Los datos oficiales de la deuda pública en 2016 facilitados por el Banco de España confirman que los Ayuntamientos fueron la única administración pública que redujo su endeudamiento, un 8,6%,  en 2016. La deuda, a 31 de diciembre de año pasado, se quedó en los 32.094 millones (el 2,9% del PIB).

El ayuntamiento de Madrid fue un alumno aventajado en lo que se refiere a la deuda: en 2016 la redujo en 603 millones de euros, casi un 14%, aunque la capital del Estado sigue debiendo casi la mitad de lo que deben en su conjunto las 14 ciudades españolas con más de 300.000 habitantes (3.868 millones de euros sobre un total de 8.350 millones). 

El caso de la ciudad de Madrid es muy sintomático y ejemplar. Muchos creían que con la llegada del equipo Ahora Madrid al gobierno de la capital con Manuela Carmena al frente la deuda crecería, pero ha ocurrido justo lo contrario: en junio de 2015, cuando Carmena se convirtió en alcaldesa, la deuda de la capital del Estado era de 5.637 millones de euros; a día de hoy esa deuda ya está por debajo de los 4.000 millones, en concreto en 3.868 millones, 1.769 menos que año y medio antes. Un 31,38% menos. Durante todo su mandato, tres años y medio, Ana Botella, sólo fue capaz de reducir la deuda de la ciudad en 1.037 millones, algo más de un 15%. Un ritmo de reducción que es la mitad del de Carmena. 

Desde una perspectiva más general, las 14 ciudades de más de 300.000 habitantes redujeron en 390 millones su deuda, que pasó de esos 8.760 millones al concluir 2015 a los ya mencionados 8.350 millones. De hecho, todas las grandes ciudades españolas redujeron su deuda excepto Barcelona y Murcia. 

Fue precisamente Murcia quien peor se comportó en este apartado: su deuda pasó de 156 millones a 356 el año pasado, lo que representa 200 millones de aumento y un crecimiento del 128%. En cuanto a Barcelona, su deuda creció en 149 millones, un 21,56%.

Salvo estas dos excepciones, los ayuntamientos, especialmente, los llamados del cambio han reducido su deuda y, de hecho, han salvado el objetivo del déficit al lograr un superávit del 0,64% del PIB cuando estaba previsto equilibrio presupuestario. Si no es por ese 0,64%, el Gobierno de Rajoy no podría presumir de haber cumplido el objetivo de déficit pactado con Bruselas por primera vez en cinco años.