El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley para duplicar el descuento del bono social eléctrico, al que se acogen 1,2 millones de hogares, por lo que las comercializadoras tendrán que hacer frente al 60% del precio de la factura de la luz de los consumidores vulnerables (antes 25%), mientras que, en el caso de los colectivos que son vulnerables severos, la cobertura aumentará del 40% hasta el 70%.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien aseguró que el decreto tiene la "triple finalidad" de impulsar de manera "extraordinaria" la protección de los consumidores vulnerables, incrementar la transparencia del mercado eléctrico y gasista, y favorecer la estabilidad en los precios de la electricidad para la industria.

Asimismo, los colectivos vulnerables también podrán acceder a un cheque de 90 euros por familia para cubrir necesidades de calefacción. Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico (que ahora va de 35 a 123,94 euros en función de la franja climática en que se encuentre la vivienda), ante la subida de la electricidad y del gas que se lleva registrando desde hace meses.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha estabilizado por encima de los 200 euros en las últimas dos semanas, una cifra que cuadruplica los niveles habituales a estas alturas del año. De hecho, la electricidad tendrá este miércoles un coste medio de 226,15 euros por megavatio hora, un 466,08% más que el precio de hace un año (39,95 euros) y un 390,46% más que el del mismo día de 2019 (46,11 euros).

Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir de diciembre y que a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda. "Por eso tardará unas semanas, pero estará disponible antes de final de año", ha aclarado.

Ribera ha indicado que con las medidas aprobadas este martes los consumidores con derecho al bono social quedan bien cubiertos, "incluso en estas circunstancias tan duras que viven este invierno", si bien ha reconocido que, al tener una tarifa indexada al precio del mercado mayoristas, son los que pueden sufrir una subida con respecto a la media que pagaron en 2018.

Además, en el ámbito de la protección a los consumidores, el Gobierno ha vuelto a prorrogar el escudo social hasta el 28 de febrero, por lo que quedarán prohibidos los cortes de los suministros básicos (agua, luz, gas) por impago, medida que se aprobó por primera vez en el primer estado de alarma.

El real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros también persigue que los contratos firmados por empresas con suministradores habituales se mantengan, se prorroguen de forma automática y se amplíen. La norma obligará a que las comercializadoras eléctricas informen un mes antes de su intención de modificar un contrato (ahora pueden informar después de hacerlo pero no más tarde un periodo de facturación). Otra de las obligaciones nuevas para las comercializadoras es la de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluidas las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos.

Minoración de los beneficios de las eléctricas

La norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros aprovecha para precisar cómo se va a hacer la minoración del 90% de los conocidos como "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas, prevista en el real decreto-ley en septiembre a las centrales de generación que no soportan los costes del gas repercutidos en el mercado mayorista pero sí se benefician de los altos precios.

La minoración no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo cuando el precio de la cobertura sea fijo, se haya contratado antes de la promulgación del real decreto-ley de septiembre o cuando tenga una cobertura superior a un año, si se firma posteriormente.

Los productores tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo, y la inexactitud o falsedad de esta se considerará infracción muy grave.

Esa minoración de beneficios ha sido criticada fuertemente por el sector eléctrico, que cifra su impacto en mil millones al mes, en especial por Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, instó al Ministerio a corregir errores cometidos por falta de información. La ministra le ha contestado en la rueda  de prensa posterior a la reunión del Gobierno, y ha dicho que "cada cual hablemos de lo que conozcamos más que dar lecciones a los demás", al tiempo que ha animando a las empresas que se han manifestado dispuestas a extender, ampliar y mantener los contratos existentes "tal y como se acordaron", a que lo hagan.