Una victoria "histórica" y "rotunda" contra el tercer fondo buitre con más viviendas de España que marcará un precedente para todos los inquilinos. Así es como el Sindicat de Llogateres y el Col·lectiu Ronda han celebrado la sentencia que condena a Azora por imponer cláusulas abusivas y fraudulentas a una inquilina de Granollers (Barcelona) a la que querían subir la renta un 30% a medio contrato.

"Es una sentencia relevante porque demuestra que se ha terminado la barra libre. El resultado de este juicio puede cambiar el futuro de miles de familias", ha afirmado este martes en rueda de prensa la portavoz del Sindicat, Carme Arcarazo. Esta resolución es la primera que condena a un fondo buitre por un contrato de alquiler "totalmente desequilibrado" en cuanto a las obligaciones de arrendador y arrendatario, que además la inquilina no tuvo posibilidad de negociar.

La sentencia considera nulas nueve de las 10 cláusulas denunciadas por Silvia Torres, la inquilina de Granollers que, junto al Sindicat de Llogateres y al Col·lectiu Ronda, demandó a Azora en 2020. Las cláusulas declaradas nulas por infringir la normativa de consumidores y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) son habituales en los contratos de viviendas de todos los fondos de inversión, no sólo en Azora, según han señalado ambos colectivos.

Se anula la subida que hubiera echado a la inquilina

Una de las principales cláusulas que queda sin efecto, que tendrá un impacto directo e inmediato para la inquilina, es la subida del 30% del alquiler que el fondo establecía a partir del tercer año de contrato, que se cumplía este enero. "Estoy contenta porque no tendré que irme de mi casa", ha afirmado Torres.

Cuando firmó el contrato ya asumió una subida considerable respecto al precio que pagaba antes de que Azora fuera propietaria de su piso, pero ahora el incremento que se le pedía era mayor: pasaba de 690 a casi 1.000 euros mensuales. Una suma que no podía asumir y que, de haberse confirmado, la hubiera obligado a hacer las maletas.

"Cuando denuncié tenía un sentimiento de impotencia e injusticia, pero ahora esto ha pasado al orgullo y la satisfacción. Es una victoria de todos y por lo que estoy más contenta es porque esto sentará un precedente para muchas familias", ha reconocido la inquilina en la rueda de prensa. Muchos vecinos de la zona ya habían abandonado el bloque frente a las subidas de Azora.

La cláusula que el juzgado ha declarado nula estaba redactada de forma que establecía una "bonificación" de la renta en los tres primeros años, tras la cual el precio sufría una subida por encima del IPC. Según la sentencia, esto se trata de una "maquinación" para "sortear o evitar la aplicación de la normativa legal", que establece que los incrementos no pueden superar el IPC en contratos con una vigencia de siete años, como en este caso.

Otra de las cláusulas fraudulentas es la que obliga a la inquilina a asumir un seguro de impago, lo que responde al interés del arrendador, "rompiendo el justo equilibrio" entre las obligaciones de ambas partes, según la sentencia. El texto defiende que el arrendador tiene herramientas para verificar la solvencia del inquilino de forma previa a la firma, y también que el riesgo de impago "es inherente a cualquier contrato de arrendamiento".

También contraviene la normativa vigente la cláusula que establece que el contrato ha sido negociado individualmente entre propietario y inquilina, algo que no es cierto: Torres no pudo siquiera acceder al texto antes de firmarlo. Azora también imponía otras medidas como la posibilidad de quedarse la fianza al marcharse, así como el cobro de una penalización alta por la demora en la devolución de las llaves, todas ellas anuladas. El único punto que no ha sido anulado es la que permite incluir a la inquilina en el registro de morosos si no paga, algo que se limita a transcribir disposiciones legales, según el juzgado.

Presión por leyes "garantistas"

Este juicio es un precedente ante unos abusos inmobiliarios que no afectan sólo a Torres, sino a miles de arrendatarios de Azora y de otros fondos buitre, propietarios de buena parte de los pisos de alquiler a raíz de su entrada en el mercado de la vivienda después de la crisis de 2008. Sin ir más lejos, Azora tiene un entramado empresarial con más de 13.000 viviendas de su propiedad en todo el país y gestiona unas 20.000.

Por eso, las organizaciones han anunciado que en las próximas semanas desplegarán una campaña para informar a la gente afectada por cláusulas similares y llevar sus casos a los tribunales. "Hace un tiempo nadie se hubiera atrevido a cuestionar un contrato así porque son cláusulas firmadas por ambas partes, pero existen normas esenciales, como la LAU, que no se pueden infringir", ha afirmado la abogada del caso, Montse Serrano.

La nulidad se ha declarado a través de la normativa de consumidores, que se aplica en el caso de contratos firmados entre empresas e inquilinos, y de la LAU, que se aplica en todos los contratos. De esta forma, esta sentencia también puede afectar, al menos parcialmente, a las cláusulas abusivas impuestas por propietarios particulares.

Este fallo coincide con las negociaciones de la Ley de Vivienda estatal, atascada durante meses por las reticencias del PSOE a fijar un sistema de regulación de los precios. Los colectivos han remarcado la necesidad de que el Estado blinde el derecho a la vivienda: "Si cuando la ley es clara, los fondos buitre encuentran la manera de vulnerar derechos, lo que necesitamos es una normativa sin agujeros, que sea garantista", ha dicho Arcarazo.

La portavoz ha recordado que esta sentencia llega después de "años de abusos" e intentos fallidos del Sindicat de negociar con el fondo buitre, que siempre se ha negado. Además, ha afirmado que algunas de estas cláusulas nacen directamente de la actividad de la organización, que en los últimos años ha impulsado el alargamiento de contratos -por eso la subida del 30% a mitad de contrato- y la campaña 'Ens quedem' ante los incrementos abusivos -de ahí la alta penalización por no irse una vez finalizado el contrato-. "No vamos a parar aquí, esta sentencia demuestra que cuando las inquilinos se organizan, se pueden cambiar las cosas", ha concluido.