contratación, que extendieron el empleo precario y mal pagado, con el consiguiente impacto negativo en las cotizaciones.

Para pagar las pensiones, el Gobierno de Mariano Rajoy empezó dando mordisquitos al Fondo de Reserva, la hucha creada en tiempos de José María Aznar para cuando vinieran mal dadas y que con José Luis Rodríguez Zapatero llegó a rozar los 67.000 millones de euros.

Pero los mordiscos dieron paso a bocados cada vez más grandes, y en 2017 la dotación del fondo se había reducido a poco más de 8.000 millones; es decir, casi 60.000 menos que cuando tocó techo en 2011, tres años después del estallido de la crisis.

Con el fin de no cargar con el sambenito de haber agotado la hucha de las pensiones, Rajoy optó en 2017 por que el Estado emitiera deuda pública y le prestase a la Seguridad Social el dinero que necesitara, aun a riesgo de engordar la deuda del sistema.

Ésta se había mantenido durante años en el entorno de los 17.000 millones de euros, fruto de los déficits generados básicamente en los noventa y cuya amortización se ha ido posponiendo para no someter las cuentas del sistema a una mayor presión.

En cambio, desde 2017 la deuda ha crecido notablemente, coincidiendo con dos momentos críticos: los meses de julio y diciembre, en que se juntan las mensualidades correspondientes con las pagas extraordinarias de verano y Navidad y con el pago semestral a Hacienda de las retenciones a cuenta del IRPF.

El monto de la deuda se elevaba así, a finales de 2018, a 41.193 millones de euros, a los que hay que añadir los 7.500 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que piensa utilizar el mes que viene de la línea crédito del Estado a la Seguridad Social.

Sumando el hachazo al Fondo de Reserva y el crecimiento de la deuda, el sistema público de pensiones presenta actualmente un desfase de más de 90.000 millones de euros respecto a 2011, que reduce su margen de maniobra financiera y seguramente será usado como pretexto para introducir reformas.