MADRID.— La deuda pública española alcanzó el pasado mes de junio su máximo histórico desde 1910. Desde que empezó la crisis, allá por 2008, este indicador ha aumentado 65 puntos porcentuales respecto a 2007, época en la que marcaba mínimos. El Estado ya debe el 100,5% de su PIB, cuando hace nueve años sólo debía el 35% de su riqueza nacional. Es casi el triple, ni más, ni menos. 

En el caso de las Comunidades Autónomas, que son las que soportan mayor nivel de gasto, la evolución ha ido a peor: su deuda se ha quintuplicado desde 2007.

El asunto es serio: España ya es la sexta economía más endeudada de la UE, por detrás de Grecia, Italia, Portugal, Chipre y Bélgica. Con el objetivo de visualizar lo que supone el problema para el conjunto del país, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo público encargado de velar por el cumplimiento efectivo de la estabilidad presupuestaria por parte de la Administraciones Públicas, ha calculado que cada ciudadano español tendría que trabajar de media un año entero —en concreto 378 días— para pagar la deuda pública de todas las Administraciones públicas.

El esfuerzo, sin embargo, no se reparte por igual según sea la Comunidad Autónoma en la que resida ese ciudadano. Así, un extremeño tendría que trabajar 484 días —el que más—, mientras que un madrileño sólo tendría que hacerlo 255 días —el que menos—. Las diferencias entre los diferentes territorios son elevadas: sólo tres comunidades autónomas, Madrid, Navarra y Euskadi, bajan de los 300 días.  Castilla-la Mancha con 482 días, Valencia (464), Extremadura (484) y Andalucía (456) superan los 400 días. 

El análisis de la AIReF distingue entre la deuda autonómica (la de cada comunidad) y la deuda común (la suma de la deuda autonómica, la de la administración central y la de la Seguridad Social). Para hacer el cálculo, la AIRef ha repartido la deuda común (la suma de la deuda autonómica, la de la administración central y la de la Seguridad Social) en función del tamaño de la población de cada territorio y la ha dividido por el PIB de cada región. La AIRef no ha tenido en cuenta los salarios, sino la riqueza nacional de cada comunidad autónoma.

Por lo que respecta exclusivamente a la deuda de cada comunidad, los que más tendrían que trabajar para pagarla serían los valencianos, que necesitarían 154 días. Les seguirían manchegos con 132 días; catalanes con 131 días de trabajo y los murcianos con 106. En términos de incremento relativo desde el año 2007, el menor deterioro se ha producido en la Comunidad de Madrid, donde el número de días apenas se ha triplicado, situándose en 52,5 días en 2016.

La AIReF también ha revelado que el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya posee buena parte de la deuda de las Comunidades autónomas: el 71% de la deuda de Extremadura; el 65% de Andalucía y Castilla-La Mancha y, lo que es muy llamativo dado la tensión soberanista, el 61% de la deuda catalana está en manos del Gobierno central. 

Deuda sostenible

Pese a estos datos, los expertos, sin embargo, aunque preocupados, están lejos de echarse las manos a la cabeza: el responsable del Observatorio de Deuda presentado este jueves por la AIReF, Carlos Cuerpo, descartó este jueves que España pueda entrar en bancarrota. 

El directivo de la AIReF afirmó que la deuda pública presenta "un perfil sostenible" para los próximos años, aunque las previsiones del organismo auguran que la deuda no alcanzará el valor de referencia del 60% —el ratio que se exige para cumplir con el Pacto de Estabilidad de la UE— antes de 20 años, en 2036. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, elaborada para ser garantía de cumplimiento de ese pacto de sostenibilidad europeo, establece un periodo transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB. España llegará con 16 años de retraso.

En 2036, la Administración Central, los fondos de la Seguridad Social y el conjunto de las comunidades alcanzarían el valor de referencia del 44% y el 13% del PIB, respectivamente, si bien comunidades como Castilla-La Mancha, Catalunya, Murcia y la Comunidad Valenciana tendrán que esperar hasta pasado el año 2040 para cumplir el valor de referencia del 13% del PIB que marca la ley de Estabilidad. Por el contrario, las corporaciones locales podrían conseguir el valor de referencia del 3% del PIB marcado en este mismo año.

El Observatorio de Deuda Pública se publicará trimestralmente como instrumento de análisis de los principales indicadores y escenarios de la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, al tiempo que la AIReF ha introducido un comparador entre las distintas comunidades en base a los días de trabajo necesarios por cada habitante de la comunidad para hacer frente al pago de la deuda.