Los temporeros que se han empleado en la campaña de agrícola de este verano han sido, grosso modo, los de siempre: la dureza del trabajo, ya sea en la recolección a la intemperie o en la manipulación del género en los almacenes, ha disuadido a los desempleados que este año, y como medida extraordinaria por el gran encierro, podían compatibilizar su prestación con una ocupación temporal en el campo.

La medida, que tenía como objetivo paliar al mismo tiempo el "importante aumento del desempleo coyuntural" y la "disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español", ha tenido, sin embargo una acogida escasa, ya que el volumen de parados que se ha incorporado a la campaña se ha situado en el entorno de los 10.000 dentro de una ‘plantilla’ de unos 120.000, coinciden José Fuentes, responsable de Migraciones en la Secretaría del Campo de CCOO, y Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de la organización agraria COAG.

El resto son, básicamente y con una presencia autóctona que solo suele ser significativa en Andalucía, trabajadores de origen africano y asiático afincados en España, a los que se les han sumado alrededor de 20.000 temporeros extranjeros más por dos vías: las 7.000 mujeres marroquíes desplazadas a la zona de la fresa en Huelva, la práctica totalidad de las cuales sigue en Andalucía tras acabar su trabajo por las trabas que el Gobierno alauita pone a su regreso, y los algo más de 10.000 peones que año tras año se desplazan desde Rumanía y Bulgaria para emplearse en la campaña de la fruta en Aragón y en Catalunya.

Los dos últimos grupos han llegado esta campaña gracias al corredor laboral habilitado por la UE, cuyas normas contemplan que no pueden desplazarse a zonas distintas de su destino inicial, mientras que los contingentes extracomunitarios no pueden viajar hacia España por las restricciones a la movilidad.

Tras haber descartado una regularización extraordinaria de migrantes ante los desajustes sociales y laborales que han aflorado con la pandemia, la flexibilidad con los desempleados ha permitido paliar la ausencia de este último grupo en un sector en el que la dureza de las condiciones suele resultar más desincentivadora que otra cosa para quien habitualmente se emplea en otros ramos.

"Hay más temporeros que trabajo para ellos"

 "La campaña se está salvando. El confinamiento hizo que al principio faltara mano de obra en algunas zonas, pero la primavera fue más fresca de lo habitual y eso la ralentizó, y la movilidad comenzó a relajarse en mayo para la gente que tenía un contrato laboral", explica López, que anota que la temporada ya alcanza los 120.000 contratos, dos tercios de los que se calculan para su conjunto.

De los 100.000 trabajadores que los están firmando, a menudo en distintos lugares de una semana a otra, "solo entre un 8% y un 10% proceden de otros sectores" ajenos a la agricultura, añade.

"Funciona el boca a boca, y hay más temporeros que trabajo para ellos", señala Óscar Moret, fruticultor del sur de Huesca y responsable del sector de la Fruta de la organización agraria Uaga, que plantea una cuestión clave para comprender la situación del campo y de quienes trabajan en él: "¿Cuál es el efecto llamada? Pues que esta gente necesita trabajo y va a buscarlo donde está".

Sin embargo, y pese a que la campaña requiere en Aragón y Catalunya unos 60.000 trabajadores de temporada, las posibilidades de emplearse sin un contrato previo son escasas, algo que, sin ser el único motivo, ha dado lugar a episodios como el abandono de varios centenares de temporeros en Lleida.

Un problema social: "Gente sin contrato y sin 'papeles"

El campo ha cambiado, y, pese a excepciones como los detenidos por explotar a sinpapeles en Fraga (Huesca) y Hormilleja (La Rioja) hace unos días, lo habitual es que los empresarios dispongan de vivienda para la plantilla que necesitan durante la campaña.

En cualquier caso, "tenemos un problema social: hay gente sin contrato y gente sin papeles viviendo en la calle", indica Moret, que recuerda que quienes se ven en esa situación "se mueven por el país según sus necesidades, haya o no pandemia".

¿Y quién debería buscar las soluciones para esas situaciones cuando, con papeles (contrato y de alojamiento) o sin ellos, la ruta de los temporeros es solo una, que comienza en el sur con la fresa en abril y acaba en octubre en el norte con la manzana y con la escasa parte de la vendimia que sigue haciéndose a mano?

La campaña de la fruta incluye este año normas estrictas tanto en las fincas como en los alojamientos, además de prever cuarentenas de dos semanas para los trabajadores llegados de otros países. Sin embargo, eso no ha impedido que haya gente viviendo en la calle en pleno estado de alarma ni que se hayan registrado algunos brotes de coronavirus, como los de Fraga, entre los temporeros.

"¿Cómo no va a haber contagios en el sector primario si hemos estado trabajando desde el inicio del estado de alarma?", apunta Moret, mientras Fuentes llama la atención esos episodios. "Está habiendo muchos problemas de carácter sanitario en la campaña agrícola, y eso nos preocupa. Debe haber un cumplimiento estricto de las medidas de seguridad sanitaria, tanto en las explotaciones como en los alojamientos", indica.

"¿Entendemos qué es el mundo rural?"

Sindicatos y organizaciones agrarias mantienen posiciones enfrentadas sobre el grado de cumplimiento de las condiciones laborales de los temporeros, aunque alejadas de la intensidad del enfrentamiento entre Asaja y el Ministerio de Trabajo a cuenta de las inspecciones en los tajos.

"Nadie se la juega, los agricultores cumplimos la ley", sostiene Moret, mientras Javier Velasco, secretario de la Federación del Campo de CCOO vincula los brotes de coronavirus con "las condiciones en las que están trabajando. Algunos se quejan de que no encuentran personal para las cosechas cuando en realidad es que están hartos de que les exploten".

El meollo de las diferencias es económico. La subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 950 euros ha situado el precio de la hora en el campo por encima de los siete euros brutos (unos 6,60 netos con un 2% de retención de IRPF), pero "hay al menos veinte convenios provinciales con categorías por debajo de ese salario", señala Velasco, que destaca cómo eso ocurre con todas ellas en Ciudad Real mientras la negociación del acuerdo estatal lleva más de un año parada. El descuelgue de Asaja en Extremadura, donde no acepta las tablas salariales, conduce a una convocatoria de huelga.

"El precio de la hora es el que marca el SMI, 7,15 euros brutos", mantiene López, que añade que "eso es el salario base. Ahí hay que sumar el transporte de la vivienda a la finca, el alojamiento, la antigüedad de los fijos discontinuos y la Seguridad Social".

En cualquier caso, tanto Velasco y Fuentes como López y Moret coinciden en apuntar a la cadena de precios del sector agrario, en la que el productor recibe la quinta parte de lo que paga el consumidor, como una de las causas principales de esas problemáticas.

"Tienen que recibir un precio digno en origen", señala Velasco. "Lo que se viene llamando empresario agrario es en la mayoría de los casos un simple agricultor que tiene que recoger su cosecha en unos días", anota Moret, que plantea el crecimiento de la agricultura industrial como otro de los factores que están distorsionando el sector e intensificando la despoblación de la España vacía. "¿Hemos entendido qué es el mundo rural y qué supone socialmente el trabajo de temporada?", plantea.