Cepsa, la segunda mayor petrolera española, anunció este viernes que retrasará inversiones por valor de 3.000 millones en hidrógeno verde que tenía previstas en el sur del país si se convierte en permanente un impuesto temporal sobre las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas. 

La compañía, controlada por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle, dijo en un comunicado que en su lugar "priorizaría su expansión internacional con proyectos que inicialmente habían sido planificados para la segunda fase de su estrategia de transición". Según el diario Expansión, Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos.

El grupo cuenta como proyecto emblema el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de Europa para descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, y convertir a España en un país exportador de energía sostenible.

Fuentes de la petrolera del país, indicaron que "está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente", y subrayaron que, si esto se materializa, "provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion". A pesar de esta decisión, las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa "es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030".

El hidrógeno verde, producido a partir de electricidad renovable, se considera clave para descarbonizar la economía europea. Sin embargo, dado su coste, los proyectos de hidrógeno verde en general no son competitivos sin subvenciones.

La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a la Comisión Europea en su plan fiscal el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca, inicialmente aprobados para dos ejercicios (2023 y 2024) debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania. En estos dos años, el impuesto a las energéticas ha recaudado más de 2.400 millones.

Las petroleras han sido unas de las empresas que más han criticado el impuesto, que también ha suscitado críticas de empresas energéticas como Endesa, y están amenazando con paralizar sus inversiones. El anuncio de Cepsa sigue al realizado a comienzos de semana por Repsol, que también aseguró que coloca en stand by sus proyectos de hidrógeno verde.

Este jueves, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) (la patronal de las petroleras de la que forman parte la propia Cepsa, Repsol, Galp, Disa o BP, entre otras) también mostró su rechazo a un impuesto permanente al sector energético, que, según dijo podía "desalentar las inversiones en el país", poniendo en peligro los 16.000 millones que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030.