La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a inversores a penas de prisión que oscilan entre los dos años, nueve meses y un día hasta 4 años.

La CAM, que estuvo bajo la administración del FROB tras su intervención en 2011, fue adjudicada a finales de 2012 a Banco Sabadell tras una inyección de capital público de 5.249 millones de euros.

La entidad se convirtió en uno de los símbolos de la crisis financiera en España tras su intervención por problemas de solvencia y liquidez en julio de 2011, llegando a ser calificada como "lo peor de lo peor" por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Los condenados son los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós (3 años de prisión) el exdirector general de Planificación y Control, Teófilo Sogorb (4 años, tres por el primer delito y uno por el segundo delito) y el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez, a dos años, nueve meses y un día.

Absuelve sin embargo a los otro cuatro acusados: los exdirectores de Financiación (Juan Luis Sabater) de Información Financiera (Salvador Ochoa), de Recursos (Vicente Soriano) y al expresidente de la entidad Modesto Crespo, contra el que la Fiscalía no ejercía acusación.

El tribunal también acuerda absolver a la Fundación CAM, al Banco Sabadell y a CASER de las que reclamaciones dinerarias formuladas y expone que no pueden declararse responsabilidades civiles de conductas delictivas que no han quedado probadas.

Según la sentencia, ha quedado probado en las dicieséis sesiones de juicio que quedó visto para sentencia el pasado 20 de julio, que los cuatros condenados reflejaron "en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de las pérdidas que realmente estaba generando".

Como resultado, se presentaron unas cuentas provisionales en 2011 que arrojaban beneficios de 39,7 millones de euros si bien las cuentas finales presentadas por administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recogían a fecha de junio de 2011 unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

"Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros (...) resultaban 'irreales y espurias' y esa disparidad de cifras (...) 'constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba", añadió.

El tribunal entiende además que los acusados se valieron de otros mecanismos tales como la recalificación de créditos fallidos y dudosos a normales y la incorrecta contabilización de las titulizaciones, con los que se aparentó una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo.

La finalidad de los acusados era facilitar la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) integrado inicialmente por la CAM y otras tres cajas para formar el Banco Base, proyecto que no prosperó ante las dudas de solvencia de la caja.

Los otros cuatro acusados quedan absueltos, al igual la Fundación CAM, Banco Sabadell y Caser, que estaban acusadas de responsabilidad civil. 

La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España al ser víctima del agujero que había generado en sus cuentas la inversión en el ladrillo. Tras su intervención, el Banco de España capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones y nombró al FROB como su administrador provisional.

Así, desde ese momento, la que había sido años antes la cuarta mayor caja española y que contaba con más de 130 años de historia, pasaba a estar controlada por el Estado, que daba luz verde al proceso de subasta varios meses después.