Para el Estado va a ser muy difícil, por no decir prácticamente imposible, recuperar en su totalidad las ayudas públicas que evitaron la desaparición de Bankia en plena crisis financiera internacional y cuyo importe fue de 22.424 millones de euros.

Como contrapartida a esa fuerte inyección financiera, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se hizo en 2012 con el control de la entidad, de la que aún hoy sigue siendo el accionista mayoritario, con un 61,8% de su capital.

Teniendo en cuenta que la capitalización bursátil de Bankia ronda actualmente los 4.800 millones de euros, el valor de mercado de esa participación asciende a 2.960 millones, muy lejos por tanto de lo que en su día costó la operación de salvamento.

No obstante, el Estado ya se ha reembolsado parte de las ayudas, gracias a la venta de paquetes accionariales y a los dividendos que el FROB ha percibido con cargo a los beneficios obtenidos por la entidad a lo largo de los últimos años.

Colocaciones ha habido dos: la primera, en 2014, consistió en la venta del 7,5% de Bankia y la segunda, en 2017, supuso el traspaso de otro 7% de su capital. Entre ambas, el FROB percibió 2.122 millones de euros, que fueron reintegrados a las arcas públicas.

Vía de dividendos, el Estado ha conseguido recuperar casi 1.200 millones más, a falta del correspondiente al ejercicio de 2020, que se distribuirá una vez que se materialice la fusión de Bankia y CaixaBank durante los próximos meses.

En la sociedad resultante, el FROB tendrá una participación del 15,6%, pero no la condición de principal accionista, que recaerá sobre la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, propietaria ahora del 40% de CaixaBank y que pasará a controlar 30%.

Con su capitalización actual (13.800 millones de euros en números redondos), un 15,6% de la entidad catalana vale algo más de 2.100 millones, por lo que mucho habrían de subir las acciones para que el Estado recuperase la totalidad de las ayudas concedidas a Bankia.

Las colocaciones de 2014 y 2107, junto con los dividendos cobrados por el FROB en los últimos seis años, suman del orden de 3.300 millones de euros, de modo que faltan más de 19.000 millones para alcanzar el importe completo del rescate.

Eso significa que la nueva CaixaBank necesitaría multiplicar por nueve su capitalización o que apareciera algún comprador dispuesto a pagar una prima desorbitada por el paquete del FROB, cosas que no aparecen de momento en el horizonte.

De ahí que el Consejo de Ministros, en su reunión del martes, decidiera ampliar en dos años el plazo máximo para la venta (hasta finales de 2023), a la espera de que la situación económica mejore, la Bolsa suba y la participación valga algo más.

No es la primera prórroga que sufre la salida del Estado de Bankia, que en principio estaba prevista en 2017 (a los cinco años del rescate) y después fue atrasada, sucesivamente, a 2019 y 2021, siempre con el objetivo de rentabilizarla todo lo posible.

Esta vez el aplazamiento cuenta con la novedad de que lo ha decidido un Gobierno de coalición, en el que Unidas Podemos era partidario de mantener Bankia en solitario y convertirla en el "embrión" de una banca pública, cosa que no entra en los planes de sus socios del PSOE.