El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como "lista Falciani"

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les cita a declarar para los próximos 12, 13 y 14 de junio después de analizar la documentación aportada en los registros realizados en junio del pasado año a las dos entidades y después de estudiar los informes emitidos por los peritos inspectores del Banco de España sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse, respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.

Dichos requerimientos se refieren a "determinadas cuentas corrientes" a raíz de la investigación abierta por la llamada lista Falciani, la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.

En su auto, De la Mata explica que solicitó al Santander la redacción de una serie de informes complementarios una vez que detectó el envío sistemático por parte de la entidad de transferencias con el campo del ordenante y/o el beneficiario en blanco, así como errores en el caso de transferencias no enviadas entre los años 2013 y 2015.

También echó en falta explicaciones sobre el contenido de algunos de los campos de dichas transferencias, operativas mezcladas y campos rellenos con datos que nada tenían que ver en principio con la operación consignada.

El magistrado revela que entre agosto de 2007 y julio de 2010 Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, si bien estos valores no solo se ocultaban bajo dicha sociedad sino que también era titular HSBC.

El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el expresidente de Banco Santander Emilio Botín y Jaime Botín Sanz, así como sus respectivos hijos.

La omisión de tributación de parte de la fortuna del exbanquero (se calcula que ocultó 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza y otras sociedades panameñas) dio lugar a la denuncia en la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda Pública pese a haber regularizado su situación con el pago de más de 200 millones de euros a Hacienda.

Sistema de desvío de fondos

Los informes describen "una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos depósitos y valores ocultos al Erario Público Español". Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas de ahorro.

La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo así como órdenes de pago del Grupo Santander siguiendo las instrucciones del HSBC mediante la utilización del método MT202, conocido también como "cover payments" y que permitía no identificar quién era el ordenante y el beneficiario último de estas operaciones.

El auto precisa que poco más de doce millones de euros provienen de cuentas del banco suizo y cuyos titulares fueron denunciados por delito fiscal y razona que, tras la entrada en vigor en noviembre de 2009 de la obligatoriedad a identificar a ordenantes y beneficiarios de las transferencias, las operaciones ordenadas por HSBC disminuyeron "considerablemente" llegando a desaparecer en 2010.

Directivos expertos en prevención de blanqueo

Los citados a declarar son Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, secretario general de Banco Santander; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento entre 2005 y 2014 de Banco Santander; Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de blanqueo de capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, también del mismo departamento, Jesús Rivero González, del Departamento Central de Extranjero, y Marta Mora Villarrubia, del Departamento de Instituciones Financieras. Los cuatro últimos tenían competencias en prevención de blanqueo.

En el caso de BNP, han sido citados José Andrés Fernández Espejel, director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, y Lucía Cuartero Lantero, también de ese departamento. Ambos estuvieron a cargo de la función centralizada de prevención de blanqueo. La última citada es Cristina Arévalo, que fue miembro de OCIC, órganos de control interno de la entidad.

Lista validada por el Tribunal Supremo

Precisamente, a finales del pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto D.C., que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas, aceptando de este modo como prueba válida la lista Falciani.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros: si lo hace la Policía, la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales; si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro (como era el caso de Falciani), sí se le puede dar validez.