El punto de inflexión en el modelo empresarial del cava catalán se dio en 2018. Aquel año, la empresa alemana Henkell, filial de bebidas de la compañía Dr. Oetker, compró Freixenet por 220 millones de euros. A finales de 2021, se produjo una reorganización societaria en Dr.Oetker, de forma que Henkell y el grupo Freixenet pasaron a formar parte de Geschwister Oetker. En este caso, Geschwister Oetker se hizo con un 50% del capital, dejando el 50% restante a la familia Ferrer. Su rival y competidora histórica, Codorniu, sufrió un proceso similar el mismo año. Así, fue adquirida por el fondo estadounidense Carlyle por 300 millones de euros.

Aunque en el momento de ejecutar estos movimientos las compañías garantizaron el mantenimiento de las marcas de cava y el sistema de funcionamiento de las empresas, especialmente en lo que se refiere a los precios a pagar a los viticultores que ceden las uvas para elaborar el cava, cuatro años después, algunas cosas han cambiado. Así lo describen desde la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que lamenta que "los esfuerzos para elaborar una uva de calidad no sirven para obtener valor añadido a la hora de embotellar y comercializar".

El portavoz del vino y del cava de la FCAC, Joan Josep Raventós, advierte de una situación complicada que está arrastrando al sector desde hace tiempo. "Las cooperativas y los productores estamos comprobando que con el precio que nos pagan por la uva base, la que sirve para hacer cava, no somos capaces de cubrir los costes de producción. Ante esta realidad, Raventós añade que la problemática tiene el peligro de convertirse en un drama social, "impidiendo el relevo generacional de un sector básico para la economía en comarcas como el Penedès, en Barcelona o el Alt Camp y la Conca de Barberà en Tarragona".

Actualmente, los viticultores que producen uva para elaborar cava están percibiendo unos cinco euros por cada 100 litros que entregan, lo que les impide alcanzar una rentabilidad en el negocio. "La media que cobran los productores europeos, en Francia o Italia, se sitúa por encima de los 10 euros", lamenta Raventós. El portavoz de la FCAC alerta de que ese hundimiento del modelo productor implica el desmantelamiento del sistema catalán, basado en el rol activo de las cooperativas.

Concentración y oligopolio

Con el proceso de concentración de los viñedos, para conseguir vivir de la actividad, las explotaciones deben tener una dimensión de entre 40 y 80 hectáreas, según los cálculos realizados por la FCAC. Ante esta reorientación productiva y la apuesta por el redimensionamiento, Raventós asegura que "nos encontramos con las prácticas abusivas de las comercializadoras y estamos sufriendo un oligopolio de Henkell y Carlyle, de forma que el resto de marcas siguen unas políticas que nos perjudican, puesto que no tienen en cuenta un precio digno para la producción, incumpliendo lo que establece la Ley de la Cadena Alimentaria".

Estos episodios han hecho que las cooperativas que producen vino de base, el utilizado por el cava, y que representan el 50% del total de entidades vitivinícolas de Catalunya, se unan para diseñar un plan estratégico que refleje todos los inputs que supone elaborarlo: precio de la uva, costes energéticos, tareas de manejo, las amortizaciones... "Nuestro objetivo implica dignificar el producto", señala Joan Josep Raventós. De hecho, el portavoz de la FCAC recuerda que muchas cooperativas, fruto de inversiones y procesos de modernización, elaboran un vino y un cava de mayor calidad que el de algunas bodegas reconocidas. Las cooperativas vitivinícolas representan un 16% de las 357 inscritas en Catalunya, según el anuario de la FCAC del año 2021.

En esta línea, en un comunicado difundido recientemente, el sindicato Unió de Pagesos (UP) pide a las bodegas del Priorat y del Montsant que, en el ámbito de estas denominaciones de origen, se comprometan con el campesinado y aumenten entre un 10 % y un 15% el precio de la uva que compran a los viticultores del Priorat en esta campaña, teniendo en cuenta el elevado aumento de los costes de producción por la subida de precio de los carburantes y de las materias primas, así como las consecuencias que comporta la guerra de Ucrania.

Producir uva sin perder dinero

El sindicato recuerda que el incremento del precio de los carburantes, de los fertilizantes y fitosanitarios para el campesinado del viñedo ha sido del 70% y el de los salarios el 15%, por lo que no le es posible cultivar los viñedos y producir uva de calidad sin perder dinero. En este sentido, la actual situación les empuja a graves dificultades para hacer frente a los préstamos y a las inversiones comprometidas.

"Es intolerable que Freixenet pague la uva a 30 céntimos de euro el kilo, el mismo precio que el año 2000. Las principales empresas de vino y cava generan un efecto dominó en el resto de bodegas que acaban ofreciendo retribuciones muy similares a los productores", así se expresan desde la sectorial del viñedo de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). La entidad precisa que la concentración de la oferta para tener más fuerza para negociar el precio no está acabando de funcionar y siguen sin poder defender un precio adecuado para sus socios cooperativos.

Paralelamente, las organizaciones Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Associació de Viticultors del Penedès han presentado una candidatura conjunta, Viticultors del Cava, a las próximas elecciones del Consell Regulador de la DO Cava, que tendrán lugar el próximo 6 de julio. Bajo el lema "Futur, Preu, Valor", pretenden crear un compromiso de las bodegas con los agricultores para potenciar el valor de la uva y del vino. Por su parte, los productores de Requena (País Valencià) y Almendralejo (Extremadura) han optado por otra candidatura con el objetivo de obtener, por primera vez en la historia, un puesto en el órgano de toma de decisión sobre este producto, que siempre ha estado formado, íntegramente, por representantes de Catalunya.

Más allá de la eterna problemática de los precios que reciben por la uva, los productores alertan de que prolongar esta situación puede degenerar en un terremoto para el modelo catalán, en el que las cooperativas, además de espacios donde los campesinos llevan la cosecha, actúan como financieras -con las secciones de crédito, o como centrales de compraventa- para efectuar operaciones conjuntas o tareas agrupadas como las analíticas de suelos agrarios, las Agrupaciones de Defensa Vegetal (ADV) o servicios de gestoría. Éste es el modelo que peligra y que se encuentra en extinción.